blogeditor · 17 de junio de 2015
Por: Miguel Zapata Clavería
La mañana del pasado 8 de mayo, 52 niños de la comunidad de la Pimienta del municipio de Simojovel en el estado de Chiapas fueron vacunados contra la tuberculosis, el rotavirus y la hepatitis B, dentro del marco del Programa Nacional de Vacunación. La tarde de ese mismo día, 31 de los menores presentaron convulsiones. Dos de ellos fallecieron, los demás fueron hospitalizados en estado de gravedad.
El 27 de mayo, un niño de la localidad española de Olot (Girona) fue ingresado en el hospital Vall d’Hebron de Barcelona con un cuadro de malestar general y problemas de deglución. Tres días después los análisis confirmaban la presencia de Corynebacterium difhteriae, agente causal de la difteria, una enfermedad respiratoria considerada erradicada en España desde 1986. Los padres del menor, escépticos respecto a la seguridad de las vacunas, habían decidido no seguir los esquemas de vacunación recomendados por las instituciones sanitarias.
Estas dos situaciones han reactivado la polémica entre comunidades pro y antivacunas. Para las primeras, las vacunas son el mejor recurso que poseemos para inmunizarnos frente a una amplia gama de enfermedades epidémicas. Para lo grupos antivacunas, en cambio, el único propósito de su aplicación es el de obtener pingües beneficios para las empresas farmacéuticas que las producen y comercializan. Esta idea, además, viene acompañada por la creencia de que provocan enfermedades autoinmunes, problemas neurológicos o autismo. ¿Es racional la postura de los grupos antivacunas? Veamos.
El caso de Chiapas ha puesto de manifiesto que ninguna práctica médica está exenta de riesgos. Por otra parte, el caso español nos enseña que los intentos por evitar los efectos adversos de las vacunas conllevan el riesgo de contraer enfermedades que esas mismas vacunas podrían haber evitado. Sin embargo, expresar así el problema puede dar lugar a un malentendido: el de que la vacunación y la no vacunación son dos opciones racionales debido a que en ambos casos se intenta evitar un daño. Esto, obviamente, es un error. Una decisión racional no es la que pondera todos los posibles efectos negativos de un curso de acción, sino la que evalúa el conjunto de evidencia relevante para estimar la probabilidad de ocurrencia de efectos negativos y positivos. En el caso de las vacunas puede haber reacciones adversas o fallos en el almacenaje, transporte o manipulación que provoquen, como parece que sucedió en Chiapas, contaminación bacteriana. Pero una reacción pública de aversión a las vacunas por un caso como el de los niños de Simojovel no sería racional ni prudente, ya que sobreestimaría el bajo riesgo de que algo parecido vuelva a ocurrir e infravaloraría los beneficios de la vacunación.
Precisamente uno de los problemas que tiene el movimiento antivacunas es que pondera mal los costes y beneficios. Esto se debe al influjo de un sesgo al que los psicólogos sociales han denominado heurística de la disponibilidad. Dicho sesgo se manifiesta cuando se atribuye más importancia a eventos que son fácilmente accesibles a la memoria que a otros que, aunque más probables, se encuentran invisibilizados. En el movimiento antivacunas la heurística de la disponibilidad es evidente, ya que la cobertura mediática de ciertos efectos negativos hace que a éstos se les otorgue más peso que a los riesgos de contraer una enfermedad evitada por la vacuna. Al fin y al cabo, es complicado tener en mente la posibilidad de sufrir una enfermedad de la que no hay casos registrados desde hace décadas. La paradoja resulta evidente: el éxito de la universalización de los programas de vacunación contribuye a la aparición de un sesgo que genera actitudes de rechazo.
Pero si la actitud de los antivacunas es irracional, ¿qué puede hacerse para convencerles de que están equivocados? Hay quien se ha dado a la encomiable tarea de desmontar algunas de sus falsas creencias. Por ejemplo, han refutado la existencia de una relación causal entre la vacuna de la triple vírica y el autismo; han mostrado que la cantidad de aluminio usado como adyuvante es inocuo o han explicado que los no vacunados se aprovechan de la protección inmunológica que proporciona la vacunación de la mayoría. Sin embargo, a pesar de todos los buenos argumentos y evidencias, el recelo persiste. ¿Qué hacer entonces con tanta obstinación tecnofóbica?
Para algunos la solución pasa por aumentar el nivel científico general de la población, ya que sólo así se reducirá el nivel de ignorancia respecto a asuntos más específicos de especial interés para la sociedad. Otros sugieren que los medios de comunicación deberían dejar de dar cobertura a los grupos antivacunas para no proyectar una falsa imagen de controversia que confunde a la opinión pública. El problema es que, aunque estas medidas resulten razonables, denotan una falta de autocrítica por parte de la comunidad científica.
Poner de manifiesto la ignorancia de una parte de la población y criticar la falta de compromiso de los medios de comunicación no parece que vaya a ser suficiente para acabar con la desconfianza hacia la ciencia. A cualquier proyecto de ilustración científica de la ciudadanía debería sumarse el esfuerzo por detectar y erradicar las actitudes que dificultan el establecimiento de una relación de confianza con el público. Porque lo que en realidad subyace a la pérdida de credibilidad científica es la sospecha de que existe una tensión entre la satisfacción de valores sociales y la motivación económica de las empresas farmacológicas, entre la búsqueda de verdad y el interés del investigador. Y si se le exige a la sociedad un mínimo nivel de conocimiento para opinar sobre ciertos temas, ¿no debería exigírsele a la ciencia que hiciera explícitos sus intereses, sus vínculos, sus valores, sus tensiones, sus ignorancias, sus incertidumbres y sus inconsistencias? Quizá si la comunidad científica abandonara cierta actitud arrogante frente a los legos y tuviera la valentía de mostrarse tal cual es, la sociedad volvería a depositar su confianza en ella, su autoridad quedaría restablecida y las creencias de los grupos antivacunas dejarían de propagarse.
* Miguel Zapata es Maestro en Filosofía de la Ciencia, profesor de Filosofía de la Ciencia y miembro del @bioeticaunam