blogeditor · 27 de febrero de 2013
Por: Valeria Moy (@ValeriaMoy)
El 1 de febrero de este año, el FMI tomó la decisión que venía anunciando desde hacía meses: censurar los datos de inflación de Argentina, no sólo por considerarlos “imprecisos”, sino también porque no se ajustan a las reglas del fondo sobre información estadística.
El encargado de calcular la inflación en Argentina es el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) que desde 2007, depende del gobierno. Desde esa fecha, la información presentada por el INDEC empezó a considerarse “imprecisa”, por no decir manipulada. El caso más notorio es el dato de inflación. Hoy en día, el INDEC calcula el Índice de Precios al Consumidor, a partir del cual calcula la inflación, con una muestra de precios observados en la capital federal y el conurbado bonaerense, es decir, es una muestra que no contempla el resto del país. Desde esa fecha ha presentado cifras de inflación que fluctúan alrededor del 10% anual. A partir de ese mismo año, analistas independientes presentaban datos de inflación alrededor de 15 puntos arriba de la inflación oficial. Si buscamos la inflación en Argentina es probable que nos encontremos con información “oficial” y con información “verdadera” proporcionada por analistas privados.
¿En cuál confiar? De entrada, si ya tenemos más de una versión del mismo dato es una señal de incertidumbre. Las decisiones económicas de la gente no consideran la información oficial, ajustándose a los cálculos independientes. Los sindicatos y los asalariados empiezan a demandar salarios más altos acordes a la inflación “verdadera” y los pensionados, algunos con fondos de retiro con rendimientos ajustados a la inflación “oficial” perciben una pérdida del poder adquisitivo de sus pensiones. La inflación “verdadera”, la calculada por otros analistas, fluctúa alrededor de 25%.
A raíz de estos cuestionamientos, el periódico The Economist dejó de publicar la inflación argentina en febrero del año pasado por considerarlo manipulado. Y un año después, el FMI censura el mismo dato. El Fondo le da a Argentina un plazo que vence el 29 de septiembre para ajustar su medición de inflación a lineamientos internacionales. Argentina ha anunciado que está trabajando en un nuevo índice para medir los precios a los consumidores que tomará en cuenta información de todo el país, pero este índice estará listo hasta el cuarto trimestre del año, curiosamente después de las elecciones para el Congreso.
En un intento desesperado por controlar la inflación, el gobierno argentino anunció el 1 de febrero un acuerdo con las cadenas de supermercados para congelar los precios, por lo menos durante 60 días, con la idea de irlo renovando hasta las elecciones. A los pocos días empezaron a escasear ciertos productos y algunos precios a subir. El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, anunció que habría tolerancia cero para quien violara el acuerdo. Sin embargo, el acuerdo fue verbal, así que no está claro cuáles serían las sanciones que aplicarían.
La inflación es sólo uno de los datos que nos exhiben la precariedad económica de Argentina. Independientemente de la capacidad del gobierno para ocultar y manipular cifras, la crisis no podrá esconderse bajo el tapete.
* Valeria Moy estudió la licenciatura en Economía en el ITAM y la maestría en la London School of Economics and Political Science. Trabajó como reguladora durante más de 10 años en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México y posteriormente se incorporó al sector privado en Grupo Nacional Provincial (gnp). Es profesora del Departamento de Economía del ITAM, donde imparte cursos de Macroeconomía.