El Mecanismo de Protección: del fallido terreno federal ¿al local?

Por: Karina Tamayo (@kar_tamayo)

La reciente entrada en vigor de la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal, y con ello, la creación del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal[1], más que ser una acción eficaz para enfrentar de fondo la actual crisis de impunidad y vulneración de derechos humanos, es un enorme desafío para la credibilidad y el desempeño institucional del Gobierno del Distrito Federal, que ha negado que esto se trate de un acto de oportunismo político.[2]

La adversa situación que vive México en materia de derechos humanos, y en específico, respecto al ejercicio de la libertad de expresión, exige sin duda respuestas y acciones por parte del gobierno. De acuerdo a la organización Artículo 19, de enero a julio de 2015 se reportaron un total de 227 agresiones en contra de periodistas, mientras que en 2014 esta cifra fue de 326 casos. Los estados con mayor número de agresiones durante este periodo, fueron Guerrero, con 38 casos; el Distrito Federal con un total de 33, y Puebla, con 29 agresiones.

[contextly_sidebar id=”LRN3ds6KsEqLbi4AfZzYx1rvQM4L89x3″]Sin embargo, cabe cuestionar por qué, a pesar de la existencia de un Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a nivel federal desde noviembre de 2012, México es uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio periodístico, con un total de 656 ataques registrados durante 2013 y 2014; donde cada 26.7 horas se agrede a un periodista, y donde los principales responsables de estos ataques son funcionarios: en 2014 éstos representaron el 56 por ciento de los agresores, mientras que en el primer semestre de 2015 cometieron 77 ataques contra la prensa.

La respuesta es clara, y es que desde su puesta en marcha, el mecanismo ha estado plagado de inconsistencias y deficiencias en su implementación. Si bien la creación de un mecanismo nacional que responda de manera integral y eficaz a las peticiones de protección de periodistas y defensores de derechos humanos fue un gran logro, éste sigue enfrentando múltiples retos que limitan su capacidad para proteger de manera eficaz a estos sectores vulnerables.

Por esta razón, es deseable que la implementación del mecanismo en el DF, tome en cuenta las áreas de mejora encontradas a nivel federal, ya que si bien ambos mecanismos son distintos entre sí, tienen características en común. Entre los retos más importantes que el nuevo mecanismo deberá superar se encuentran los siguientes:

• Poner énfasis en la capacitación de los servidores públicos en materia de análisis de riesgo, medidas preventivas, medidas de autoprotección, medidas de protección y medidas de protección urgentes, así como en la creación de una política laboral respetuosa de los derechos humanos. Una de las principales deficiencias a nivel federal ha sido la falta de capacitación,¡ profesionalización y sensibilización del personal involucrado, y la constante rotación del mismo; así como un clima laboral inconsistente con el respeto a los derechos humanos.

• Agilizar el proceso de evaluación de riesgo. En este sentido, la Dirección del mecanismo deberá disponer de los medios necesarios para realizar los estudios de evaluación de riesgo de manera pronta y eficaz. Una de las debilidades en el ámbito federal es que este proceso ha llevado meses, e incluso más de un año, poniendo en riesgo la vida de periodistas y defensores.

• Mejorar las metodologías de categorización de riesgos. Una crítica a la práctica federal, ha sido la omisión de información contextual importante a través de la asignación de valores numéricos (ignorando datos cualitativos) para establecer el nivel de riesgo.

• Hacer más eficiente el diseño de las medidas de protección. Si bien se ha dicho que estas medidas tienen la función no sólo de poner en custodia a un periodista, sino de reincoporarlo a sus labores con seguridad; en la práctica esto no ha sido fácil, ya que éstas no consideran el contexto personal y laboral del beneficiario, así como los riesgos a los que verdaderamente se expone.

• Aumentar la capacidad de respuesta y la disponibilidad del mecanismo. Éste debe ser capaz de tramitar el volumen de peticiones de forma sistemática, así como de responder a emergencias de manera rápida y efectiva. Algunas de las deficiencias encontradas en el mecanismo federal han sido fallas en botones de pánico o teléfonos satelitales en situaciones de emergencia y tiempos de respuesta lentos por parte de las agencias policiales.[3]

Como es posible observar, los obstáculos a superar por el gobierno del DF son numerosos. Aunado a esto, otro aspecto crucial en el futuro inmediato será la transparencia en la implementación del mecanismo y en la administración del presupuesto asignado a éste, así como de los recursos del Fondo para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Finalmente, cabe mencionar que, si bien la Ley del DF contempla medidas de prevención y la creación de una mesa intersectorial para discutir y elaborar propuestas para garantizar el ejercicio de los derechos humanos y la libertad de expresión, esto no será suficiente si no se toman medidas contra el principal problema subyacente: la impunidad de los delitos contra periodistas y defensores de derechos humanos. A este respecto, la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha reconocido que el 89% de los crímenes contra periodistas quedan impunes.

En este sentido, más que proporcionar chalecos antibalas, autos blindados, escoltas y cámaras, puertas, cerraduras y otras medidas de seguridad, es necesario que el gobierno fortalezca las instituciones de procuración de justicia, e incremente la participación y vigilancia de la sociedad civil y de periodistas en la operación de este tipo de mecanismos. Esta tarea es sin duda compleja, pero indispensable ante la perpetuación del ciclo de impunidad en el país, que vulnera no sólo los derechos humanos de periodistas y defensores de derechos humanos, sino que impide crear las condiciones para que los ciudadanos accedan a la información y participen en la vida democrática; escenario que al parecer el gobierno no está interesado en crear.

 

@IntPublica

 

[1] El objeto del Mecanismo es que el Gobierno del Distrito Federal atienda la responsabilidad fundamental de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo en el DF; así como fomentar las políticas públicas, capacitación y coordinación en la materia, para prevenir acciones que vulneren dichos derechos.

[2] La entrada en vigor de la Ley, se hizo días después del multihomicidio de la colonia Narvarte, en el que fue asesinado el fotoperiodista Rubén Espinosa; y del caso del despido obligado de Carolina Hernández Luna, visitadora adjunta auxiliar de investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal.

[3] Más información aquí.