El legado de las bebidas azucaradas

El uso del término “veneno embotellado” para hacer referencia a las bebidas azucaradas ha desatado una ola de quejas y llamados de los principales productores de refrescos, quienes se han esforzado en detener a toda costa la supuesta “estigmatización” que sufren estos productos. Mientras que las refresqueras repiten una y otra vez que la obesidad no es resultado del consumo de sus productos, la evidencia científica (libre de intereses comerciales) señala una realidad completamente distinta. En 2010 se estimaba que las bebidas azucaradas eran responsables del 12% de las muertes por diabetes en México (equivalentes a más de 24,000 defunciones cada año). Esta cifra ha escalado y la evidencia actual apunta a un total de 40,842 muertes anuales en México, directamente atribuibles al consumo de estos productos.1 Este número es similar a la cantidad de decesos por COVID-19 que ha sufrido el país, sin embargo, pocos legisladores y autoridades de salud habían reconocido la magnitud del problema, regulando el creciente mercado de ultraprocesados y bebidas cargadas de azúcares añadidos.

Vamos por partes. Es verdad que la epidemia de sobrepeso, obesidad y enfermedades no transmisibles que vive México, (que hoy se combina de manera letal con COVID-19) es un problema multifactorial, pero este hecho no deslinda de su responsabilidad a las industrias de alimentos y bebidas que durante años se han encargado de cabildear ferozmente para debilitar las políticas públicas de salud y nutrición. Podemos decir con certeza que el panorama epidemiológico que vivimos no es una casualidad. Es el resultado de años de inacción política frente a la industrialización de nuestros alimentos, así como la priorización de intereses comerciales por encima de la salud poblacional.

Un poco de historia: el mercado de bebidas azucaradas en el país comenzó a crecer con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), mismo que contribuyó a elevar la tasa de obesidad y a desplazar el consumo de otros alimentos y bebidas tradicionales (tan solo entre 1980 y 2016, la cifra de mexicanos con obesidad se triplicó). Poco a poco, las bebidas azucaradas ganaron terreno hasta ser comercializados en prácticamente cualquier punto del país, por inaccesible que pudiera parecer, e incluso se registran casos en comunidades rurales (como sucede en Chiapas) en los que el acceso al agua es escaso, mientras que los refrescos se encuentran con gran facilidad y a precios bastante accesibles.

Simultáneamente, el cabildeo de estas grandes corporaciones logró impactar en la definición de las políticas nacionales de nutrición. Como ejemplo tenemos el Código PABI (Código de Autorregulación de Publicidad de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas) que entró en vigor en 2009. Investigadores y organizaciones de la sociedad civil evidenciaron que los criterios establecidos en dicho código se distanciaban enormemente de las recomendaciones internacionales y fallaban en proteger al público infantil de la publicidad agresiva de productos chatarra. Nunca se prohibió el uso de personajes dirigidos a los niños, juguetes, regalos, cupones y demás estrategias de marketing, y las industrias que incumplían el Código (entre las que desde luego, se encontraban diversas marcas de bebidas azucaradas) nunca enfrentaron sanciones.

Otro ejemplo reciente es la participación de las cámaras de comercio que representaban a los intereses de las refresqueras dentro del OMENT (Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles), un grupo creado durante la administración de Enrique Peña Nieto, en el que la Secretaría de Salud (entonces encabezada por el Dr. Narro) negó la necesidad de implementar lineamientos para evitar conflictos de interés en la toma de decisiones del Observatorio que evaluaría la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. Sobra decir que las refresqueras que contaban con una fuerte representación dentro del OMENT jamás reconocieron el impacto del impuesto especial del 10% en las bebidas azucaradas (a pesar de las evaluaciones del Instituto Nacional de Salud Pública que demostraban una disminución en el consumo de un 8% y un incremento en bebidas sin impuesto2). Los investigadores externaron su preocupación sobre el elevado consumo de bebidas azucaradas, pues estos productos eran desde entonces los responsables del 70% de los azúcares añadidos que ingerían los mexicanos, sin embargo el cabildeo de las refresqueras doblegó a las autoridades de salud, quienes centraron su estrategia contra la obesidad en la emisión de mensajes para el cambio de hábitos (“Chécate, mídete, muévete”), ignorando toda evidencia que demostraba que este tipo de estrategias suelen tener un bajo impacto si no se acompañan de cambios en el entorno alimentario.

