El fondo del asunto

Una empresa de telecomunicaciones mexicana: la más rentable del mundo, pésimamente regulada y conocida por sus abusos a decenas de millones de clientes deja sin servicio a innumerables usuarios, y proporciona un deficiente servicio de red con intermitencias continuas durante meses enteros. El viernes pasado, 19 de febrero, se cumplieron cinco años de una de las peores tragedias mineras de la historia de México: decenas de trabajadores perdieron la vida en Pasta de Conchos -tal y como se relata en el recuento de injusticias narrado por un grupo de valientes periodistas jóvenes ‘País de Muertos’, recopilado por Diego Enrique Osorno bajo el sello de la editorial Debate- y a diferencia del esfuerzo y energía que Chile le dedica al exitoso rescate de sus propios mineros vivos atrapados en Copiapó, ni la propietaria Grupo México ni el gobierno hacen el menor intento por recuperar los cuerpos que aún se encuentran en el lugar. La autoridad, junto con la iniciativa privada, emprenden sin consulta múltiples obras de infraestructura que afectan y dañan irreparablemente la ecología, o bien privilegian la opacidad en un entorno de corrupción generalizada. La de por sí deficiente calidad de nuestra educación pública se deteriora sin remedio. El patrimonio histórico y cultural que a todos nos pertenece se destruye irremisiblemente. Los derechos humanos se violan con impunidad, sin que exista poder institucional o humano que lo impida.

Hay maneras de combatir estas pésimas prácticas, y de lograr que el Poder Judicial legitime a grupos afectados y dicte sentencias o suspensiones que disuadan y/o transformen la conducta de grandes infractores públicos y privados. Sólo así podríamos colocarnos, ellos y nosotros, en igualdad de circunstancias. Sólo así lograríamos relaciones equilibradas en los que todos y todas pudiésemos salir beneficiados con mercados más eficientes, mejores servicios y funcionarios públicos e instituciones más responsables.

Las Acciones Colectivas siguen siendo una aspiración irrenunciable y largamente pospuesta en México. Los grupos ciudadanos desafiliados y Asociaciones Civiles que son sus principales impulsores desde 2006, podrían finalmente iniciarlas en fecha próxima. Ya poseemos (todas y todos) ese derecho constitucional, pero falta la parte más complicada: definir los detalles y adoptar las mejores prácticas nacionales e internacionales. La batalla por obtener una ley secundaria que las regule constituye un capítulo inacabado y de resolución incierta. A pesar de los esfuerzos dedicados a esta causa a lo largo de seis años -tanto en la academia como en los medios y las redes sociales- el desenlace puede ser muy negativo.

No por ser sobradamente conocida, la historia merece dejar de contarse. De una votación favorable y sin presiones o cabildeos depende que la defensa del interés público se vuelva prioridad nacional de cara al futuro.

Los casos mencionados al principio son realidades de todos los días, en ausencia de herramientas jurídicas que garanticen la recurrencia de abusos masivos en ámbitos diversos. A diferencia de las soluciones comprobadas y mecanismos de defensa que ya se han implementado en otras naciones del mundo, la clase política y empresarial de México recurre al desgaste y apela con retórica a las ‘aproximaciones sucesivas’ que sólo existen en su más recóndita e interesada imaginación.

¿Cuáles son los cambios incorporados a las reformas procesales que se aprobaron en el Senado en diciembre de 2010? Baste recordar un caso muy concreto, a saber: la imposibilidad -en los hechos- de emprender Acciones de Grupo amplias e incluyentes en contra de Telcel que deriven en sentencias favorables para todos y cada uno de sus consumidores, en situaciones atribuibles a malas prácticas de este proveedor y en virtud del pésimo servicio y compensaciones irrisorias (optativas e incompletas) que se ha comprometido a extenderle a algunos de sus clientes el mastodonte telefónico dominante. Una opción intermedia es la Petición que circula en Twitter, para que Profeco emprenda Acciones específicas en su contra, y que ya ha recabado miles de firmas. Aquí el enlace.

