El gasto público para el proceso electoral del 2012

Por: José Tapia, Director de Investigación y Proyectos de México Evalúa

 

La reforma electoral de 2007 aprobada en el Congreso prometió que el costo de las elecciones se vería reducido a través del tiempo. Esperaríamos ver este resultado a la luz del proceso electoral del próximo año.

 

Sin embargo, tenemos pocos indicios que indiquen que así sucederá. En conjunto, los presupuestos solicitados para 2012 por parte del Instituto Federal Electoral (IFE), Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TRIFE) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) son mayores al del proceso electoral de 2006.

 

El IFE requerirá para su operación la suma de 10,661 millones de pesos y adicionalmente otros 5,292 millones de pesos en prerrogativas a partidos políticos: un 12% adicional comparado a lo recibido para el proceso electoral de 2006 y 50% más que lo aprobado para 2011. Por su parte, el TRIFE del poder judicial solicita para el próximo año 2,368 millones, lo que representa un presupuesto 87% superior al de 2006 y 18% arriba de este 2011. En tanto, la FEPADE de PGR requerirá sólo 129 millones de pesos.

 

Lo que nos preocupa, más allá de la propias cifras, es que no se establezcan parámetros de medición que nos hablen de efectividad e impacto de este gasto en el corto o mediano plazo. Porque más allá del discurso de fortalecimiento democrático, ¿en qué se traduce este enorme gasto?, ¿quiénes son responsables de su ejercicio y a qué instancias responden?, ¿cuáles son los espacios para mejorar su eficiencia? La verdad es que no lo sabemos.

 

Recordemos que los partidos políticos en México no son sujetos obligados de observación y rendición de cuentas por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Como apunta el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sólo podemos conocer a través de reportes del IFE, la cantidad de recursos que los partidos reciben por sus prerrogativas y algunos otros aspectos como el uso de medios, pero no sabremos a detalle cómo se ejerce ese gasto.

 

Sin duda, una política de fortalecimiento democrático no puede avanzar sin recursos financieros. Pero hoy, lo único evidente es que se consolida una adicción al dinero, que sólo busca mayores recursos y, pareciera, se ha convertido en el fin último de los actores que intervienen en el proceso electoral. Ello, sin avanzar de forma decidida en mejorar la rendición de cuentas y generar contrapesos ciudadanos que observen este gasto de manera efectiva en los tres niveles de gobierno.

 

Debe haber mejores formas de hacer las cosas. Para fomentar un mejor gasto electoral, debe haber una discusión enfocada a la eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos, el costo real de las reformas, así como definir parámetros de efectividad a la labor de los partidos políticos y los tribunales electorales. Sería muy sano que los ciudadanos podamos ser parte de esta revisión, regresando a la mesa de discusión una visión ciudadana que debiera estar siempre presente.

 

En resumen, por el bien de nuestro avance democrático, esperemos que la contienda del próximo año se conduzca de forma armónica y motive a los ciudadanos a participar, para que aprovechemos al máximo esta gran cantidad de recursos que autoriza el Congreso y crece año con año sin un fundamento claro.

 

México Evalúa inicia un monitoreo a este apartado del gasto electoral.

 

 

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