El General Cienfuegos y el mal absoluto

La detención del General Cienfuegos la madrugada del 15 de octubre en Estados Unidos puede abrir una caja de Pandora. En caso de que el General resulte responsable de los cargos que se le imputan, estaría claro también que se emplearon recursos públicos -por ejemplo, instalaciones, aeronaves, autos, armas y personal a su cargo- para facilitar y cometer esos delitos que, en muchos casos, dieron lugar a violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos.

Carlos Nino ha señalado (2015:41) que las violaciones sistemáticas, de gran escala, a derechos humanos, suponen el “mal absoluto” o como Kant lo denominó el “mal radical”; se distinguen, según Nino, por ser ofensas contra la dignidad humana tan extendidas, persistentes y organizadas que, para el sentido “moral normal” resultan inaceptables. Nino menciona que no son acciones “incorrectas”, que ese calificativo queda corto para este tipo de atrocidades.

El carácter sistemático y masivo de estas violaciones a derechos humanos en México ha quedado documentado claramente en diversas fuentes tanto nacionales como internacionales. En su mayor parte, estas violaciones a derechos humanos han ocurrido a manos de las fuerzas armadas de México y, por supuesto, bajo el mando de diversos secretarios de la Defensa Nacional. La CMDPDH ha documentado 143 víctimas de tortura, asesinato y/o desaparición forzada, en 21 recomendaciones de la CNDH que involucran a personal adscrito a la SEDENA; todos esos casos ocurrieron bajo el mando de Cienfuegos como secretario.

Aún más, la CNDH comprobó, en estas recomendaciones, que la SEDENA hizo uso de instalaciones militares, armas, personal de tropa y autos oficiales, con el propósito de cometer delitos contra bienes jurídicos fundamentales como la vida, la libertad, la integridad personal y el libre desarrollo de la personalidad, actos que, en última instancia, constituyen también violaciones a los derechos humanos.

Aunado a esto, el registro documental también da cuenta del mal que Cienfuegos causó cuando estuvo al frente de las Regiones Militares I y VII, respectivamente; por ejemplo, en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua se han documentado crímenes atroces que, por su naturaleza organizada y sistemática, han sido referidos a la Corte Penal Internacional como crímenes de lesa humanidad (FIDH, 2018).

No cabe duda que ante la evidencia, el “mal absoluto” del que habla Nino se cierne sobre el aparato del Estado mexicano. El problema no es tan simple como la idea de un general corrupto o la incorrección de que un funcionario de alto nivel se coluda con el crimen organizado. El problema es que, para cualquier juicio moral normal, las atrocidades cometidas son algo más que inapropiadas y deberían llamar nuestra atención al hecho de que el mal absoluto se ha venido a enquistar en nuestras instituciones públicas. El grado de organización con el que se han realizado violaciones sistemáticas a los derechos humanos deja muy claro que los asesinatos, desapariciones y torturas no los han cometido “unas cuantas manzanas podridas”, sino que han requerido la aquiescencia y apoyo de todo el aparato del Estado.

Señalar lo obvio siempre tiene un dejo de desesperanza, pero es inevitable hacer notar que la documentación de los crímenes atroces del ejército cometidos bajo el mando del General Cienfuegos han sido conocidos por autoridades del más alto nivel en esta administración y la pasada. A pesar de ello, el mal enquistado en nuestra instituciones no ha permitido que el General rinda cuentas ante la justicia en este país. Es también increíble que la palabra corrupción nuble nuestra capacidad colectiva de denunciar el mal absoluto que este General pudo haber orquestado desde el interior del aparato del Estado; y sin duda, ha sido sorprendente mirar a un presidente que banaliza la maldad de las fuerzas castrenses para armarlos hasta los dientes.

El arresto de Cienfuegos debe llamar al gobierno de México para reconsiderar el papel del Ejército en actividades que no corresponden tradicionalmente a las Fuerzas Armadas. Además, debe ser una llamada de atención que permita una purga institucional. Pues, de comprobarse los cargos que se imputan al General, México está en “jaque” pues podría ser señalado como un “narco Estado”, en donde, además, se cometen crímenes de lesa humanidad que permanecen en la impunidad.

La Fiscalía General de la República, ahora tiene la responsabilidad de tomar en cuenta el proceso llevado en Estados Unidos, para investigar y lograr judicializar crímenes cometidos bajo el mando del General en el territorio Nacional, y de otros, que pudieron actuar bajo su mando o en complicidad y que probablemente siguen ocupando puestos públicos.

* Lucía Chávez (@LucyChavezV) es Directora del área de investigación de la @CMDPDH. Rodolfo Franco (@francopolis) es  Sub director de programas de la @CMDPDH.

 

 

Referencias:

CMDPDH. (2020) . Disponible aquí.

FIDH, CMDPDH, et al. (2018) De la Estrategia de Seguridad a los crímenes de lesa humanidad en México. Disponible aquí.

Nino, C. (2015) Juicio al Mal Absoluto.