El nuevo sistema de Justicia Penal, en riesgo de colapso

La implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal corre el riesgo de colapsar si no se realiza de manera urgente una reforma policial que combata a fondo la corrupción imperante al interior de las corporaciones policiacas y transite de un modelo de intervención reactivo a un modelo de intervención garantista.

Es fundamental que en esta reforma policial se le confiera el máximo de seguridad y confianza a la sociedad que no delinque y a la vez, el mínimo de violencia para el delincuente, garantizando sin excepción los derechos humanos de todas y todos. Es necesario, por ejemplo, terminar con la intervención autoritaria de la policía con prácticas violentas cuyo propósito es anular físicamente al individuo mediante el sometimiento y el uso desproporcionado de la fuerza pública.

Bajo el actual modelo de intervención reactivo lo que se pretende es el aniquilamiento psicológico de los sujetos a través de la humillación y el desprecio de la dignidad humana, al margen del respeto a las garantías individuales, lo cual está provocando un distanciamiento y una ruptura entre las autoridades y los gobernados.

Actualmente, la situación de crispación y violencia en el país requiere de una intervención policial democrática basada en la credibilidad y en la confianza de la ciudadanía sobre el respeto a sus derechos y libertades.

[contextly_sidebar id=”q1hLfx2gqbc8whIpEPyB47fegaZXpSsQ”]En México hoy en día la relación que existe entre policía y gobernado es una relación de sometimiento autoritario, por lo que es indispensable desmontar esa concepción de sentirse “el que manda”; la policía debe estar al servicio de la ciudadanía. Se piensa con frecuencia que ser policía implica representar los intereses del gobierno, del Estado, entonces, ellos realizan una función de autoconstatación del Estado. Sin embargo, su función no es esa, sino la de intervenir en la vida colectiva para generar espacios de libertad y para proteger derechos fundamentales, mas no para someter estrictamente a los individuos de manera arbitraria.

La policía debe intervenir para salvaguardar las garantías y los derechos de los gobernados, y debe hacerlo con un sentido profesional. En este Nuevo Sistema de Justicia Penal los espacios policiales pueden ser espacios para la mediación, en donde muchos asuntos no lleguen siquiera a instancias ministeriales, mucho menos a judiciales, y sirvan para resolver asuntos de manera pronta y eficaz. Es necesaria una policía conocedora de fenómenos criminológicos, criminalísticos, con elementos cuantitativos que le permitan identificar cómo deben atender este tipo de problemas y de delitos del fuero común.

En este sentido, para una reforma policial de vanguardia será fundamental recuperar los cuatro principios centrales de la función policial que se han ignorado en los últimos años:

• Protección de la integridad física y de la vida de los gobernados
• Protección de la libertad individual
• Protección de los bienes de los gobernados
• Prevención de los delitos e infracciones 

Desafortunadamente el diagnóstico sobre las tareas cotidianas de la policía en nuestro país es alarmante y hoy en día la actuación de nuestras corporaciones policiacas está basada en un modelo de intervención reactivo en el que la violencia física es evidente en la mayoría de las actuaciones, particularmente los golpes, además de que es una constante la violencia psicológica mediante amenazas.

Otra característica preocupante es la tortura física y psicológica, así como el abuso de autoridad en diferentes órdenes, lo cual es sin duda sintomático del autoritarismo policial, así como la prepotencia y ventaja sobre los sujetos detenidos que incluso llega a la humillación. De igual forma se identifica también como una constante en la función policial la denegación de la defensa de los detenidos, generalmente manteniéndolos incomunicados.

Mención aparte merece el cohecho y la extorsión como prácticas comunes que lastimosamente identifican a nuestras policías

De acuerdo con el más reciente informe de Barómetro Global de la Corrupción 2013, de la organización Transparencia Internacional, en nuestro país el 90 por ciento de los habitantes considera que los policías son extremadamente corruptos, en una escala similar a la de los partidos políticos, además de que el 61 por ciento aceptó haber sobornado a un uniformado.

