El INE, ¿cuarto poder?

Durante la comparecencia de Lorenzo Córdova ante la Cámara de Diputados los reclamos de la bancada de Morena se sintetizaron en una acusación: el INE pretende erigirse en un cuarto poder. ¿Y si así fuera?

Claro que el instituto electoral no es un poder pues no lo establece la Constitución, pero vale la pena pensar como si lo fuera, y por qué no, asumir que podría serlo. El ejercicio sirve para subrayar el papel que se esperaría de los partidos al momento de participar en la construcción de una autoridad encargada de regular la competencia política en el país. Un poder no necesariamente se constituye del voto popular, y como ejemplo está el poder judicial.

La analogía a la que recurro es útil para cuestionar la idea de despartidizar al Consejo del organismo electoral. Frente al fantasma de los partidos, la sofisticación desarrollada para elegir perfiles idóneos, apartidistas, independientes, profesionales, moralmente solventes y sabe con cuántos atributos más, de poco ha servido para consolidar la legitimidad de la institución, y esto tiene que ver con problemas de reconocimiento.

Hoy, para ser consejero de un Organismo Público Local Electoral (OPLE) hay que hacer un examen del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL). Córdova reconoció problemático que como resultado de este tipo de filtros han llegado perfiles “muy técnicos” a los consejos locales; y, aun así, sobre ellos pesan denuncias de cercanía partidista. ¿No sería más sensato pensar en que los consejeros también representan la pluralidad política existente?

Los consejeros electorales actúan a nombre de alguien, y algunos diputados piensan que es a nombre de ellos; entonces, pueden felicitarlos por cumplir con sus expectativas o reclamarles su mala actuación. Pero el organismo electoral también cumple funciones a nombre de la ciudadanía (en la analogía deportiva, el árbitro también es garantía para el público); de hecho, la reforma de 1996 se trató de ciudadanizar al IFE aunque, paradójicamente, el pleno del consejo fue resultado de un acuerdo político donde todos los partidos con representación en el congreso tuvieron cuotas.

El grado de complejidad de las funciones electorales en el país rebasa por mucho la mera organización de elecciones: se trata de regular la competencia política. Siempre habrá reacciones de los controlados. De 1996 a la fecha, no un hay partido político que no haya acusado al organismo electoral de faccioso. Por eso es que la legitimidad de los consejeros (a la que está atada la del instituto) requiere de actores reconocidos, que sean representativos de algo, y, sobre todo, que faciliten redes de activismo que pueden ayudar a fortalecer la legitimidad y la eficacia de la institución. No es casual que el consejero presidente recurra a su condición de profesor de la UNAM y no de experto en derecho electoral.

Claro que restituir a los partidos su papel en la composición del órgano electoral puede llevar a problemas de mayoriteo, como sucedió en todos los procesos después del 2003. Pero con esta experiencia se puede poner la vara más alta, y ello implica reconocer el grado de autoridad que requiere el ejercicio de las funciones electorales. El organismo electoral debería hablarse al tú por tú con los demás poderes del Estado y ello requeriría dotarlo de otro estatus. No imagino a un diputado diciéndole igualado a un magistrado del Tribunal Electoral.

Quizás este no es un problema central en la previsible agenda de reforma, pero mientras se siga viendo al organismo electoral como un apéndice técnico, se incrementan las posibilidades de minar su autoridad, incluso por mano propia. Algunos insisten en ver al organismo como su tributario, pero tampoco es mejor quien se cree un tercero indispensable. Es cierto que el INE es la institución que cuenta con más confianza entre los mexicanos, pero su imagen ha venido a la baja, igual que las demás.

* Héctor Manuel Gutiérrez Magaña es maestro en ciencias políticas por la FLACSO Ecuador y actualmente es estudiante del doctorado en Ciencias Sociales de FLACSO México. Se especializa en la investigación de temas sobre democracia y participación ciudadana.