El minifundio, vigente en México

Desde enero de 1992, cuando se decretó la reforma salinista al artículo 27 constitucional sobre tenencia de la tierra y a la Ley Agraria, las tierras rurales han sido objeto de venta, renta, préstamo y otros tipos de enajenación en una magnitud mayor a lo que muchos piensan (más de 35% de la superficie laborable del país está en tales condiciones).

No obstante, los principales objetivos de la reforma legal -esto es, revertir el minifundio, capitalizar el campo e impulsar la producción de alimentos- se han incumplido.

Los datos censales más recientes muestran que el minifundio persiste y se ha profundizado. Del total de 4 millones 69 mil 957 unidades productivas (UP) con actividad agropecuaria existentes en 2007, el 66% contaba con superficies inferiores a cinco hectáreas. En 1991 la proporción era de 55% de un total de 3 millones 823 mil 63 UP con tal actividad.

[contextly_sidebar id=”Tnj2ia2eJ2aNJcCMSwEiGOr1jtJNGCp8″]Además el campo se ha descapitalizado y ha reducido sus capacidades productivas. En 1991 había 584 mil 817 UP sin actividad agropecuaria, y para 2007 sumaron un millón 478 mil 888, lo cual revela un abandono de tierras para la producción alimentaria. Además, en 2007 sólo 4.2% de las UP con actividad agropecuaria contaban con financiamiento formal, contra 19% en 1991. Indicadores tales como reducción de número de tractores, de camiones y de bodegas para almacenamiento; aumento de UP con uso sólo de tracción mecánica, y estancamiento de superficie con sistemas de riego evidencian también una menor tecnificación del campo.

¿Qué muestra todo esto? Que nos guste o no, el minifundio está vigente, tanto en propiedad social como privada, pero lamentablemente menos capacitado que 20 años atrás y enfrenta por tanto mayores dificultades para competir interna y globalmente.

La buena noticia es que en el mundo hoy la agricultura familiar (AF) –donde se enmarca claramente el minifundio mexicano- es objeto de atención y es considerada fundamental para enfrentar los retos más críticos de la humanidad: el cambio climático, la transición demográfica y sobre todo alimentar a la población creciente, que sumará unos 9 mil millones de personas en el orbe en el 2050.

Este 2014 fue declarado Año de la Agricultura Familiar por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y en ese marco, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural hicieron público su estudio Agricultura familiar en América Latina: Un nuevo análisis comparativo, el cual afirma que la AF es clave en la diversificación de las economías locales, dado el suministro de mano de obra que ofrece a los sectores no agrícolas y dada su participación potencial en el impulso de demanda de bienes y servicios.

“En este sentido, los territorios que presentan los indicadores de desarrollo económico y humano más dinámicos y equilibrados son también aquellos en los que la agricultura familiar tiene una presencia y contribución importante”, dice el documento, que presentó en México el 10 de julio el presidente del FIDA, Kanayo Nwanze, quien hizo un llamado a nuestro país y a toda Latinoamérica a fortalecer la AF por medio de políticas públicas.

Por fortuna, ideas configuradas respecto del minifundio en los años 80s y 90s –cuando se desmanteló la institucionalidad del agro en México y se le dejó expuesto al libre mercado- están perdiendo validez a escala planetaria.

Esas ideas relacionan estrechamente la pobreza rural con una supuesta ineficiencia económica de la agricultura de pequeña escala. Hoy académicos y cada vez más gobiernos comprenden que la pobreza tiene lazos más que nada con medios de vida frágiles, con escasa inversión pública, con limitaciones ambientales -como los ecosistemas semiáridos y terrenos con poca fertilidad- y también con legislaciones restrictivas.

Impulsar en México al minifundio, la agricultura familiar, no es un asunto de dinero. Es un asunto de reingeniería de los programas rurales. Ya se ha dicho muchas veces, pero amerita reiterarlo. Los recursos presupuestarios orientados al medio rural han crecido exponencialmente: el Presupuesto Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC) suma en 2014 un total de 338 mil 671 millones de pesos, 192% nominal más respecto de los 116 mil 123 millones de pesos de 2003 (año en que estos recursos comenzaron a definirse como PEC).

Este presupuesto involucra recursos de 18 ramos, entre ellos 13 secretarías de Estado, y ¡más de 150 acciones y programas de gobierno! El problema es que hay dispersión de estos programas, falta de coordinación entre las instituciones, indefinición integral de objetivos y concentración de los programas productivos a favor de los productores con perfil empresarial y recursos y de las regiones más competitivos, que son precisamente los que tienen capacidad de negociar con el Estado.

Los resultados son claros. Según el Banco Mundial, en las tres décadas recientes la productividad por trabajador en el sector agrícola -no sólo de los pequeños productores, sino del total- aumentó en 52% en México, en comparación con 380% en Brasil, país que cuenta con una estructura de millones de minifundistas.

La tarea encomendada por Nwanze está entonces por realizarse: necesitamos reestructurar nuestro presupuesto a favor del minifundio. De esa forma estaremos contribuyendo al bienestar de la agricultura familiar, lo cual no es poca cosa. Dice el estudio de FIDA y RImisp: “En los países en desarrollo habitan 5 mil 500 millones de personas, y 3 mil millones de ellas viven en áreas rurales; esto es casi la mitad de la humanidad. De esos habitantes rurales, 2 mil 500 millones pertenecen a hogares involucrados en la agricultura y mil 500 millones de ellos están en hogares de pequeña producción agrícola. En América Latina los predios agrícolas de pequeña escala ocupan casi 35% del total del área cultivada”.

 

* Gerardo Franco Parrillat es representante para México de Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural www.rimisp/org/oficina/mexico/