Otro tema, que se encuentra vinculado directamente con la corrupción, es el de la penetración del crimen organizado en las corporaciones policiacas, lo cual hoy por hoy se ha convertido en un foco rojo grave y preocupante que merece acciones más contundentes y decididas por parte del Estado, de lo contrario estaríamos adentrándonos en un problema caótico de dimensiones incalculables.

Ante ello se requieren programas más agresivos para profesionalizar a la policía pues ya no son suficientes los cursos de capacitación que a todas luces han sido insuficientes para atacar un problema estructural.

La profesionalización de los policías implica que no solamente se les dote de unos cuantos cursos de actualización, sino que, como son todas las carreras en el mundo y en México, se requiere que los policías tengan una preparación académica suficiente y de alto nivel. Entonces, debe de haber policía profesionalizada a la luz de una profesión como lo es el ser abogado, psicólogo, comunicólogo, arquitecto, etcétera; para ello hay que instrumentar de una vez la profesionalización de la policía como parte de una política pública integral y un nuevo modelo policial con altos estándares de preparación.

La propuesta es diseñar un modelo policial garantista y proactivo en donde el ser policía deje de verse como una actividad marginal e intrascendente y sea respetado como un actor fundamental para la convivencia de nuestra sociedad. Un policía bien preparado, con un manejo profesional de las técnicas de investigación criminalísticas y una eficiente intervención en la prevención y combate a la delincuencia, necesariamente tendrá que recibir mejores precepciones y al mismo tiempo recibirá un trato digno y de respeto.

El diagnóstico sobre las llamadas policías de investigación y su conocimiento sobre el nuevo Sistema de Justicia Penal es altamente preocupante.

Según un estudio reciente del Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (INSyDE), las actividades de la policía de investigación están organizadas principalmente en torno al número de detenciones en flagrancia. Este indicador es promovido en cadena de mando y tiene efectos devastadores, entre otros, en materia de violaciones a los derechos humanos.

De igual forma, no se observan incentivos eficaces para la policía que estimulen investigaciones de calidad, excepción hecha de los asuntos con alto perfil mediático y sujetos a presiones políticas y sociales. Mediante criterios informales, la policía selecciona los casos más sencillos, sobre otros que requieren mayores esfuerzos de investigación.

En este escenario, la debilidad de las tareas de investigación de la policía traslada la carga a las víctimas, quienes, cuando cuentan con la voluntad y los recursos, terminan siendo el factor determinante para que existan indagaciones y acusaciones.

De acuerdo con el INSyDE no hay sistemas formales eficaces de monitoreo y control sobre las personas detenidas por la policía y peor aún, la calidad de las actividades de investigación de la policía está afectada de manera estructural por las condiciones de trabajo y la violación sistemática a los derechos humanos de los propios policías.

Bajo este panorama es necesario que las autoridades responsables de la seguridad pública en el país, con el apoyo de la comunidad académica y los especialistas, generen las políticas públicas de vanguardia que permitan transitar de este modelo policial reactivo basado en al combate a la delincuencia a través del uso de la fuerza y con métodos cada vez más violentos, hacia un modelo de intervención policial garantista, en el que la prioridad sea salvaguardar los bienes jurídicos de la población.

En el modelo garantista el uso de la fuerza pública es el último recurso que se utiliza para la disuasión, la sociedad tiene un alto nivel de participación y su función primordial es la prevención poniendo especial énfasis en las tareas de investigación y en el estudio del comportamiento de los grupos criminales. Su premisa es conferir el máximo de seguridad para los ciudadanos que no delinquen y el mínimo de violencia para el delincuente.

 

* Serafín Ortiz Ortiz es doctor en Derecho, especialista en temas de seguridad ciudadana, prevención del delito y política criminal. Miembro numerario de la Academia Mexicana de Criminología y del Sistema Nacional de Investigadores. Ex rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.