El nuevo Senado y la próxima SCJN

Los senadores recién electos integrarán la LXII Legislatura que se instalará el próximo 1ero de septiembre. Los 128 senadores que integran la Cámara tendrán este 2012 sus primeros dos retos: analizar y aprobar (o no) el ACTA y designar a los próximos dos ministros de la Suprema Corte que reemplazarán a los ministros Aguirre y Ortiz, cuyos periodos concluyen este 30 de noviembre.

Además, para 2015, los mismos senadores serán los encargados de nombrar a los dos ministros que sustituyan a la ministra Sánchez Cordero y al ministro Presidente Silva Meza.

El Senado de la LXII Legislatura (2012-2018) estará integrado de la siguiente forma[1]:

PRI 52 senadores

PVEM 9 senadores

PANAL 1 senador

PAN 38 senadores

PRD 22 senadores

PT 4 senadores

MC 2 senadores

128 senadores

La coalición PRI-Verde tiene 61 senadores + PANAL = 62 senadores

La coalición de izquierda tiene 28 senadores

Desde 1994, año en que se modificó sustancialmente a la Corte y se reintegró su Pleno con 11 ministros, ha habido 6 legislaturas y 3 elecciones para senadores (son cada 6 años):

1994 (LVI y LVII Legislaturas)

PAN 25

PRI 95

PRD 8

2000 (LVIII y LIX Legislaturas)

PRI 59

PAN 47

PRD 16

PVEM 5

Indep 1

2006 (LX y LXI Legislaturas)

PAN 52

PRI 33

PRD 26

PVEM 6

PT 5

Conv 5

NA 1

Durante estas 6 legislaturas se nominaron en total a 18 ministros y ministras.

En 1995, se eligieron a los 11 nuevos ministros que integrarían a la Corte renovada, debido a un nombramiento escalonado con la finalidad de evitar que todos los ministros salieran al mismo tiempo, siguen en funciones: Salvador Aguirre, Guillermo Ortiz, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva.

Posteriormente, a partir de 2003, fueron electos en el siguiente orden:

– José Ramón Cossío (2003)

– Margarita Luna (2004)

– Sergio Valls Hernández (2004)

– Fernando Franco (2006)

– Luis María Aguilar (2009)

– Arturo Zaldívar (2009)

– Jorge Pardo Rebolledo (2011)

Ahora bien, de acuerdo con la Constitución, el proceso para el nombramiento es el siguiente:

 Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;

III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.

V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y

VI. No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República o de Justicia del Distrito Federal, senador, diputado federal ni gobernador de algún Estado o Jefe del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento.

Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. 

 

Artículo 96. Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.

Es de destacar que los últimos 7 nombramientos han recaído en gobiernos conservadores, 3 ministros en el sexenio de Fox (Cossío, Luna y Valls) y 4 en el de Calderón (Franco, Aguilar, Zaldívar y Pardo). En una pequeña encuesta en mi blog (143 personas), el 61% percibe a la Corte como muy conservadora y el 33% considera que ésta decide equilibradamente, mientras que un 7% cree que es liberal.

Los ministros Valls y Pardo llegaron por el fallecimiento de los ministros Humberto Román Palacios y José de Jesús Gudiño Pelayo, respectivamente. Los ministros Luna y Pardo integraron dos veces ternas (fe de erratas).

Números y Designaciones:

Ahora bien, los 11 ministros que actualmente ocupan el Pleno de la Suprema Corte han sido nombrados básicamente por los votos del PRI y del PAN, de manera que si sumamos sus votos se llega casi a la mayoría calificada de 2/3[2] que se requiere para dichos nombramientos: 90 senadores.

Y si se toman en consideración los votos del Verde y el PANAL, entonces tendrían 100 senadores, es decir alcanzan la mayoría para nombrar ministros sin que sea necesario tomar en consideración a los partidos de izquierda.

Aunque ello no sería nada nuevo, ya que desde enero de 1995, cuando se analizaron las 18 propuestas para la integración de la Corte renovada, el PRD, por medio de Félix Salgado Macedonio, lanzó fuertes reclamos desde Tribuna: “se busca una Corte plural, que no se subordine al Presidente de la República” el senador, criticó a los candidatos, dijo que la Corte no sería autónoma y sugirió otras comparecencias, llamó a realizar encuestas entre las facultades de Derecho, barras de abogados y la sociedad en general.

En 2006, con el nombramiento del ministro Franco, el senador Pablo Gómez anunció el voto en blanco del PRD pues consideró que ninguno de los integrantes de la terna cumplía con las características constitucionales. Se quejaron del procedimiento.

En 2009, el senador Ricardo Monreal se quejó nuevamente del procedimiento para el nombramiento de los ministros Aguilar y Zaldívar, inclusive propuso una moción suspensiva. Llamó la atención sobre la falta de justificación del último párrafo del artículo 95 (sobre ello adelante).

