El perdón para la cannabis en Estados Unidos

Este mes, Estados Unidos dio un giro radical en su política de drogas a nivel federal. El presidente Biden anunció que perdonaría todas las condenas de prisión relacionadas con la posesión simple de mariguana y que tampoco se seguirían persiguiendo casos por estos delitos. Esta acción tendrá un impacto sin precedentes en la región y se muestra como una medida que aunque no es vanguardista, sí es muy esperanzadora hacia el fin de la guerra contra las drogas.

Así, se cumple una de sus promesas de campaña, donde mantuvo una postura firme mencionando que nadie debería estar en prisión por la mariguana, afirmando “como presidente, descriminalizaré el uso de cannabis, perdonando automáticamente cualquier condena relacionada”.  Aseguró que apoyaría la legalización de la cannabis para usos medicinales y prometió “dejar a decisión de los estados la regulación para uso personal”. No es para menos que con este estandarte haya ganado la presidencia, puesto que para 2021, el 69% de las personas en Estados Unidos apoyaban la legalización.

Con esta medida se creará un procedimiento administrativo para que las personas aplicables puedan obtener un “certificado de perdón”, que es la documentación que deberán mostrar a las instituciones autorizadas para realizar trámites. La Casa Blanca ha estimado que alrededor de 6,500 personas se verán beneficiadas con esto.

La medida ha sido fuertemente criticada por especialistas al revelarse que este proceso no implicaría liberar a nadie de la cárcel, puesto que no hay ni una sola persona en prisiones federales por este delito. Mientras tanto, no se espera que se liberen a personas acusadas de otras ofensas como el cultivo o la distribución. Además, es estigmatizante y revictimizante que no se borren los antecedentes, sino que las personas tengan que mostrar su certificado para acceder a servicios.

Asimismo, tampoco se está incluyendo a personas migrantes sin documentación en esta política pública. “No aplica para personas que no fueran ciudadanas y no estuvieran legalmente en el país al momento de cometer el delito”. Como lo califica Filter Magazine, esto es ‘sumamente vergonozoso’, considerando que dicha población tiene más probabilidades de haber vivido un arresto y los números no dejarán mentir. Datos de 2013 muestran que el 90% de las detenciones a nivel federal por posesión de cannabis fueron en Arizona, en la frontera con México, por ejemplo.

¿Por qué no hay personas en prisiones federales por posesión?

Según la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos, una agencia federal, en 2021 solo 149 personas estaban en prisión federal por simple posesión de mariguana, frente a las más de 2,000 en el año 2015. La última vez que la Comisión de Sentencias de EE.UU. informó condenas federales por posesión simple de mariguana fue en el año fiscal 2017. Posteriormente, 92 personas fueron encarceladas por el delito, lo que refleja una disminución de años en tales casos. En comparación, hubo 160 condenas de este tipo en 2007 y 267 una década antes.

De los que cumplían condena por delitos relacionados con la mariguana, la gran mayoría fueron condenados por tráfico. En el año 2015, según la comisión, 3,500 personas estaban en prisión federal por tráfico de mariguana y para 2021 esta cifra se redujo a 1,005 personas. La gran mayoría de las personas que están en prisiones federales hoy por delitos de drogas son de hecho condenadas por tráfico, incluso de heroína y cocaína: unas 17.608 personas, según los datos más recientes, o un poco más del 30% del total de gente privada de la libertad a nivel federal. Un poco más de 300 personas, o el 0.5% de la población carcelaria total, están condenadas por cualquier tipo de posesión de drogas.

¿Entonces de qué sirve esta política pública?

Actualmente hay miles de personas con antecedentes penales que estuvieron en prisión por posesión de cannabis, a las que se les han negado oportunidades de vivienda, empleo o educación. Esta acción intenta abordar esas consecuencias colaterales de la anticuada aproximación represiva.

La mayoría de las personas detenidas por posesión simple de cannabis se encuentran en prisiones estatales, por lo cual, el presidente hizo también un llamado a gobernadores a tomar acciones similares en consecuencia para que ahora sí, no haya nadie en una prisión a ningún nivel de gobierno por este delito.

Por último, este proceso va a abrir la oportunidad para que se reconsidere la categorización en la que se tiene a la cannabis. Se solicitó a la Secretaría de Salud y Servicios Humanos y al Procurador Merrick Garland que hicieran una revisión profunda a las leyes federales que clasifican a la cannabis en la Lista I de sustancias controladas, que es un nivel más restrictivo que donde se tienen otras sustancias con mayores riesgos como el fentanilo o las metanfetaminas. Aunque esto puede tardar debido a que se tiene que considerar la evidencia disponible, es muy emocionante esperar un cambio con tal magnitud.

Tal vez Estados Unidos nos sigue quedando a deber, pero no cabe duda que está progresando en su política de drogas. El Congreso tiene que avanzar aprobando el MORE Act que está en la Cámara de Diputados, y la Cannabis Administration and Opportunity Act en el Senado, para realmente fomentar una industria incluyente. En noviembre cinco jurisdicciones volverán a votar por la aprobación de la regulación. Estaremos a la espera de lo que se decida en el proceso de reclasificación, y no queda de otra más que seguir impulsando políticas públicas a nivel nacional sobre justicia social, educación y reducción de riesgos y daños.

* Jorge Herrera Valderrábano (@jhvalderrabano) es internacionalista por el Tecnológico de Monterrey y tiene una segunda Licenciatura en Trabajo Social por la UNAM. Promueve derechos humanos, es activista por la justicia social, y cofundó Instituto RIA.