El negocio de las vacunas

En una crisis de la magnitud de la generada por la pandemia de COVID-19, quienes tienen poder lo aprovechan para resguardar sus intereses. La semana pasada publicamos el especial El Negocio de las Vacunas, un proyecto de datos, investigación y periodismo de PODER para transparentar información sobre el proceso de autorización, adquisición y vacunación contra la COVID-19 y evidenciar los mecanismos por los cuales las grandes empresas farmacéuticas capturan la toma de decisiones sobre políticas de salud, anteponiendo sus ganancias sobre los derechos humanos.

Analizamos información de 36 empresas, institutos de investigación e instituciones públicas que tienen vacunas contra COVID-19 con autorización de uso de emergencia en al menos un país. Además, gracias a la colaboración de UNICEF pudimos acceder a la información que alimenta su COVID-19 Vaccine Dashboard para analizar desarrolladores, productores, acuerdos de compra y destino de las vacunas. Por último, realizamos más de 70 solicitudes de acceso a la información a través de la plataforma nacional de transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para conocer el proceso de autorización, negociación y adquisición de las vacunas en México.

De la misma forma que ocurre a nivel global, en el caso de México el comportamiento de las empresas farmacéuticas ha sido el de ejercer presión sobre los gobiernos, ocultar información sobre el suministro de las vacunas y anteponer sus intereses a la salud de las personas. En el caso de México documentamos una serie de aspectos relevantes. En primer lugar, el gobierno accedió a participar en ensayos clínicos de vacunas, lo que le permitió negociar acuerdos tempranos con las empresas para la adquisición de las mismas. Sin embargo, existe opacidad al respecto toda vez que los documentos de los ensayos clínicos han sido reservados. Además, México aceptó las cláusulas de confidencialidad y de deslinde de responsabilidad solicitadas por las empresas farmacéuticas. Ello implica que es imposible conocer la cantidad de recursos públicos que recibió cada empresa por la adquisición de su vacuna. Adicionalmente se implementaron modificaciones legislativas para agilizar los pagos y los mecanismos de importación y exportación de las vacunas; es decir, se facilitaron las gestiones para las empresas al mismo tiempo que se les garantizó no publicar información que pudiera obstaculizar la obtención de ganancias al vender las vacunas a quien pudiera pagar más por ellas.

Todas las empresas farmacéuticas que tienen contratos con México han aumentado sus ventas y ganancias durante la pandemia. Astra Zeneca informa que durante 2021 las ventas de productos aumentaron un 41% hasta los 36,541 millones de dólares, incluyendo los ingresos de la vacuna COVID-19. Pascal Soriot y Aradhana Sarin, CEO y CFO de AstraZeneca, además de sus salarios recibieron bonos adicionales de 237.5% de su salario base y 168% del salario base, respectivamente. La empresa Moderna, Inc. reportó en 2021, como resultado de la venta de 824 millones de dosis de la vacuna, un ingreso neto por primera vez positivo de 12,202 millones de dólares, 1733% más que en 2020. Stephane Bancel, CEO y controlador del 4% de las acciones de Moderna ha ingresado en 2021 a la exclusiva lista de las personas más ricas del mundo con un patrimonio de 4.9 mil millones de dólares. Los principales beneficiarios de las ganancias de la industria farmacéutica han sido las personas que dirigen esas empresas y los fondos de inversión que están detrás, entre los que destacan The Vanguard Group, Blackrock Inc., Wellington, Norges Bank Investment Management, State Street Global Advisors, Inc. y Geode Capital.

La industria farmacéutica a nivel global funciona prácticamente como un monopolio, el gran poder económico que tienen les permite influenciar a través de mecanismos lícitos e ilícitos la toma de decisiones sobre salud pública a nivel gubernamental y en los organismos internacionales para su propio beneficio por encima del interés público: esto es lo que denominamos captura corporativa del Estado.