En 2011, el senador Monreal reitera la importancia del nombramiento de ministros “el Senado no es una oficialía de partes”. El senador Dante Delgado reflexiona importancia del procedimiento. El senador Tomás Torres recordó que el nombramiento de ministros es un tema de enorme importancia para el principio de equilibrio de poderes. Critica la celeridad por “empates en el Pleno”.

Ternas Fallidas:

Desde 2003 ha habido dos ternas fallidas: la primera el 2 de diciembre de 2003, integrada por Elvia Rosa Díaz de León, Margarita Luna Ramos y José Luis de la Peza. Se rechazaron debido a que se rompió el acuerdo previo. El senador Jesús Ortega anunció que su grupo votó por de la Peza, pero que estaban interesados en llegar a un acuerdo para no devolver la terna al Ejecutivo y por ello, votarían por Luna. Sin embargo, el senador Fernández de Cevallos anunció que el PAN votaría por de la Peza por sus méritos, pero que como el PRI quiere a Luna, el PAN iría por Díaz de León. La senadora Sauri Riancho anunció que el PRI quería a una mujer, y llama a todos los senadores a votar por Luna. El PVEM anuncia que votará por de la Peza. Al final, los votos quedaron así: de la Peza 6 votos, Díaz 43 votos, Luna 72 votos. La ministra Margarita Luna integró una segunda terna que fue votada el día 19 de febrero de 2004, obtuvo 82 de 105 votos.

La segunda terna fallida fue la integrada por tres mujeres enviada para sustituir al ministro Gudiño. El 14 de diciembre de 2010 el Pleno votó la terna integrada por Elvia Rosa Díaz de León, Andrea Zambrana y Lilia Mónica López Benitez. En la discusión, el senador Monreal recordó, nuevamente, la importancia del procedimiento y dijo que éste era insuficiente, “el PT busca que la Corte asuma el equilibrio, que sus miembros tengan un perfil de avanzada judicial y criterio independiente.” El senador Delgado propuso que si no se obtiene una mayoría, en la segunda ronda se respalde a la persona que haya obtenido el mayor número de votos en la primera. El senador Pablo Gómez critica que en la Constitución se dice que en caso de ser rechazada la primera terna, el Ejecutivo podrá enviar una “nueva” y la palabra nueva implica diferentes personas, no una terna parcialmente nueva, se refiere a Díaz de León y recuerda las ternas de la ministra Luna. Se llama a no rechazar una terna integrada por mujeres, pues sería un muy mal mensaje. Sin embargo, la votación queda así: Díaz 48 votos, López 74 votos y Zambrana 0 votos.

Los nombramientos que vienen:

Ahora bien, debido a la fecha en que concluyen los periodos de los ministros Aguirre y Ortiz, se ha especulado acerca de si será el Presidente Calderón quien enviará las dos ternas al nuevo Senado, o será el Presidente electo. La Constitución no establece una fecha para enviar la terna, de manera que ambas opciones son viables. Sin embargo, lo que se espera es que una terna sea del PRI y otra del PAN.

Para 2015 nuevamente el próximo gobierno tendrá ocasión para suplir a dos ministros, de manera que este Senado elegirá a 4 ministros de los 11 que integran Pleno.

La voz en particular del Ministro Aguirre será echada de menos, representa un punto de vista que pienso debe tener un lugar en los debates constitucionales, fundamentalmente en los casos difíciles.

De los 4 salientes, 2 ocupan las posiciones más conservadoras de la Corte y 2 son liberales. La pregunta es ¿se respetará el actual equilibrio? ¿Se buscará alterarlo con ministros conservadores –liberales lo dudo-? O peor: ¿se buscarán ministros ad hoc?

El problema no sería la ideología de los nominados, sino su capacidad jurídica, su criterio interpretativo, su entendimiento de la Constitución, de la división de poderes, del papel de la Corte.

En efecto, el equilibrio actual del Pleno podría verse modificado, en el caso del matrimonio igualitario en el D.F. fue muy evidente con el resultado 9-2, quedando en la minoría los ministros Ortiz y Aguirre. Así mismo la integración en Salas, Ortiz es el ministro más conservador de la primera Sala, acompañando por lo general por Pardo, si se nominase a un ministro(a) liberal, Pardo ocuparía la silla conservadora de la primera Sala. Sin embargo, en ´15, con la salida de Sánchez Cordero podría recuperarse ese equilibrio 2-3 o continuar en un 4-1.

Crítica al procedimiento:

Lo relevante de los nombramientos no será pues si las ternas provienen del PAN o del PRI, lo importante es la transparencia en el procedimiento: ¿quiénes son los nominados? ¿Por qué integran ternas? ¿Por qué se votó mayoritariamente por uno/una?

