El intento fallido de Carlos Puig… y del país

La escena fue en verdad excepcional. Yo al menos jamás había visto al moderador de un evento buscando forzar la rendición de cuentas directa, inmediata y clara por parte de senadores de la República. Sucedió en el panel 5 del Cuarto Foro Nacional Sumemos Causas por la Seguridad, Ciudadanos más Policías, convocado por la organización de la sociedad civil Causa en Común. El panel llevó por nombre Reingeniería del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y participaron los senadores Alejandro Encinas, Roberto Gil y Omar Fayad, así como Jorge Tello, experto de larga carrera pública, todos bajo la conducción del periodista Carlos Puig. No tiene desperdicio un solo minuto ahí recorrido. Lo conversado por estos actores merece verdadera disección.

Fue un evento pletórico de significados relevantes, explícitos e implícitos. Involucró una combinación de lenguaje verbal y no verbal que puede hacer las delicias para el análisis por igual desde la comunicación política, la psicología, la ciencia política o la metodología de las políticas públicas. Pero más allá de cuán atractivo pueda ser llevar el encuentro a la condición de objeto de estudio, visto desde el lente de las políticas de seguridad pública, el saldo de la mesa es, por decir lo menos, desolador. Uso el término en sentido estricto; el Diccionario de la Real Academia Española anota que desolador es “algo que causa extrema aflicción”. Es exactamente lo que a mí me provocó atestiguar este encuentro.

[contextly_sidebar id=”0UyXqKIsEIfHKhYQLnh8G51otBRrT6xV”]Una palabra puede ayudar al sumario de lo ahí enseñado: extravío. Extraviarse es perder el rumbo. La discusión de los senadores enseña, por sobre todas las cosas, la ausencia de un rumbo. El panel enseñó que en la Cámara Alta no parece haber trazo alguno que explique de dónde venimos y hacia dónde vamos en materia de seguridad pública en México. No se enseñó una narrativa que distinga aprendizaje, tal vez formulado más o menos así: “luego de 20 años de haberse creado el SNSP, ya sabemos lo que no funciona, por tanto debemos hacer esto otro”. De hecho, la mayor parte de los comentarios de los senadores podría colocarse en condición atemporal, es decir, pueden ser colocados en cualquier momento, independientemente del devenir de estos últimos dos decenios.

Carlos Puig lo intentó, pero falló. Presionó tanto como pudo. Pidió respuestas concretas para el ciudadano que es víctima de la delincuencia y la violencia, exigió soluciones precisas, propuestas claras, incluso trató de acorralar a lo senadores reduciendo tiempos para evitar rodeos. Valiente intento, malogrado sin embargo en cuanto a lo que el periodista se propuso. Mientras la sesión transcurría yo anhelaba que el momento hubiera tenido una difusión similar, por ejemplo, a la de un debate que todos esperan en una contienda presidencial. Tantos más lo habrían atestiguado.

Lo que yo esperaba del panel eran respuestas directas a las siguientes preguntas: ¿para qué sirve el SNSP? ¿Qué se ha logrado ahí? ¿Qué no se ha logrado? ¿Qué alternativas hay en la mesa? A poco de haber transcurrido la sesión ya era claro para mí que los senadores no estaban ahí para hablar de eso. De entrada los legisladores representaron la desorientación que al parecer este país simplemente no logra y quizá no logrará superar, confundiendo los conceptos de seguridad pública y policía. Y por esa vía se fueron en banda. Ni una palabra respecto a veinte años de un sistema que hoy ni siquiera nos puede decir quiénes son y dónde están todas las personas que se supone hacen labores de policías, como lo refirió María Elena Morera en su alocución al inicio del foro. En lugar de discutir qué hacer con la fallida burocracia creada para coordinar al país en seguridad pública, intercambiaron opiniones sobre qué hacer con la policía –apenas salpicadas con algo de evidencia y ciertamente lejanísimas del conocimiento moderno.

