El matrimonio igualitario: la locura que viene

Que dos personas del mismo sexo se casen, en muchos lugares de México, sigue siendo una locura… pero no es imposible.

No lo es, desde que el Distrito Federal modificó su Código Civil en el 2009 para permitir que sus ciudadanos puedan contraer matrimonio sin importar su género. Meses más tarde, en agosto de 2010, el pleno de la Suprema Corte discutió la acción de inconstitucionalidad 2/2010 en contra de esas disposiciones y confirmó que estas uniones son constitucionales.

A partir de esa fecha, las parejas del mismo sexo que han deseado contraer matrimonio han acudido a la justicia federal solicitando un amparo, y ésa ha sido la vía para obligar a sus autoridades locales a respetar un derecho que les es inherente como seres humanos.

La palabra clave es ésa: obligarlos. Esto ha sucedido ya en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán; es decir, prácticamente la mitad del país.

Desafortunadamente, las sentencias de amparo benefician únicamente a aquellas personas que lo solicitan y no tienen efectos generales. Es decir, cada pareja que desea contraer matrimonio en un estado donde no está permitido explícitamente por la ley, tiene que realizar un proceso similar para obligar a sus autoridades locales a casarlos.

En otras palabras, en el México de hoy, el matrimonio entre personas del mismo sexo sí ocurre, pero se sigue haciendo así… como un caso aparte, como una locura.

El problema es, desde luego, legislativo. Pero sobre todo, sigue siendo cultural.

Nos referimos no sólo a la discriminación que sigue existiendo en nuestro país hacia las parejas homosexuales. En un tema que, debemos aceptar, sigue siendo controvertido, es natural que estos cambios tomen tiempo en la idiosincrasia de un país conservador como el nuestro. Aún así, es innegable que ha habido progreso.

Cultural, más bien, por un tema de cultura política, y de discrecionalidad en el uso del poder.

[contextly_sidebar id=”O7VQNqD6u8dp1E1yUyppwADhRuKWccTq”]El ejemplo más claro de ello está en el caso de Víctor Manuel y Víctor Fernando, dos ciudadanos de Mexicali que han intentado casarse cuatro veces y no lo han podido lograr.

En las primeras dos, el registro civil se los negó debido a que la Constitución del estado establece que el matrimonio puede darse únicamente entre un hombre y una mujer.

Los afectados acudieron a la Suprema Corte, como lo han hecho las parejas de otras entidades, y por unanimidad, cinco ministros dictaron una sentencia de amparo que les favorece. Aún así, el registro civil de Mexicali les cerró la puerta y les dijo que no.

Entre quienes han impedido la boda está Angélica Guadalupe González, la encargada de dar las pláticas prematrimoniales que son requisito en la entidad para contraer matrimonio. Para la funcionaria, respetar no sólo los derechos humanos de esta pareja sino una sentencia de la Suprema Corte es una “locura”, porque “esos señores son cinco, aquí somos población”.

Es decir, para ella, como para las autoridades del registro civil de Mexicali, una sentencia de amparo dictada por unanimidad de cinco ministros de la máxima instancia de justicia de nuestro país no es suficiente para que una pareja del mismo sexo pueda exigir un derecho reconocido no sólo por la Constitución, sino por diversos tratados internacionales.

Porque desde su punto de vista, la moral está por encima de la ley. Y los derechos humanos siguen siendo una carta de sugerencias con buenas intenciones. Bien se alegaba que la reforma del 2011 no terminaría con la ignorancia ni cambiaría la mentalidad de un plumazo.

El camino más fácil para Víctor Manuel y Víctor Fernando sería viajar al Distrito Federal, a Quintana Roo o a Coahuila y contraer matrimonio ahí. Pero, ¿por qué habrían de hacerlo? ¿Por qué tendrían que sucumbir ante la cerrazón de quienes pretenden imponer su voluntad sobre el Estado de Derecho? ¿Por qué no poder casarse en el lugar donde nacieron?

En la ignorancia de Angélica Guadalupe González y de las autoridades del Registro Civil está quizás la nueva Ley de Amparo, que prevé la destitución, inhabilitación y consignación de servidores públicos por la inejecución de una sentencia. Además, en su artículo 267, esta ley establece una pena de cinco a diez años de prisión, una multa de cien a mil días, y en su caso, destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo público a quien dolosamente omita el cumplimiento.

El alcalde, por cierto, debería tener presente que estas penas se aplican también a él como superior de la autoridad responsable.

Las autoridades de Mexicali podrían decir que no fue su culpa. Que los novios no cumplieron con requisitos como el curso prematrimonial que dolosamente les ha sido impedido. Pero en ese caso, la misma ley establece que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales. El amparo se dictó hace más de 6 meses, no hay pretexto para no haberlo cumplido ya.

De modo que Víctor Manuel y Víctor Fernando no sólo llevan las de ganar, sino que todo aquél que impida directa o indirectamente su unión deberá rendir cuentas ante la justicia. Porque pésele a quien le pese, además de su ilusión y su deseo, el matrimonio es su derecho.

Es por eso que la manifestación en Mexicali este sábado por la mañana no es sólo de la comunidad LGBT, sino de todos los nos sumamos a la causa bajo el lema #MisDerechosNoSonLocura.

Pero vayamos más allá.

Como decíamos, el día en que finalmente Mexicali case a esta pareja (y que quede muy claro a quienes no les parece, es sólo cuestión de tiempo), habrá sido una victoria únicamente para ellos; no cambiará en nada la realidad de otros bajacalifornianos. O quizás sí.

La misma nueva ley de amparo, en su locura, estableció algo conocido como la declaratoria general de inconstitucionalidad.

Se trata de un nuevo mecanismo para que si vuelve a ocurrir un caso así, y la Suprema Corte de Justicia declara por segunda ocasión la inconstitucionalidad de la norma que impide el matrimonio igualitario en Baja California, se informe al Congreso local para que modifique el Código Civil a fin de permitir el matrimonio igualitario. Y si éste comete la locura de no hacerlo, la Suprema Corte emitirá una declaratoria de inconstitucionalidad que tendrá alcance general, sin tener que tramitar nuevos amparos.

Es decir, existe una vía por la que, si se siguen tramitando amparos ante la justicia federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá obligar a los Congresos, no solo el de Baja California sino los de todo el país, a modificar sus leyes y aceptar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Desafortunadamente, como decíamos, ésta es la vía difícil, la de la confrontación y la de ganar el reconocimiento de un derecho a la mala. Algunos cambios sociales, nos demuestra la historia, han tenido que ser así.

Pero a la par, nuestro país debe caminar hacia un cambio de actitud y de apertura; de no sólo tolerar las diferencias sino celebrarlas. De acabar con la discrecionalidad que permite a quienes ejercen un cargo público ignorar los derechos humanos para poder tejer un pacto social acorde con las premisas más fundamentales que aceptamos los seres humanos, de dignidad, igualdad y justicia. De terminar con las locuras que no tienen sentido, y de adoptar como sociedad aquellas que bien valen la pena.

 

* Daniel Berezowsky (@danberezowsky) y Jaime Chávez Alor (@jaimechalor)