El fortalecimiento de la política de competencia económica a través de la docencia

Por: Laura A. Méndez

El derecho de la competencia económica es relativamente reciente si lo comparamos con otros marcos normativos como el estadounidense, el canadiense, el inglés o el europeo. Desde la publicación de primera legislación de competencia mexicana en 1992, la evolución de esta rama del derecho ha sido notable. Las reformas de 2006, 2011 y la reciente reforma constitucional de 2013, y su legislación secundaria del año pasado, han adoptado el derecho de la competencia mexicano a las mejores prácticas internaciones, a la vez de buscar resolver los problemas endémicos que sufren los mercados mexicanos, especialmente los regulados.

Visto en perspectiva, el derecho de la competencia en México es aún una materia poco explorada. No solamente me refiero a los textos académicos publicados o el escaso número de artículos científicos al respecto. Más allá de eso, hasta hace poco, esta materia despertaba poco interés de los directivos de las universidades, de los universitarios y de los estudiantes de posgrado. Mientras que en otros países como Inglaterra, Bélgica, España, Estados Unidos de América y Alemania existen estudios de maestría especializados en temas de competencia, en México a la fecha es imposible encontrar alguno.

[contextly_sidebar id=”IGcDSqTEnrm9GQq3HaT62FfU5uMKQ9CM”]Sin embargo, es importante reconocer que durante los últimos años, gracias al importante esfuerzo de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y de su predecesora, así como de varios departamentos de derecho y académicos interesados en los temas de competencia, regulación y consumidores, se ha incorporado en algunos programas universitarios la materia de derecho de competencia económica. Asimismo, se han creados cursos y diplomados de actualización cuya calidad es en verdad notable.

En el marco de lo anterior, he tenido la oportunidad de impartir durante los módulos relacionados con competencia económica en la clases de la materia “La empresa ante los consumidores y la competencia” en el ITAM. Lo anterior me ha permitido confirmar la importancia que la transmisión del conocimiento y los principios de la competencia económica tiene para el desarrollo de la política de competencia en el país. Asimismo, me ha permitido identificar algunos retos que la docencia de esta materia representa para alumnos y profesores.

Antes de continuar, considero importante distinguir entre el derecho de la competencia y la política de la competencia, pues aunque son términos que frecuentemente son utilizadas como sinónimos, en realidad encierran importantes diferencias. De acuerdo con Jones y Sufrin[1], la política de competencia describe la forma mediante la cual los gobiernos adoptan medidas para promover conductas y estructuras de mercado competitivas. En consecuencia, el derecho de la competencia es una de las herramientas para instrumentar la política de competencia.[2]

Derivado de lo anterior, debemos entender que la política de competencia incluye acciones de aplicación del derecho de la competencia, pero también de la promoción de la política de competencia. Lo anterior no sólo a nivel de los reguladores y otras autoridades públicas, sino también como la creación de una cultura de la competencia. Dicha función de promoción a la competencia es comúnmente denominada como “abogacía” alrededor del mundo y es una piedra angular para lograr los objetivos de la competencia.

La impartición de materias relacionadas con la competencia económica sin duda contribuye con la labor de promoción de la competencia y el fortalecimiento de la política de competencia en nuestro país. Desde mi punto de vista, la formación de estudiantes en esta materia coadyuva con las autoridades de competencia al:

1. Fomentar una cultura de la competencia en la sociedad. Es la más general de todas, pues los estudiantes contribuyen a difundir y divulgar los principios de la competencia en sus círculos sociales.
2. Fortalecer una cultura del cumplimiento voluntario (compliance). Los estudiantes, como futuros, o presentes, directivos o abogados corporativos, promoverán la adopción de mejores prácticas y programas para el cumplimiento de la ley al interior de las empresas y asociaciones (profesionales o industriales).
3. Formar futuros servidores públicos. La impartición de cursos de competencia permiten la formación de estudiantes que en un futuro podrán concursar para ocupar plazas dentro de las autoridades de competencia o los tribunales especializados. De esta forma se reduce la curva de aprendizaje y se logra identificar desde una edad temprana a potenciales servidores públicos.
4. Desarrollar futuros litigantes. No todos los estudiantes estarán interesados en formar parte del servicio público. Sin embargo, igual de importante es que existan egresados con conocimientos de la materia que se dediquen al litigio o a la investigación en estas materias. Es necesario que en un futuro existan más abogados postulantes que incentiven la generación de criterios judiciales novedosos y profundicen en el fondo y no tanto en la forma. No es que no los haya ahora, pero es que faltan en un país con más de cien millones de habitantes y tantos problemas de competencia. Hay que recordar que en otras jurisdicciones ha sido la reclamación privada de daños, así como las apelaciones ante los tribunales las que han dado contenido al derecho de la competencia.
5. Formar líderes de la sociedad civil. Asimismo, dada la escasa sociedad civil involucrada en temas del consumidor en nuestro país, sería deseable y positivo que algunos de ellos fomentaran la aplicación del derecho de la competencia desde las organizaciones sociales.

