blogeditor · 24 de mayo de 2021
Llega a tal punto la transferencia de la seguridad pública a manos militares, que los titulares de la SEDENA y la SEMAR informan en las conferencias mañaneras del presidente incluso sobre el comportamiento de la delincuencia local. Ya no queda espacio a la duda, López Obrador está llevando a las fuerzas armadas hacia la toma de control nacional de la seguridad pública y alcanzará ese objetivo si las condiciones políticas se lo permiten.
Podemos suponer entonces que la evaluación al presidente en cuanto a sus resultados en esta área impactaría en la percepción social respecto a las fuerzas armadas. Pues no. Apenas un estudio de opinión mostró que casi el setenta por ciento de las personas encuestadas califica mal o muy mal los resultados en seguridad pública del presidente López Obrador, mientras otra encuesta mostró que poco más del sesenta por ciento confía mucho o algo en el ejército, quedando así por arriba de cualquier otra institución.
La confianza mayoritaria hacia las fuerzas armadas parece no tener que ver con sus resultados, si hablamos de reducir las violencias. No al menos en el espectro nacional. ¿Qué soporta entonces la confianza hacia ellas? No es materia de esta columna, pero se debe revisar toda la investigación disponible al respecto, dado que las instituciones militares utilizan regularmente esa confianza como asidero último para defender sus funciones, sean las que sean.
De hecho, a mi parecer es un recurso útil para evadir la rendición de cuentas y aquí está el punto más delicado de todo el asunto. Si el tiempo pasa, cada presidente en turno amplía la intervención militar para reducir las violencias, éstas no ceden y de todas maneras la confianza mayoritaria persiste, entonces ya se ha sedimentado un claro aprendizaje: la confianza social y el cumplimiento de las promesas -la eficacia- están disociadas.
La pregunta entonces es qué están haciendo las fuerzas armadas con este aprendizaje. ¿Son las mismas instituciones antes y después de haber confirmado esto? Supongo que no. En particular, cuáles son los parámetros de rendición de cuentas que ellas validan, si de todas maneras tienen más recursos, independientemente de qué eficiencia y eficacia logren en su ejercicio.
Estamos a mi parecer ante instituciones que han construido un sistema completamente cerrado de autoevaluación, que no necesita ser puesto a discusión con autoridad civil alguna y que, si acaso se ve cuestionado, solo tiene que apelar a la confianza social mayoritaria sin tener que justificar nada en términos de impacto.
Tal vez esto ha sido así por mucho tiempo, pero adquiere una dimensión diferente bajo la ruta presidencial actual, con el salto desde la militarización de la seguridad hacia la intervención militar en muchos otros sectores públicos, ampliando así su influencia política -lo que entendemos como militarismo-.
“Parece ser que el enemigo lo tenemos en el poder judicial”, afirmó apenas el titular de la SEMAR sin provocar sobresalto social mayor alguno. Entiendo esta amenaza militar pública a los jueces como una nítida fotografía del aprendizaje referido: la confianza resiste, hagan lo que hagan las fuerzas armadas.
Proyectado a futuro, esto no podría ser más alarmante.