Los principales mecanismos de captura corporativa que detectamos en el proceso de negociación y adquisición de vacunas de México son:

• Interferencia legislativa: México modificó su legislación para flexibilizar los pagos para los fabricantes de vacunas y modificó la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación para que la importación como la exportación de vacunas quedaran libres de impuestos. 1
• Ocultamiento de información: a pedido de las empresas farmacéuticas solo fueron publicados parcialmente 5 de los 7 contratos que México firmó con las empresas farmacéuticas y la Gavi Alliance para adquirir vacunas. Ninguno de los convenios de donación de vacunas del gobierno de Estados Unidos han sido publicados. Todos los contratos firmados por México contienen cláusulas de confidencialidad las cuales “determinan para la Secretaría de Salud la obligación de mantener bajo estricto resguardo la información confidencial que haya sido entregada por las farmacéuticas con ese carácter”, advierte la Secretaría de Salud en respuesta a una solicitud de información realizada por PODER. 2
• Utilización de información científica que favorece a las empresas: En las conferencias de prensa mañaneras del presidente realizadas todos los martes se presentaban los resultados positivos de los ensayos clínicos de las vacunas realizados en México, además se informaba cuando se otorgaba autorización de uso de emergencia a una nueva vacuna; sin embargo, aunque solicitamos los documentos científicos tanto de los ensayos clínicos como de las recomendaciones y autorizaciones otorgadas por la COFEPRIS, estos fueron reservados o no fueron entregados por la autoridad responsable.
• Uso de las instituciones de impartición de justicia para proteger a las empresas: Aunque el INAI ha obligado a las autoridades a poner a disposición de la ciudadanía la información sobre estudios, autorizaciones, contratos y dinero público de las vacunas COVID-19, la estrategia del gobierno ha sido judicializar estos casos, solicitando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que revoque las resoluciones del órgano garante del derecho constitucional a la información para proteger a las empresas, con la excusa de que faltar a las cláusulas de confidencialidad pondría en peligro la estrategia nacional de vacunación y por ende la seguridad nacional. Aunque hay varios casos pendientes de resolución, en la resolución de dos recursos de revisión en materia de seguridad nacional sobre los contratos para la adquisición de vacunas contra el virus del SARS-CoV-2 (RRSN 6/2021) y los comprobantes de pago respectivos (RRSN 3/2021), la SCJN acepta el argumento del Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal y decide proteger al gobierno de las posibles consecuencias que pudiera tener el incumplir con las cláusulas de confidencialidad solicitadas por las empresas. 3

Es así que mientras los países productores de vacunas las siguen acaparando y respaldan el mantenimiento de las patentes, hay países como el nuestro con altos niveles de pobreza y desigualdad que contribuyen al enriquecimiento de las farmacéuticas y sus beneficiarios reales. Hemos documentado cómo se ha favorecido la compra de vacunas con recursos públicos en condiciones de opacidad en beneficio de las empresas, sin que se respeten los derechos humanos.

Este afán de lucro ha sido el responsable de que aún no se hayan generado las condiciones para garantizar el acceso a las vacunas a toda la población mundial teniendo la capacidad tecnológica y productiva para hacerlo. Son las empresas farmacéuticas y el capital financiero detrás de ellas las responsables de limitar nuestro derecho a la vida y a la salud, sin que los Estados y las instituciones internacionales puedan hacer algo al respecto. También fueron las responsables de que los mecanismos multilaterales como Covax, que procuran el acceso equitativo a las vacunas, no alcanzaran sus objetivos.

Pese a este panorama, esperamos que esta investigación nos permita contribuir a develar los mecanismos que permiten el acaparamiento de vacunas y el enriquecimiento sin límites de las farmacéuticas y sus dueños, como un primer paso para exigir la liberación de las patentes a fin de priorizar el derecho a la salud de la población por encima de la ganancia económica desmedida y la equidad en el acceso a las vacunas.

El gobierno mexicano debe asumir su calidad de garante de los derechos humanos y evitar proteger los intereses de las empresas farmacéuticas; la SCJN debe poner la garantía de los derechos humanos por encima del interés privado de las empresas. Se necesitan medidas concretas para mitigar la captura y evitar que continúe afectando los derechos humanos. Creemos que uno de los primeros pasos es poner a disposición de todas las personas la información que se reservó a pedido de la industria farmacéutica. De otro modo, seguiremos destinados a mantener un sistema que se utiliza para favorecer los intereses de un grupo económico minoritario, que encuentra la forma de incrementar sus ganancias incluso en los momentos de crisis, mientras la mayoría de la población ve afectada su salud, sus ingresos y en general su calidad de vida.

Si quieres saber más sobre quiénes son y cómo se han beneficiado con la venta de vacunas, te invitamos a ingresar a este enlace.

* María Julieta Lamberti (@estulta), Daniel Castrejón, Samanta Camacho (@zeltcin) y Diana Silva (@DianaASilvaL) son directora e investigadoras, respectivamente, de  la organización por la rendición de cuentas empresarial Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER).

1 Disponible aquí.

2 Respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información realizada a la Secretaría de Salud con número de folio 0001200018221 el 23 de febrero de 2021.

3 Disponible aquí.