El Ministerio Público, Ejemplo de Corrupción e Incapacidad

En el debate sobre la policía de mando único se ha dejado de observar una parte fundamental para que la reforma penal tenga efectos positivos. Me refiero a la renovación absoluta de la estructura funcional del Ministerio Público.

Para los ciudadanos resulta sumamente frustrante enterarnos que delincuentes son liberados de manera frecuente por el fracaso en la fundamentación de las acusaciones en su contra, en los dos niveles de la justicia penal: local y federal.

Y Justamente es esa una de las razones por las que la cifra negra se mantiene inalterada. No existe certeza de que si un ciudadano denuncia a un criminal que le lesionó en su persona o patrimonio, efectivamente será recluido en una penitenciaria.

El Ministerio Público es el hilo más delgado por donde se rompe la eficacia del sistema penal. La constante es la falta de preparación académica, bajos salarios, inexistencia de controles de las procuradurías, corrupción acentuada, en fin, la llamada justicia de barandilla es un verdadero desastres.

La preparación de un agente del Ministerio Público no se compara en nada con la que puede tener un abogado privado o un despacho de prestigio. La disparidad en recursos y conocimientos es abismal.

Las cargas de trabajo rebasan en mucho a la infraestructura de las procuradurías locales, generándose un fenómeno realmente lamentable y condenable y que es la exhortación del propio Ministerio Público a la víctima para que se desista de proseguir con su denuncia, debido a la escasa posibilidad de detener al o los responsables.
Más claro: se le está pidiendo al ciudadano que renuncie a su derecho legítimo de tener justicia y eso es antidemocrático. Desde ese nivel del Estado se está negando uno de los pilares de un régimen democrático y que es la certeza jurídica.

Ese fenómeno debemos aumentarlo a todas las ramas de la justicia, por lo que su impacto en la vida económica es igualmente grave.

Las contralorías con que cuentan las procuradurías no son eficaces. Nadie vigila a los ministerios públicos. Por ello urge insertar un elemento ciudadano, que permita fortalecer la vigilancia social, a fin de poder abatir los índices de rezago y, centradamente, de corrupción.

Este eslabón de la cadena debe ser reforzado. Se deben crear programas para elevar la capacidad, calidad y compromiso ciudadanos de los ministerios públicos, para que efectivamente sean “representantes sociales”.

Y en el caso de la PGR, por tratarse de los asuntos federales de delincuencia organizada, lo mismo debe hacerse.

Sin embargo, desde la sociedad civil tenemos la convicción de que debe existir una consecuencia legal. No es posible que el titular de la PGR o de una procuraduría, que en estricto sentido es quien representa el interés legítimo de los ciudadanos, se mantenga en su puesto cuando sus ministerios públicos tienen un alto porcentaje de pérdidas de casos ante los tribunales.