Sin perjuicio de lo anterior, es importante también resaltar los retos que la docencia del derecho de la competencia económica significa, tanto para los docentes como para los alumnos:

1. Falta de nociones previas y difícil comprensión. Es importante reconocer que a diferencia de otras ramas del derecho donde los estudiantes están más familiarizados, incluso desde su infancia, como derecho constitucional o administrativo, el derecho de la competencia económica no resulta tan conocido. Quizá porque a diferencia de las otras materias no se encuentra incluido en las clases de educación primaria, ni preparatoria. Lo anterior hace que para muchos sea un tema complicado de entender. Adicionalmente, su comprensión depende mucho también de la universidad y el grado de materias relacionadas con la economía. En universidades como el ITAM o el CIDE, donde los alumnos de derecho llevan clases de micro y macro economía, las bases económicas podrían ayudar a los alumnos a entender la racionalidad económica que existe detrás de esta materia. Sin embargo, considero que aun cuando las universidades no tengan dichas materias incluidas en los programas de derecho, es posible tener materias de derecho de la competencia económica muy exitosas, siempre y cuando la parte teórica económica de la competencia sea suficientemente clara y extensa.
2. Ausencia de bibliografía especializada. Un tema importante es la poca bibliografía especializada que existe en las universidades sobre la competencia económica. De nuevo, algunas universidades podrían tener más libros y bases de datos especializadas que otras, sin embargo son contadas. Adicionalmente, debe considerarse que las bases de datos electrónicas de revistas especializadas pueden llegar a ser muy costosas, lo que puede representar una barrera para su acceso. Además, la mayoría de bibliografía se encuentra en idioma inglés, por lo que para aquellos estudiantes que lo dominen pudiera resultar más complejo su estudio.
3. Visión de desarrollo profesional. Precisamente porque es una materia relativamente nueva, los estudiantes no tienen muy claro dónde podrían trabajar si estudiaran esta materia. Lo primero que se les viene a la mente es la COFECE o el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Sin embargo, hay que recordar que como hemos señalado hay muchas otras posibilidades. Abogados corporativos, abogados externos, agencias reguladoras, consultoría, son solo algunos ejemplos. Por ello, es importante hacerle saber a los alumnos cómo este conocimiento podría servirles para su desarrollo profesional y que es un tema transversal con otras políticas como son los derechos del consumidor, la regulación energética, de transportación o salud, entre otras.
4. Evolución frecuente de esta materia. Otro reto es que esta materia se encuentra en constante evolución, y dada la reciente reforma constitucional en materia de competencia, en México hay muchos temas que aún están pendientes de ser definidos por los tribunales. Así por ejemplo, esperaríamos que se emitieran criterios judiciales relacionados con las visitas de verificación, o con la aplicación del artículo 94 de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) sobre investigaciones de mercado, que doten de contenido y aclaren los alcances y limitaciones de estas facultades.

A partir de mi experiencia, la docencia del derecho de la competencia debe de mirar hacia dos lados. Por una parte, hacia la experiencia nacional, qué es lo que la Comisión y los Tribunales han decidido a lo largo de estos veintidós años. Sin embargo, dado que la competencia económica es un tema global y que existe una tendencia hacia la armonización de los sistemas de competencia alrededor del mundo, debemos atender a la experiencia internacional también. Así, lo que se ha decidido en otras jurisdicciones como la norteamericana, la europea, la brasileña, la inglesa o australiana, es muy relevante para que los alumnos comprendan los alcances y límites del derecho de la competencia. Adicionalmente, es fundamental lo que organismos internacionales como la Red Internacional de Competencia (ICN, por sus siglas en inglés) o la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) tienen que decir al respecto.

Asimismo, es relevante que el derecho de la competencia sea enseñado a partir del estudio de casos, tanto nacionales como internacionales. De esta forma, los alumnos aprenden a analizar los diferentes elementos de los problemas de competencia. Hay que recordar que una misma conducta puede tener varias aristas, y que para unos puede ser considerada anticompetitiva y para otros no, sobre todo cuando se trata de concentraciones o prácticas unilaterales.

Además, es importante que los profesores fomenten la elaboración de trabajos de investigación en la materia, como son las tesis. El Premio de Competencia que creó la COFECE busca incentivar que los estudiantes lleven a cabo investigación en esta materia. Este tipo de trabajos son sin duda complementarios para la construcción del derecho de la competencia mexicano, pues se trata de cuestionar y analizar el derecho.

La enseñanza de estas materias también es una fuente de Identificación de talentos. Cuando uno da clase, se da cuenta de que existen estudiantes a los que estos temas les apasionan, pues les permiten combinar aptitudes y gustos tales como la economía, el derecho, la regulación, los consumidores y hasta a veces, hacer labor un poco de detectives.

Asimismo, considero que será muy importante que en los años venideros las universidades mexicanas establezcan alianzas con sus pares extranjeras que tienen departamentos especializados en competencia económica. Lo anterior sin duda dará un impulso enorme a la docencia de la competencia en nuestro país.

Finalmente, quisiera concluir que la política de competencia y docencia del derecho de la competencia económica son elementos inseparables. La enseñanza y promoción de esta materia en las aulas coadyuvará con el desarrollo y la implementación efectiva de la política de competencia en México.

 

* Laura A. Méndez es Maestra en Derecho de la Competencia Económica, KCL. Las opiniones y comentarios vertidos en este artículo por la autora son estrictamente personales a partir de su experiencia en la docencia. No representan a ninguna institución pública, ni privada.

 

 

[1] Alison Jones y Brenda Sufrin, EU Competition Law, OUP, 2011, p.1,

[2] Idem, p.2