El odio que nos tenemos: por una paz sin victoria

El pensamiento clásico del iusnaturalismo dio, por primera vez en la historia de la filosofía del derecho, con una idea que busca conducir a las sociedades lejos del absolutismo y de los autoritarismos: las personas, para ser libres, deben conceder a los demás la misma libertad que reclaman para sí y sólo pueden exigirle a los demás ajustar sus actos a lo que dictan las leyes -y no a lo que dicta su moral.

Pensando en ello, asumamos por un momento que aquellos a los que odiamos son como nosotros: tienen convicciones profundas sobre qué es y cómo alcanzar el bienestar nacional; tienen una idea más o menos precisa de lo justo y de lo injusto; tienen trazado un mapa para definir cuánto Estado necesitamos, en qué áreas y para producir qué efectos sociales e individuales. Muy probablemente también tengan una idea aproximada de qué es lo que ha salido mal en México, qué fracturas hemos tenido que han logrado producir una vida social tan distante de cualquier ideal (ver datos de los últimos cuatro sexenios en materia de seguridad, pobreza, distribución del ingreso, informalidad, acceso a servicios, confianza en las instituciones, procuración e impartición de justicia, calidad educativa, salud, etc.).

Sin embargo, como sociedad, acumulamos un ominoso rosario de agravios a este principio que reconoce en el otro alguien equivalente a uno. Hay dos principios democráticos inexcusables: el primero, que toda fuerza política o candidato puede llegar al poder siempre y cuando haya contendido en el marco de las reglas electorales -que deben garantizar la concurrencia, la competencia y la alternancia-, y haya alcanzado la mayoría de los votos. El segundo, que todo ciudadano puede votar y ser votado.

En la época post-transición, aquella inaugurada el año 2000 con la derrota del PRI en la contienda por la presidencia de la república, fue el gobierno de Vicente Fox el primero en recurrir a instrumentos del Estado para descarrilar una fuerza política -la de López Obrador- e impedir que llegara al poder. Esta torpeza autoritaria tuvo su corolario de signo opuesto: López Obrador y quienes lo apoyaban consideraron ilegítimo al gobierno de Felipe Calderón, a pesar de nunca haber demostrado la existencia del fraude que aún hoy invocan. Segunda cuenta en el rosario, ésta de enorme capacidad erosiva de las instituciones electorales.

Después, Enrique Peña Nieto utilizó a la entonces PGR para perseguir en plena campaña electoral a Ricardo Anaya, abanderado de la coalición Por México al Frente. Tercera cuenta en el rosario. Las tres con el mismo veneno antidemocrático: echar mano a lo que sea necesario para que una fuerza política no pueda llegar al poder por medios legítimos o no pueda gobernar.

Hoy, el gobierno del presidente López Obrador -sin pronunciarme sobre la inocencia o culpabilidad de los presuntos responsables-, echa mano del caso Lozoya para desacreditar electoralmente a sus contrincantes y orquesta una consulta popular claramente inconstitucional con la misma finalidad. La cuarta cuenta en el rosario que genera, otra vez, un adefesio de signo contrario y retórica recalcitrante: el llamado Frente Nacional Anti AMLO.

Hay que admitir que nos odiamos, quizá por distintos, quizá por no poder serlo. Es difícil imaginar mayor odio en una sociedad que el del franquismo y los republicanos o que el de los pinochetistas y sus opositores. Y, sin embargo, en ambos casos sus clases políticas fueron capaces de orquestar una transición que construyera reglas y principios aceptados por todos.

En nuestro caso, todas las fuerzas políticas han caído en la pulsión autoritaria de buscar la anulación del adversario, su desaparición del espectro político: lo político como botín, no como proyecto colectivo. Necesitamos transitar a un tipo distinto de acuerdo político que permita convivir a nuestros odios de manera civilizada e impedir dos cosas: aniquilar la democracia, sus principios y reglas, y sumir al país en un proceso de devastación interminable.

Quizá no podamos dejar de odiarnos pero seamos capaces de renunciar a la idea y a la praxis de que el adversario político debe ser erradicado, de que las libertades sólo deben garantizarse a quienes piensan como uno, de que la ley sólo debe aplicarse a los contrarios y en coyunturas electorales redituables. ¿Por qué no compartir, al menos, la constatación del fracaso colectivo, la insuficiencia de resultados, la aridez de nuestra vida cotidiana?

Muchas voces sensatas han propuesto y argumentado desde hace años la necesidad de generar incentivos para los acuerdos políticos. El presidencialismo no parece ser la mejor fórmula para lograrlo. Valdría la pena que nuestra clase política asumiera la necesidad de diseñar nuevas fórmulas -el parlamentarismo parece ser la mejor opción- para alcanzar pactos que permitan construir un futuro compartido.

En 1916, cuando el presidente estadounidense Woodrow Wilson quiso sentar a negociar a las naciones que se despedazaban en la Primera Guerra Mundial, la propuesta era la de alcanzar “una paz sin victoria”. Los aliados y las potencias del Eje se negaron. Fueron dos años más de carnicería, una paz humillante y una segunda guerra mundial lo que necesitaron para entender que una paz sin victoria no es un mal trato.

* Sergio López Menéndez es investigador en Controla Tu Gobierno, A.C. (@ControlaTuGob).