El ‘monopsonio’ que reduce los salarios

Las condiciones de precariedad de millones de trabajadores en México tienen causas añejas; son producto de modelos de negocio de máxima ganancia, de voraces competencias económicas, de decisiones políticas mantenidas por décadas y la corrupción del sistema sindical mantenido por décadas.

Aunado a ello, las personas que trabajan se enfrentan hoy día a otro problema: la existencia de un “monopsonio” en la contratación del personal, que permite pagar salarios que no superan el umbral de pobreza.

Este concepto, poco conocido, retrata bien la realidad del sistema laboral mexicano. Es un concepto similar al de “monopolio”. En el monopolio se concentra la capacidad de venta para fijar precios. El monopsonio es la concentración de la capacidad de compra, que también permite fijar precios. Es una “falla de mercado”, que requiere acciones correctivas eficaces.

David Kaplan, especialista laboral del Banco Interamericano de Desarrollo y quien conoce muy bien el sistema laboral mexicano, explica que “el monopsonio se produce cuando hay muchas personas buscando trabajo y sólo hay pocos empleadores, quienes pueden darse el lujo de ofrecer un salario menor al que tuvieran que ofrecer si hubiera más competencia.”

Y agrega que, “además de ser malo para el trabajador, este modelo genera un resultado que es ineficiente en el sentido económico. Es decir, hay potenciales contrataciones que beneficiarían tanto a empresas como a los trabajadores, pero estas contrataciones de beneficio mutuo no se llevan a cabo.”

Kaplan explica que para enfrentar el monopsonio se requieren políticas públicas: la fijación de un salario mínimo, aunque con prudencia. Y sindicatos como contrapeso “al poder de negociación y el ejercicio unilateral del poder monopsónico, promoviendo mayores salarios, mejores condiciones de trabajo y hasta un nivel más eficiente de empleo”.

En coincidencia con ese análisis, cabe decir que una parte de la explicación del deterioro de las condiciones laborales que ha generado una gran cantidad de personas que trabajan pero son pobres, han sido resultado de políticas deliberadas como la contención salarial, el apoyo al sindicalismo corrupto, la permisividad frente a los contratos de protección, así como la utilización del “patrón sustituto” en los modelos de subcontratación abusiva (outsourcing) y la justicia negligente, todo ello como formas de violación de derechos laborales y medios de reproducción de la precariedad que produce pobreza.

Los datos duros, oficiales, así lo demuestran: por ejemplo, en 2005 poco más de la mitad de las personas con trabajo asalariado carecían de un contrato estable. Era el 58% de la fuerza de trabajo asalariado. Ahora, al cierre de 2022, son el 54%. La tendencia es estable y permanece igual todo el periodo desde hace 18 años.

Verlo en números absolutos, nos da una idea más clara: en 2005 alrededor de 15.5 millones de personas trabajaban sin contrato estable ahora son 20 millones.

Frente a este panorama, la organización sindical no ha sido la alternativa; por el contrario, hasta se ha vuelto cómplice de un sistema laboral injusto que poco ha hecho por los trabajadores.

La historia del sindicalismo ha estado dominada por la corrupción y la cooptación política, donde los líderes sindicales de las grandes centrales formaban parte de la estructura del “partido de estado” durante el siglo XX.

Desde ahí lograron prerrogativas y algunas conquistas hasta mediados de los años 70. Después inició un deterioro sustancial que llevó al debilitamiento de las estructuras sindicales en el sector privado.

La mayoría de los sindicatos “grandes” que sobreviven se concentran en el gobierno y las empresas paraestatales (Pemex, CFE, IMSS), donde, al cobijo del erario público, los líderes amasaron fortunas y negociaron algunas condiciones laborales de privilegio para sus agremiados. Pero no en el campo de los ingresos, sino en prerrogativas para reducir horarios, días y jubilaciones anticipadas.

Las conquistas se “lograron” en un sentido inverso a la alineación de intereses entre productividad y mejores salarios, mejores condiciones laborales y las prestaciones de bienestar y protección social.

También se volvió práctica frecuente la creación de sindicatos al servicio de los patrones. “Despachos” de abogados laborales y gestores constituyeron sindicatos y registraron contratos, en espera de ser “contratados” por las empresas, sin ninguna relación con las y los trabajadores.

El esquema más visible de este modelo se observa en la industria de la construcción, donde los sindicatos “venden” abiertamente contratos de protección y lo expresan en una “placa” que se coloca en las obras que dice: “Esta obra está protegida por el sindicato X”.

Sin embargo, el personal que trabaja en esas empresas -no sólo de la construcción- es totalmente ajeno a esos “sindicatos”. En la práctica carece de defensa y lamentablemente lo descubre sólo cuando intenta organizarse y buscar condiciones de negociación colectiva, como lo establece el derecho humano al trabajo.

La reforma laboral de 2019, que inició con la reforma al Artículo 123 de la Constitución en 2017, da un viraje importante y prohíbe ese tipo de contratos de protección y el sindicalismo creado desde los patrones, y establece la elección democrática, en urnas y con voto secreto, de las dirigencias sindicales.

La ley aprobada en 2019 estableció como plazo el 1 de mayo de 2023 para concluir el proceso de “legitimación” de todos los contratos colectivos.

Las autoridades presumen un avance en ese proceso; habrá que esperar a la próxima encuesta de INEGI para conocer con mayor precisión el alcance real de la reforma.

Por lo pronto, los datos más recientes (al cierre del primer trimestre de 2022) indican que la carencia de organización sindical para la negociación colectiva de las condiciones laborales afecta a casi 9 de cada 10 personas con trabajo asalariado.

El país tiene muchos retos por delante, y afrontarlo no es exclusivo de las autoridades, también de las empresas y el sindicalismo, para lograr que el sistema laboral y los mecanismos que controlan la contratación de mano de obra, prioricen esquemas justos que beneficien a los trabajadores, articulando productividad y derechos laborales.

La falta de organización de la inmensa mayoría de la fuerza laboral es una de las causas directas de la precariedad que produce pobreza.

Es inconcebible que en México, que económicamente no es pobre, haya millones de personas que, a pesar de que trabajan, viven en condición de pobreza.

Para más información, les invitamos a conocer el reciente reporte “Precariedad en las alturas. Dos fallas estructurales del sistema laboral que producen pobreza”.