El Preámbulo

Apenas iniciaba el año 2007. Nuestra Asociación se había constituido formalmente unos meses antes; el 6 de abril de 2006. Éramos pocas personas, pero muy comprometidas con la causa. Empezamos acompañando a usuarios que enviaban sus casos a nuestra página, y que requerían asistencia en Profeco. No cobrábamos por el servicio: si acaso, solicitábamos alguna aportación voluntaria que casi nunca llegaba. La idea sería crear precedentes: involucrarnos en el proceso de conciliación y lograr que los consumidores pudiesen defenderse. Romper el ciclo de arbitrariedades que se explicaba por la relación tan estrecha que tenían los conciliadores con el equipo legal de las grandes empresas. Representantes de Telmex con gafetes de Profeco revisaban las quejas antes que la misma Procuraduría. El argumento consisitía en que la telefónica iba a someter a revisión las numerosas quejas, antes de que se ingresaran en ventanilla. Checar que estuvieran bien redactadas. Y lo peor consistía en que era trámite obligatorio.

El enemigo, despachaba en casa. Algunas delegaciones incluso se volvieron puntos alternos de venta, donde se repartían folletos y firmaban contratos de servicio para las empresas de Carlos Slim.

Había que hacer algo más. Revertir la captura institucional. Impulsar un cambio que beneficiara de golpe a millones de afectados, y no sólo a aquellos pocos que sorteaban con relativa suerte este interminable proceso burocrático.

Así fue como nació la propuesta de que México contara con un régimen consolidado de Acciones Colectivas para todas las materias posibles: Derechos Humanos, patrimonio histórico, Medio Ambiente. Solamente Profeco poseía esa facultad: desde 1992, pero para esas fechas no la había utilizado una sola vez. Para los tomadores de decisión en México y la opinión pública en general, el tema era de un esoterismo abrumador. Había honrosas excepciones: juristas que conocían bien sus alcances, y que lo daban a conocer desde la Academia. Teníamos que traducirlo para los medios, y llevarlo directamente a los tres Poderes. Impulsar leyes que permitieran que la sociedad utilizara esta herramienta jurídica que arrojaba grandes resultados en toda Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y hasta en África… Nuestro país era y sigue siendo, el último de la fila, con décadas de rezago. Revertir esta situación, se convirtió en nuestra meta.

Llevamos el proyecto a muchas instituciones académicas, públicas y privadas. Ninguna se animó en principio a organizar un evento con participación de expertos mexicanos y extranjeros. Tocamos muchas puertas, y la única que se nos abrió fue la del ITAM.

El departamento de Derecho fue receptivo, y en noviembre de 2007 organizó con nosotros el primer Foro sobre Acciones Colectivas en México. Invitamos a especialistas y abogados postulantes de Brasil, Colombia, Chile, Argentina, España y los Estados Unidos. Fueron dos días de participaciones en las que también intervinieron a los mexicanos Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Alberto Ben ítez, así como a Eduardo Pérez-Motta, Jesús Silva-Herzog Márquez, Sergio Aguayo, Denise Dresser y mi socia Adriana Labardini: @consumedida. (En marzo de 2008, se organizaría un evento espejo en la Suprema Corte de Justicia).

Distintos medios mostraron gran interés, y le dieron cobertura y despliegue informativo. Una mesa especial de legisladores fue de las más concurridas. Dos de los tres participantes: el Senador priísta Jesús Murillo, y el Diputado perredista Juan Guerra asumieron el compromiso de llevar un proyecto elaborado por nuestro grupo de trabajo a las dos Cámaras. De ellos dependería la aprobación una enmienda constitucional, y leyes reglamentarias que nos equipararía a las mejores prácticas de otras naciones que utilizaban intensivamente estos mecanismos colectivos de defensa social con mucho éxito.

El evento fue filmado en su totalidad, y puede conseguirse si me contactan al correo [email protected] (costo de recuperación: detalles por mail).

Cerramos ese año con optimismo: seguros de que -aunque tarde- la razón y la justicia prevalecería a pesar de obvias resistencias por parte de empresas que abusaban sistemáticamente y en ausencia de mecanismos fuertes de defensa. Herramientas jurídicas que ya existían en lugares donde la cultura de servicio de estos grandes consorcios era muy distinta. Cuestión de incorporarlos aquí, así fuera con algunos años de retraso.

Más tarde nos toparíamos con las trabas institucionales de siempre. Escucharíamos las patrañas del Consejo Coordinador Empresarial y los banqueros sobre ‘abogados chantajistas’ que sirvieron como coartada para descarrilar la iniciativa incluyente que nunca tuvo posibilidades de prosperar. El futuro nos guardaba más amargas sorpresas e intentos fallidos por lograr que en la Asamblea del DF se votara una iniciativa aún más amplia que la versión federal. Marcelo Ebrard se encargaría de congelar el dictamen previamente aprobado por una coalición de distintos partidos, y que nunca se sometió al pleno para ser votado por la Cuarta Legislatura. La triste historia de la Supervía, el Segundo Piso y la venta indiscriminada del espacio público de la Ciudad de México a los peores intereses explican con creces la actitud de nuestro alcalde ecocida y precandidato ‘verde’.

Sin duda, el difícil tránsito de las Acciones Colectivas en esta primera fase tendrá que ser motivo de reflexión y autocrítica. Por lo pronto, ya se ha publicado en el Diario Oficial el engendro ideado para favorecer a empresas inescrupulosas y gobiernos arbitrarios. Es un principio, aunque poco queda del proyecto que surgió de la sociedad civil, y que será reactivado en su momento. Los responsables sólo consiguieron garantizarse unos cuantos años adicionales de impunidad.

No quitaremos el dedo del renglón. Las Acciones Colectivas que tod@s queremos y que el país necesita para ingresar a las Grandes Ligas de la justiciabilidad, van a llegar. Para eso utilizaremos todos los recursos (en redes sociales y presenciales), a nuestro alcance.