Los artículos 95 y 96 que regulan el procedimiento no tienen un reglamento, de manera que el Senado decide cada que recibe una terna, cómo procederá. Así, por ejemplo, en 2011 con la designación del ministro Pardo. Ello quita certeza al procedimiento de designación de ministros pues el Senado puede determinar cómo serán las comparecencias, ante qué comisiones, con qué objeto; las comisiones pueden determinar qué contenido darle a su dictamen; el Pleno puede decidir si justifica la elección de uno/una de los candidatos, en fin. “van por la libre”.

Hasta ahora las comparecencias no han sido del todo serias, cuando han sido públicas, hemos visto a los senadores plantear preguntas cuya respuesta implicaría prejuzgar asuntos que potencialmente revisaría ese candidato/a. Los dictámenes de las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos no recomiendan nada, simplemente confirman requisitos formales olvidándose de las calidades personales contenidas en el último párrafo del 95. Son éstas las que precisamente hacen diferentes a los y las candidatas, al final del día casi cualquiera con título de abogado cumple con los requisitos formales del 95. El Pleno nunca justifica la elección, simplemente se vota, se anuncia el resultado y se toma protesta al designado. A excepción de las críticas al procedimiento de los partidos de izquierda, los posicionamientos previos de los partidos son inexistentes o tocan temas superficiales. Ningún partido hasta ahora ha justificado su voto. Debemos exigir que lo hagan para los próximos nombramientos.

Lo mismo va para el envío de la terna por parte del Ejecutivo, el que sea ésta una facultad discrecional (determinar quiénes la integran) no es una facultad arbitraria, y como todos los actos de autoridad debe ser fundamentada (art. 95 y 96) y motivada ¿por qué ellos/ellas?

Hasta hoy los Presidentes Zedillo, Fox y Calderón no han justificado por qué consideran que las personas propuestas podrían ser ministros de la Suprema Corte de Justicia. Debemos exigir la justificación ante la opinión pública de las próximas ternas que envíe el Ejecutivo.

Así mismo, y debido a la integración del Senado (los partidos de izquierda pueden ser fácilmente ignorados a la hora de votar), la opinión pública, la prensa y la academia debe estar al pendiente del envío de ternas, del procedimiento ante el Senado, de los perfiles de los y las candidatas, es importante poner atención a este tema que brilló por su ausencia en las campañas para Presidente de la República*.

Durante los últimos 10 años, la Corte ha ido consolidándose como un actor importante  en la construcción de la democracia mexicana, en especial en lo que se refiere al tema del respeto y garantía de los derechos humanos. De hecho, he sostenido que es el único órgano que se ha tomado en serio la reforma constitucional de 2011, no así la Administración Pública Federal y muchísimo menos el Congreso, quien ni siquiera ha emitido la necesaria Ley de Amparo (más de 260 días de atraso).

El Tribunal Constitucional como árbitro de las decisiones constitucionales, es un actor de enorme importancia, pues es el único freno que tiene el Estado Constitucional a las invasiones de poder y actos arbitrarios. Al ejercer su facultad de control de la regularidad constitucional, los 11 ministros que actúan como órgano colegiado deliberan, discuten, y sí, representan, diversos puntos de vista. Ponderan, dialogan y al final llegan a una resolución misma que deberá estar siempre encaminada a resguardar a la Constitución, como el conjunto de normas que determinan qué tipo de sistema jurídico queremos tener. “Rule of Law and not of Men” es el principio, y sobre éste deben trabajar los jueces constitucionales.

Todavía no se han resuelto las impugnaciones a las elecciones de Presidente en el Tribunal Electoral, sin embargo, cabe decir que si queremos un Gobierno controlado, un Gobierno constitucional pues, habremos de estar pendientes no solamente de la forma en que se elige al Presidente o a los Legisladores, sino también de los jueces constitucionales, pues éstos integran el sistema de pesos y contrapesos, son quienes determinan el sentido de las normas constitucionales y son los árbitros que deciden sobre nuestros derechos, sobre el federalismo, sobre el correcto funcionamiento de un Gobierno con división de poderes, principio de legalidad y garantía de los Derechos. Tomémoslo en serio.

* En “El Juego de la Corte” blog de Nexos, hicimos un intento por plantear el tema entre los candidatos: entre  varios colaboradores diseñamos 6 bloques de preguntas que se enviaron a las 4 casas de campaña. No obtuvimos respuesta.

** Me preocupa  la propuesta del PRI para modificar la composición de la Corte, sobre ella escribí acá. Eso implicaría que el próximo Gobierno tendría hasta 8 ministros que nombrar de 14 que propone el proyecto, además de una Sala ad hoc legitimadora de las iniciativas presidenciales. Peligroso.