A nivel internacional, los esfuerzos de las refresqueras llegaron incluso a extremos como el ocultamiento de la evidencia científica y el financiamiento de estudios para el beneficio de estas compañías. En la década de 1960, la industria azucarera financió una investigación que minimizaba los riesgos del consumo de los azúcares, y en cambio, culpaban a las grasas como principales compuestos dañinos para la salud cardiovascular. Esto sería publicado ¡50 años después! en la revista JAMA Internal Medicine, y hoy sabemos que el consumo de azúcares es un importante factor de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares (además de diabetes tipo 2 y gestacional, caries dental y aumento de peso). Estas estrategias ya se habían observado antes, pues resultan bastante similares a los esfuerzos emprendidos por industrias tabacaleras como Philip Morris o la British American Tobacco, quienes ocultaron la evidencia sobre los daños asociados con el consumo de cigarrillos, negaron su relación con distintos tipos de cáncer y financiaron a médicos para recomendar sus productos en anuncios publicitarios. El comportamiento de las tabacaleras, y la evidencia innegable del daño que ocasionan han tenido como consecuencia la declaración de “diferencias irreconciliables” entre esta industria, y los esfuerzos de salud pública, por parte de la propia Organización Mundial de la Salud. A este paso, pareciera que las refresqueras están tomando el mismo camino.

Los organismos internacionales y expertos en salud pública son claros al recomendar la emisión de regulaciones firmes para disminuir el consumo de bebidas azucaradas. Estas acciones incluyen la aplicación de impuestos especiales en estas bebidas, y el uso de lo recaudado para fines de salud pública, la regulación en toda publicidad de estos productos dirigida a niños y niñas, la vigilancia de las cafeterías y almuerzos escolares libres de productos ultraprocesados y desde luego, la garantía del acceso al agua limpia y segura en todas las comunidades para satisfacer las necesidades de hidratación de manera saludable.

Finalmente: es importante hablar de estigma. Pero no de aquel discurso propagado por las refresqueras, (que pretenden victimizar a un producto a todas luces dañino), sino de las características hirientes e injustas que durante años se han asumido sobre las personas que viven con obesidad o enfermedades no transmisibles como la diabetes. La noción de “holgazanería”, “desinterés por su salud” o “ignorancia” ha prevalecido durante años. Este discurso ha sido utilizado en muchas ocasiones por los productores de chatarra para evadir regulaciones y continuar delegando la epidemia de obesidad al ámbito individual, en lugar de reconocerlo como un problema público que merece atención especializada del Estado.

Así pues, si pensamos en declarar una guerra contra el estigma, hagámoslo bien. Dejemos de culpar y señalar a las personas que por décadas han habitado entornos obesogénicos, y divulguemos la evidencia y la historia de las políticas alimentarias en el país, aunque pueda pesarle a los intereses comerciales de unas cuantas industrias refresqueras.

* Ana Larrañaga, Coalición ContraPESO (@Contrapesomx).

1 Braverman-Bronstein, A., Camacho-García-Formentí, D., Zepeda-Tello, R. et al. Mortality attributable to sugar sweetened beverages consumption in Mexico: an update. Int J Obes 44, 1341–1349 (2020).

2 Colchero MA, Popkin BM, Rivera JA, Ng SW. (2016) Beverage purchases from stores in Mexico under the excise tax on sugar sweetened beverages: observational study. BMJ 352:h6704.