Justo aquí brilla el tono atemporal: esta confusión es la misma hace décadas. Confundir la seguridad pública con la policía enseña un rezago de hasta medio siglo en el saber de nuestra clase política, frente a lo que viene aconteciendo en otras latitudes. La confusión reduce la seguridad a la materia policial, neutralizando así el potencial de las políticas integrales y multiagenciales que incluyen la prevención de la violencia y el delito. Vestir de uniforme azul la seguridad pública es entre nosotros la vía más común de la autocondena a permanecer en el último vagón del último tren cuya estación de destino está en épocas pasadas, con respecto a las buenas prácticas que hoy se diseminan en el mundo mediante centenas de experiencias, a su vez documentadas en investigaciones y reportes.

Ya llevamos dos décadas y media insistiendo en esto: la seguridad pública desde luego involucra lo policial pero a la vez lo trasciende; la migración conceptual evolutiva camina hacia la seguridad ciudadana, paradigma que aloja otro modelo de policía, a su vez coherente con una mirada social de la prevención del delito y la violencia. Nada, ni una palabra sobre esto en el panel. No está demás recordar que se trata de senadores que representan algunas de las más altas responsabilidades, en tanto conducen las comisiones de asuntos legislativos (Encinas), seguridad pública (Fayad) y nada menos que la Presidencia misma de la Cámara Alta (Gil). Bien lo insistía Puig, enfatizando la urgencia de las respuestas precisas, justo apelando a la altísima responsabilidad del Senado ante la crisis de inseguridad y violencia que azota al país.

Tal vez el mejor estudio del panel lo arrojaría la identificación profunda de los incentivos de cada uno de los invitados, lo cual desde luego rebasa estas reflexiones. Mi intuición, empero, me dice que la mayor inversión que hizo cada congresista se dirigió, primero, a evadir la crítica honesta hacia el SNSP y, segundo, a mostrar las diferencias políticas ante los otros, diferencias que apenas enseñaron tímidas pinceladas relacionadas con argumentos técnicos basados en evidencia empírica, como lo exige la metodología más elemental de la política pública.

No creo que alguien haya percibido, en todo caso, que entre los tres legisladores hubiera siquiera un asomo de intención hacia la deliberación informada de cara al público. Me refiero a un auténtico encuentro de argumentos y refutaciones que enriquecieran a las partes en el debate y a quienes los escuchábamos, de cara a la crisis de inseguridad y violencia. Más bien ahí se sentaron personas que traían y se llevaron cada una su propia agenda. Habría que recordar que la agenda de un representante popular, se supone, es precisamente representar los intereses colectivos y procesarlos para convertirlos en soluciones en beneficio del bien común. Y aquí está el vertedero de la aflicción. El saldo del ejercicio forzado de rendición de cuentas que Puig intentó es que los senadores no representan una agenda política y técnica clara encaminada hacia la construcción de un país seguro y libre de violencia; o bien, no son capaces de demostrar lo contrario.

Mientras el panel agotaba su tiempo no pude evitar recordar que el primer anteproyecto del SNSP colocó en el núcleo la creación del Centro Nacional de Investigación en Seguridad Pública, algo así como el National Institute of Justice (asómense y vean lo que produce invertir en el conocimiento). Nunca pasó la propuesta porque ayer, como hoy, en general el Estado mexicano no encuentra incentivo alguno en invertir seriamente en la investigación académica en torno a la inseguridad, la delincuencia y la violencia. Cuando intervino, Jorge Tello mencionó que habría que regresar a la básico, entendiendo que en el centro de la seguridad está el ciudadano. Me dolió la panza cuando me di cuenta que este foro, si bien enseñó algunos valiosos esfuerzos en curso –siempre los hay-, por encima de ello nos recordó el extravío en el que el Estado mexicano permanece en materia de seguridad pública.

@ErnestoLPV