El poder de la evaluación

Mariana García es investigadora de México Evalúa

México atraviesa tiempos definitorios: al embate del crimen organizado de las últimos años y la discusión del presupuesto del próximo año,  se suma la sucesión presidencial del 2012. La única forma de poder entender el rumbo que ha tomado el país los últimos seis años y  tomar decisiones a futuro es evaluando y observando los resultados que han arrojado las decisiones de política pública tomadas por el gobierno.

Las evaluaciones sirven no sólo para monitorear el desempeño de los programas públicos y las estrategias de gobierno, sirven también como un poderoso instrumento para generar recomendaciones y tomar decisiones sobre las cosas que deben cambiarse, a riesgo de que permanecer igual y mantener el statu quo puede traer graves consecuencias para la estabilidad económica y política del país.

México Evalúa presentó hace unas semanas un Índice de Víctimas Visibles e Invisibles cuyo objetivo es mostrar una fotografía de los crímenes dolosos durante los últimos tres sexenios y su impacto colateral sobre las familias (las víctimas indirectas). A este intento de evaluar resultados y costos de la estrategia de seguridad, se sumará próximamente el esfuerzo de la institución por evaluar el gasto público (Proyecto: ¿Gastamos para Mejorar?) y su impacto sobre el crecimiento económico y el bienestar de los ciudadanos.

Me entusiasma la idea de presenciar los esfuerzos de monitoreo y evaluación presentados no sólo por mi institución, sino desde muchas otras instancias y organizaciones. No obstante, lo que sigue siendo motivo de preocupación es el valor que le confieren los gobiernos, los tomadores de decisión y los políticos a estos ejercicios de evaluación y a las recomendaciones de política pública que de ellos se desprenden.

He tenido oportunidad de participar esta semana junto con la Secretaría de la Función Pública y el CIDE, en las reuniones del Premio 2011 “Programas federales comprometidos con el proceso de evaluación” que documenta las acciones emprendidas por varias dependencias de gobierno a nivel federal para incorporar las recomendaciones de las evaluaciones externas que les han realizado, con el objetivo de mejorar su gestión. Es un enorme aliciente para el país ver los esfuerzos honestos y dignos desde las instancias públicas por optimizar los resultados que producen y los servicios que proporcionan.

México necesita urgentemente de políticos con visión de largo plazo para llevar al país por la ruta de progreso económico y el bienestar de la nación. La reducción de la pobreza, la creación de empleos, la disminución del delito, la mejora en los sistemas de educación y salud, la creación de infraestructura más competitiva, entre otras acciones pasan necesariamente por el mejoramiento de las políticas públicas vigentes. Ello implica, desde luego, tomar en cuenta las evaluaciones y recomendaciones realizadas al gobierno para intentar mejorar su desempeño.

Quizá como decía Fernando Escalante hace unos días: “La lucha contra el crimen ha servido como sustituto de un programa de futuro, una idea del país, que no hay: si hay algo grave, es ese hueco.” Necesitamos primero definir qué tipo de país queremos ser, cuál es el modelo de país que queremos seguir y sobre todo el rumbo y las acciones que tomaremos para hacerlo. Los diputados que discuten el presupuesto, los actores políticos y los futuros candidatos presidenciales no pueden obviar esta discusión. Evaluémoslos a ellos conforme a su capacidad para apostar por un mejor país.