El fiasco del monitoreo

Durante el proceso electoral federal de 2006, la propaganda electrónica llegó a niveles alucinantes. En los últimos días de la campaña las audiencias fueron literalmente bombardeadas con miles y millones de “spots” de los partidos políticos en una desaforada competencia que más parecía pretender ganar a fuerza de lo tupido de los impactos, que por las ideas que supuestamente transmitían. “Si hubiera habido manera de ponerle un segundo piso a las emisiones, se lo poníamos”, me confió un exultante amigo mío, comercializador de dichos espacios.  Ese año también estrenó coche.

Las audiencias, o sea todos los mexicanos –incluyendo políticos y gente de medios- terminamos asqueados de tanto spot. Con el recuerdo de esta indigestión fue fácil aprobar las reformas electorales de 2007, donde quedó prohibido para todos contratar tiempos para hacer propaganda en radio y televisión. Los únicos espacios que se utilizarían serían los del Estado; y el IFE la institución que los administraría.  Las protestas de los medios solo sirvieron para confirmar la convicción de que se estaba obrando bien; pero en realidad apenas comenzaba la cadena de barbaridades.

La inserción, programación, difusión y monitoreo de publicidad o propaganda en radio y televisión es un proceso en que  el anunciante y el medio trabajan en conjunto para lograr el resultado que es hacer llegar un mensaje preciso a la audiencia correcta. Las tareas requeridas para lograrlo llegan a ser complejas pero se hacen con un evidente interés comercial. Pero ¿Qué pasa si esta publicidad electoral se les impone a los concesionarios quienes deben transmitirla sin ganancia alguna?  Pues que lo harán con muy pocas ganas y menos efectividad.

Ahora sería el IFE la única institución donde se concentraría todo el material de todos los partidos, para todas las campañas (locales y federales) y se distribuiría a cerca de 1,300 estaciones de radio y 700 de televisión (menos sus repetidoras) a lo largo y ancho del país. El Instituto debería distribuir tiempos, armar pautas, procesar las distintas versiones, enviar los medios oportunamente y verificar que efectivamente se  transmitieran de acuerdo a lo programado.

Por si esto fuera poco, el Instituto debería también detectar si en cualquiera de esas 2,000 emisoras se transmitía cualquier tipo de propaganda electoral que indebidamente no hubiere pasado por su control; y aparte certificar la objetividad en el manejo informativo de todos (sí, todos) los espacios noticiosos que dichas emisoras transmitieran.

Hasta ahí lo que la ley y sus reglamentos ordenan.

Me extraña que nadie en su momento hubiera señalado que el cumplimiento de tales disposiciones era virtualmente imposible desde el punto de vista logístico, técnico y económico. No existe en el mundo un sistema de administración de contenidos y/o monitoreo y verificación que abarque tal cantidad de material, ni mucho menos tal número de emisoras, lo cual aunado a la vasta dispersión geográfica del país, hace el proyecto no solo imposible, sino que daría risa solo considerarlo.

Pues en el IFE no se reían. Y con una audacia rayana en la estupidez, el Instituto diseñó en 2008 el pomposo “Sistema Integral de Administración de los Tiempos del Estado SIATE” (por acrónimos no paramos) y convocó a una licitación pública internacional para adjudicarlo.  Por pura curiosidad e interés profesional compré las bases que estudié detenidamente y asistí a las larguísimas sesiones de las juntas de aclaraciones, que duraron varias semanas.    Se trataba de un proyecto de alcances monumentales para el que se contaba con poco tiempo.  La tecnología elegida, llamada de “marca de agua” ha demostrado ser poco eficiente aún en las mejores condiciones de distribución y transmisión, mismas que no existen en nuestro país. Además de proveer cantidades ingentes de equipo de digitalización, cómputo, almacenamiento y telecomunicaciones, el proyecto buscaba instalar una red nacional de distribución de contenidos vía satélite, 150 centros regionales de monitoreo y un centro nacional; que todo quedara instalado en pocos meses, y el personal debidamente capacitado.