Si los diputados votan en los actuales términos la contrarreforma propuesta, cuyo esquema original fue deformado por la cúpula bancaria y el Consejo Coordinador Empresarial, los únicos beneficiados serían aquellos o aquellas que acreditasen ante la autoridad judicial un posible daño. Una ínfima fracción: cientos o miles de un total de millones de usuarios, que difícilmente obligaría a la empresa o gobierno a modificar su conducta depredadora. Esto explica el gran interés por desahogar este tema por parte de sectores que quieren perpetuar sus privilegios y arbitrariedades, y la prisa exhibida a últimas fechas que contrasta con el tortuguismo que se exhibió cuando la propuesta estaba intacta (y obviamente no era de su agrado).

La capitulación ante intereses creados no puede ser más evidente. Se sacrifica la obligación, por parte del proveedor, de hacer pagos a todos los integrantes de la clase directamente afectada, a cambio de un mecanismo limitado (y a modo) que coloca la carga de la prueba en los usuarios: obligados además a cumplir con requisitos engorrosos ante la autoridad. La mejor garantía de preservar un régimen de simulaciones que tanto trabajo ha costado desmontar. Una opción inconcebible en el resto del Continente Americano, donde el ‘opt-out’ u opción incluyente es la norma.

Esta modalidad que pretenden incorporar las y los legisladores, sería la excepción a la regla universal y contempla limitar las materias abordables. Sólo se incluyen las siguientes esferas altamente circunscritas: consumo, servicios financieros, competencia económica y medio ambiente. También excluye posibles demandas contra los tres niveles de gobierno. Nada de reforzar los derechos humanos, ni otras “nimiedades” por el estilo. Que el bien común sí sea prioridad en países tales como Argentina, Colombia, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, la India, Filipinas, Israel, Uganda, Nigeria y Sudáfrica (cuyas sociedades pueden ejercer esta facultad a plenitud) no parece molestar sobremanera a los que crearon el esperpento local: ejecutivos, gestores y representantes de las grandes cámaras de industria y el comercio, con filiales en otros lugares donde los excesos que se cometen aquí mismo, allá son inimaginables.

Al cuento trillado de nuestra excepcionalidad, se le ha querido añadir la urgencia de consumar acuerdos y perpetuar simulaciones antes de que se atraviese la tormenta perfecta de las elecciones estatales y federales.

México tiene que incorporarse al mundo de las garantías colectivas plenas. En ese sentido, las fronteras internacionales se disuelven. La cultura de los derechos económicos, sociales y culturales sigue abriéndose paso gracias a una sociedad civil que se organiza en rincones diversos que hasta hace poco se consideraban refractarios a estos cambios estructurales. No hay vuelta de hoja ni retorno posible.

Los diputados están en tiempo de modificar el proyecto que lejos de resolver nuestros problemas de justiciabilidad, los exacerban. Esta decisión será definitoria. No podemos perder la oportunidad histórica de corregir el rumbo.

Es muy probable que la Cámara baja dictamine pronto la propuesta previamiente turnada por su contraparte en el Senado. El tema ya forma parte de la discusión general. Sus alcances lo convierten en herramienta de cambios y políticas públicas que pueden producir equilibrios necesarios entre proveedores y usuarios, o gobierno y ciudadanos en defensa de sus derechos colectivos.

Urge que se modifique esta contrahechura negociada a espaldas de sus promotores originales, y que surgió en principio del empuje de una ciudadanía que no está dispuesta a seguir esperando metas u horizontes inalcanzables. Nuestra sociedad tampoco va a conformarse con compromisos meramente discursivos e imposibles de llevar a la práctica.

Mejor idea será tomarse un respiro. Rescatar el espíritu y la letra originales, de uso continuo en decenas de países. Debemos evitar que se apruebe un mal remedio que será mucho peor que nuestra actual enfermedad: la indefensión sancionada ante situaciones graves que nos lastiman masivamente, y que requiere mecanismos de defensa dignos del siglo veintiuno. Éste es el fondo irrenunciable del asunto.