El poder de la unidad

Desde la sociedad civil y, particularmente en este espacio, hemos estado muy al pendiente de los acuerdos que está impulsando la Conferencia Nacional de Gobernadores, convencidos de que la única solución para frenar la delincuencia y frenar la impunidad es la unidad.

La emergencia que enfrenta el país en materia de seguridad, es como la situación que enfrenta cualquier afectado de una enfermedad grave al emprender su recuperación: Al principio pareciera que la enfermedad va por delante del tratamiento hasta que éste alcanza a la enfermedad y logra abatirla.

Hoy tenemos los diagnósticos y hemos puesto en marcha el tratamiento para terminar con el cáncer social que parece haber infectado muchos espacios de la vida pública y por momentos pareciera que el crimen va delante de nosotros, sin embargo si aplicamos el tratamiento con disciplina, llegará el momento en que podremos sobreponernos a los criminales.

Pero para que ésto ocurra es indispensable la voluntad política, la unidad de propósito y sobre todo la perseverancia para limpiar nuestras instituciones de la corrupción que permea en todos los niveles.

Todos conocemos la ley de la oferta y demanda y mientras nuestros vecinos del norte permitan la distribución de drogas en su territorio con un valor de mercado de más de 130 billones de dólares al año, los cárteles mexicanos seguirán luchando por proveer al consumidor más grande de estupefacientes del mundo. Sería iluso pensar que las bandas de la delincuencia organizada van a desaparecer sin un esfuerzo binacional en este sentido, que ataque también la demanda del otro lado de la frontera. Sin embargo, de nuestra parte tenemos que frenar la impunidad con la que estos delincuentes se manejan y que entiendan que el Estado será implacable cuando afecten a nuestras familias.

Por eso es tan importante que los gobernadores, en los que recae una buena parte de la responsabilidad en materia de seguridad pública, logren acuerdos básicos que permitan una mayor coordinación de fuerzas. En el nivel estatal hay procesos en marcha que requieren acelerar su gestación como la implementación de la reforma penal o la integración de las unidades especializadas de combate al secuestro. El ciudadano no quiere más pretextos sobre ámbitos de competencia o territorialidad, el ciudadano quiere resultados y mayor coordinación entre sus autoridades.

Los delincuentes deben entender que enfrentan un bloque sólido e unido en sus objetivos, deben saber que cualquier autoridad, sea del nivel que sea, es representante del Estado mexicano y como tal actuará con todo el rigor para castigar a quienes decidan ponerse al margen de la ley.

Una de las acciones que requieren urgentemente coordinación y voluntad es sin duda la completa implementación de la Reforma Penal Constitucional. Otro de los temas que requieren atención inmediata de los gobernadores es la puesta en marcha de las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro, cuya integración se comprometió desde septiembre del 2008 y que a la fecha, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, únicamente están funcionando en ocho estados.

Otro gran pendiente del orden estatal es la depuración y profesionalización de los cuerpos policiacos y la conformación del mando único policial. Todos los días nos enteramos de bandas integradas por policías y expolicías que aprovechan su posición para victimizar a quienes se suponen que deberían proteger y servir.

Lo he dicho en múltiples ocasiones: la emergencia que vive el país en materia de inseguridad no admite mezquindades. Es urgente que los acuerdos se traduzcan en acciones y las acciones en resultados concretos.

Nos hacen falta historias de éxito para creer que es posible cambiar el rumbo de las cosas y en los estados es posible que podamos encontrar algunas, por eso es indispensable que, con altura de miras, los gobernadores se pongan de acuerdo y nos demuestren que  los ciudadanos podemos ser importantes, más allá de los periodos electorales.