El presidente y los militares vienen marchando

El pasado viernes 11 de junio se informó que el presidente estaría considerando proponer una reforma constitucional para que la Guardia Nacional se integre a la SEDENA. Asumo que López Obrador tiene esa intención porque no hubo desmentido alguno, pero mucho más porque en estricto sentido no hay sorpresas.

Cualquier persona atenta podría confirmar que, incluso antes de iniciado este sexenio, el ejecutivo federal ha hecho todo lo que ha podido para que las fuerzas armadas tomen el control de la seguridad pública, primero en el ámbito federal, pero cada vez más también en el local. En las mañaneras, los titulares de la SEDENAy la SEMAR informan regularmente sobre el comportamiento, no solo de los delitos del fuero federal, sino también de varios de competencia local. Incluso el ejecutivo federal los felicita cuando se reportan reducciones en la incidencia de estos últimos.

Tengo testimonios de operadores federales, estatales y municipales que me confirman la influencia militar expansiva en la coordinación operativa; por lo demás, venimos documentando, sistematizando y analizando la evidencia en torno al proceso creciente de funciones y recursos en esta ruta militar del gobierno federal.

Desde la teoría política es generalmente aceptado que, luego de las elecciones intermedias, el presidente en turno “mete toda la carne al asador”. Pues aquí está, por fin, abierta y sin retoque alguno la ruta presidencial encaminada a colapsar el control civil de la seguridad pública en México.

Voy a distinguir tres ángulos de discusión al respecto: el político, el jurídico y el de la política pública basada en evidencia. En términos jurídicos ya podemos afirmar, sin asomo de duda, que a López Obrador le tiene sin cuidado el cuerpo normativo nacional e internacional que, entre otras cosas, ordena la intervención excepcional y subordinada por parte de las instituciones militares en seguridad pública.

También podemos afirmar que el presidente no ha puesto ni pondrá a discusión si la intervención militar, con base en evidencia, en efecto funciona para reducir las violencias y construir seguridad ciudadana. Exactamente como los presidentes anteriores hicieron, éste ha decidido disociar la intervención respecto de cualquier método de comprobación, en particular, la evaluación de impacto. No hay documento oficial alguno disponible sobre esto.

El tema para el jefe de Estado no es jurídico ni técnico, es estrictamente político. Es en el ángulo político donde López Obrador impulsa su vía militar. Creo que él ya hizo dos cálculos. Primero, no hay actor político e institucional con narrativa alguna que pueda defender de manera convincente la vía civil. Los gobiernos civiles cavaron su propia tumba en términos de credibilidad, haciendo lo necesario para abonar al desfonde incontenible de las violencias, la delincuencia y la impunidad.

El segundo cálculo del presidente está en la oportunidad asociada a la legitimidad de las fuerzas armadas, misma que se traduce en una narrativa hegemónica, política y social, que hace imposible activar la verdadera rendición de cuentas y el control democrático de las instituciones castrenses.

Si el camino jurídico no está libre -la reforma constitucional entraría en conflicto con disposiciones y sentencias del derecho internacional-, si el camino del conocimiento y la evidencia tampoco está pavimentado, el que sí lo está es el político. Por la vía política, el presidente y los militares vienen marchando.

@ErnestoLPV

El título del texto está inspirado en el libro ¿Los militares vienen marchando? Las Fuerzas Armadas y la guerra contra las drogas en Argentina, escrito por mi maestro y amigo Marcelo Fabian Saín.