¿El gobierno no quiere discutir o no sabe hacerlo?

Por: Germán Petersen Cortés (@GermanPetersenC)

Como hizo ver León Krauze, el gobierno federal no ha explicado ni mucho menos debatido su iniciativa de reforma a la ley secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Jesús Silva-Herzog Márquez sostuvo algo parecido, aunque en una escala más amplia: el silencio del gobierno en la ríspida discusión en torno a esta reforma no fue la excepción, sino que casi ha sido la regla en su proceder. “Una presidencia incapaz de esgrimir argumentos públicamente es una presidencia entregada al capricho”, señalaba el lunes.

¿El gobierno federal no quiere discutir o no sabe hacerlo? Me parece que esa es, ahora, la pregunta clave. Lo primero es grave; lo segundo, gravísimo. En caso de que fuera solo un asunto de voluntad, estaríamos, por un lado, ante dificultades de comunicación social y, por otro, ante una muy cuestionable visión de la democracia. Tácitamente, la administración peñanietista estaría entendiendo la democracia exclusivamente como un método de elección de gobernantes, que una vez en el cargo pueden impulsar unilateralmente su particular lectura del interés público. Democracia entendida como mera delegación, en manos de unos cuantos, de todo el poder del Estado.

[contextly_sidebar id=”fc1725a4319d00bc44091c3731992bd5″]Ahora bien, si el gobierno no sabe discutir, el problema no sería de voluntad, sino de algo mucho más básico: capacidad para construir y exponer argumentos, y disposición para el intercambio inteligente de ideas. Debatir requiere no solo tener voluntad para hacerlo, sino también otras condiciones, como que los debatientes puedan articular argumentos y cuenten, además de con información sobre aquello de lo que hablan, con sistematicidad en manera de trabajar y rigor lógico al pensar. Debatir precisa, además, de principios éticos mínimos, como escucha atenta del interlocutor, apertura de mente y, por supuesto, aceptación de la propia falibilidad.

La comunicación del gobierno federal ha sido unidireccional, consistente en la emisión de mensajes generales, abstractos y autoelogiosos. La promoción de las reformas no ha sido sino un desfile de expectativas infladas, bajo el supuesto de que los ciudadanos son más receptores pasivos que interlocutores críticos. Tras varios dolores de cabeza tratando de improvisar frente a micrófonos y cámaras, el Presidente optó por refugiarse en discursos prefabricados, acartonados y que implican pocos riesgos. Luis Videgaray, principal arquitecto y defensor del proyecto económico del gobierno, se ha desdibujado de los medios de comunicación, quizá en parte por el mal ánimo de la iniciativa privada hacia el magro desempeño económico del país. Miguel Osorio Chong está metido de lleno en la resolución de problemas políticos y de seguridad, sin intenciones de entrar en una lógica de confrontación de ideas sobre los asuntos que conciernen a su secretaría. El resto de los secretarios y los legisladores del PRI difunden por doquier lo que entienden como éxitos por venir, en lugar de contrastar sus ideas de “éxitos” con las de otros, a pesar de los riesgos que podría implica esta exposición pública.

¿Qué explica que hasta ahora comience a visibilizarse nítidamente que el gobierno no discute? El resquebrajamiento de los acuerdos políticos del Presidente con los partidos de oposición y que la agenda legislativa se encuentra sobrecargada. Cuando PRI, PAN y PRD conformaban un solo bloque que empujaba el mismo proyecto, e incluso cuando PRI y PAN o PRI y PRD se aliaron en torno a objetivos comunes, dificultaron la aparición de expresiones amplias de descontento. Los canales diseñados para la interacción entre ciudadanos e instituciones estaban taponados por un monolito difícil de penetrar –el Pacto por México primero y las coaliciones bipartidistas después–, que complicaba la emergencia de posturas contrarias a la agenda en que los partidos mayoritarios estaban de acuerdo. Cuando el bloque comenzó a agrietarse, distintas facciones de los partidos de oposición y amplios sectores de la sociedad encontraron los espacios para expresar su inconformidad, máxime ahora, cuando son tantos los asuntos por discutir y tan amplios y variados los intereses en torno a ellos.

Cuando Peña Nieto llegó a la Presidencia, había dudas sobre cómo se comportarían los priistas gobernando un México muy distinto al que habían dejado en 2000. Las dudas poco a poco comienzan a despejarse y una de las respuestas más consistentes es que el PRI no ha entendido que los tiempos en que los gobiernos podían presumir de una racionalidad absoluta, que los exentaba de debatir en el espacio público sin enfrentar mayores costos, quedaron atrás.

A lo largo de las próximas semanas, durante el periodo extraordinario del Congreso de la Unión, saldrán a relucir distintas propuestas de reforma a las leyes reglamentarias de los cambios constitucionales aprobados el año pasado. El Ejecutivo y los grupos parlamentarios del PRI en el Legislativo quedarán muy comprometidos a discutir, aunque no les guste. Veremos si lo hacen y, en caso de que sí, cómo lo hacen. A partir de esto habrá indicios para saber si no lo habían hecho antes porque no querían o porque no saben. Incluso si no saben discutir, más les valiera comenzar a intentarlo, porque lo contrario les está saliendo muy caro.

* Germán Petersen Cortés es politólogo