El lamento de San Fernando

Por: José Luis Manzo

El 23 de agosto del 2010 ocurrió en San Fernando, Tamaulipas, uno de los sucesos más trágicos de la historia contemporánea de México: la masacre de 72 personas migrantes, crimen que ratificó la crisis humanitaria que México enfrenta desde hace décadas y que en los tres recientes sexenios se ha intensificado teniendo como pináculo la guerra contra el crimen organizado, encabezada por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. Dicha crisis se vio recrudecida en el primer semestre del 2011 con las fosas clandestinas descubiertas en el mismo municipio y las que fueron encontradas en el Estado de Durango, que en total sumaron 193 cuerpos.

Al hallazgo de estas fosas se suman en mayo del 2012, 23 cuerpos en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas; 18 en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco; 49 torsos en Cadereyta, Nuevo León (de los cuales el Gobernador en turno declaró oficial y públicamente que se trataba de migrantes centroamericanos), y en el inter hubo asesinatos de hombres y mujeres migrantes en Veracruz, en el Estado de México, en Querétaro, en Oaxaca, etcétera.

[contextly_sidebar id=”WPcH2Renwmg2sIggl5XDqSY4FNYJ6U2B”]El 23 de agosto de 2015, 60 meses después, los familiares de estas personas migrantes viven en la continua búsqueda de quienes un día decidieron -obligados por las condiciones de sus países- dejar sus tierras, sus familias y la historia propia para embarcarse en un viaje sin retorno. A cinco años de esta masacre, las condiciones de tránsito para las más de 400 mil personas que ingresan a México de forma indocumentada se mantienen. El Gobierno de México tiene un discurso muy institucional respecto de la migración indocumentada en tránsito por México y mientras desde los estrados y las mesas de participación en la esfera internacional presumen de garantías de seguridad y protección para personas migrantes, en la práctica se intensifican los operativos de control y verificación migratoria con uso excesivo de la fuerza.

Ante este panorama, el Estado mexicano mantiene grandes vacíos en materia de política migratoria, y de protección ha personas migrantes tanto como en materia de transparencia entre los cuales destacamos:

1. Que 11 de los 72 cuerpos de personas migrantes siguen sin ser identificados.
2. A pesar de que la zona tenía presencia de la Secretaría de la Mariana y patrullaje de diversas policías, se desconoce el por qué no hicieran nada para evitar esta masacre.
3. No se ha sancionado a ningún funcionario de PGR que, faltando a los procedimientos para la repatriación de los cuerpos de las personas ejecutadas, cometieron graves errores que violaron los derechos humanos de las familias.
4. No se ha encontrado al responsable del homicidio del oficial que dirigía las investigaciones en torno a la masacre de San Fernando.
5. Hasta el momento ni la sociedad, ni la mayor parte de los familiares de las víctimas, conocen qué sucedió con las investigaciones de la PGR sobre este hecho.
6. Ningún servidor público de alto nivel fue señalado como responsable por omisión o comisión.
7. La CNDH desarrolló una investigación parcial, incompleta y violatoria de los derechos humanos de las víctimas, sus familias y la sociedad.

Antes y después de este suceso y como lo hacemos ahora, las organizaciones de defensa de los derechos humanos de personas migrantes exigimos al Estado mexicano la atención, protección, procuración de justicia y reparación del daño de las atrocidades que se han cometido y se siguen cometiendo en contra de las personas migrantes.

El hecho de esta masacre permanece históricamente como “un sembrado de muerte” que, en todo este territorio noreste, resuena como “el lamento de San Fernando” y un “lenguaje de muertos”, que no puede ser silenciado. Defensoras y defensores de esta migración forzada centroamericana seguiremos indignados y con exigencia radical continuaremos nuestra lucha, denunciando que no es historia pasada esta masacre, hasta no dar por término que nuestro país siga siendo “cementerio de los centroamericanos” y que todo migrante caminando por nuestro territorio sea “un muerto sin nombre y sin entierro”.

* José Luis Manzo, Foro Migraciones (@ForoMigraciones) / Casa del Migrante de Saltillo (@CDMSaltillo)