Desde el principio me quedó claro no solo que cumplir con todo lo que la ley ordena era imposible, sino que el “sistema” diseñado por el Instituto lo era todo menos “integral”, que imponía una solución tecnológica a modo y a un nivel de detalle tal que parecía que a las bases solo les faltaba el nombre de la empresa ganadora.  Licitantes serios que proponían alternativas a todas luces más eficientes, no lograron cambiarle una coma a unas especificaciones que yo podría calificar como esquizofrénicas, ya que en casi todos los casos después de un intercambio desgastante y ríspido de preguntas (que tomaban días en responder) el IFE no pudo explicar cuál era la razón por la cual dichas especificaciones debían mantenerse.

Lo anterior provocó que varias empresas se retiraran del procedimiento sin presentar propuestas; algunas muy contrariadas.  Finalmente y después de varias posposiciones, el IFE dio el fallo y el proceso electoral federal de 2009 se llevó a cabo bajo un sistema de monitoreo de spots y contenidos de los medios cuyas deficiencias, irregularidades e inconsistencias no solo en la licitación, sino en la contratación, implementación y operación no garantizaron a la sociedad la equidad en el uso de los medios de comunicación en la contienda, tal y como resolvió este año la Auditoria Superior de la Federación.

El desorden en el proyecto de monitoreo del IFE fue un hecho conocido desde 2009. Múltiples datos y testimonios de partidos, medios informativos y funcionarios del Instituto coinciden en una cosa muy sencilla: el sistema no funciona. No sirve para detectar propaganda política no autorizada, sino para verificar la supuesta correcta transmisión de los spots oficiales. Tampoco prevé la verificación de un manejo objetivo de noticieros tal y como mandata el COFIPE. Desconozco cuántos centros de monitoreo se instalaron finalmente y cuántas de las 2,000 emisoras planeadas cubren, pero dudo que sea un número considerable. En resumen; una millonada tirada a la basura.

¿Por qué no se ha llamado la atención de tan tremendo fiasco y desfalco a la nación?  Porque en realidad nadie quiere hacerlo; a nadie le conviene.

Al IFE no le conviene porque es el responsable de haber diseñado el fallido sistema de monitoreo; es decir, las empresas contratadas solo ejecutaban los procedimientos y suministraban los equipos que el Instituto consideró; pero no eran responsables de que el proyecto funcionara.  Tan poco exigente resultó el Instituto Federal Electoral, que su director de Verificación y Monitoreo, Roger Milton Rubio, quien fue renunciado hace unos días, provenía precisamente de la empresa ganadora de la licitación, Grupo de Tecnología Cibernética.

A los partidos tampoco les conviene porque fueron éstos los impulsores del sistema de administración de tiempos del Estado por parte del IFE a través de las reformas electorales. Se demostraría que fueron omisos en validar las diferentes etapas del proyecto a través de comités técnicos que le daban seguimiento.

Y a los concesionarios de radio y televisión tampoco les conviene porque un sistema de verificación que no funciona les da carta abierta para saltarse los controles y comercializar por debajo del agua y burlándose de la ley, tiempos y tratamientos electorales. (Lo cual no sucede actualmente ¿Verdad?)

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Si bien es cierto que la pertinencia de las reformas que impiden a partidos y particulares adquirir tiempos de propaganda, y al IFE centralizar y verificar la difusión estos contenidos es cuestionable, las tareas que el COFIPE mandata en términos de distribución, pautado, monitoreo, compulsa y verificación de transmisiones son virtualmente imposibles de cumplir, por lo que se deja a la ciudadanía en estado de indefensión.

¿Cuál sería en mi opinión la solución al problema del monitoreo del IFE?

Sería soberbio si dijera que la tengo. Y la soberbia ha sido en cierta medida responsable de la inoperancia del sistema actual. Sin embargo, enlisto a continuación algunos elementos que podrían ser parte de la respuesta.

Hacerle caso a Vilfredo Pareto. El 20% de las emisoras concentra mucho más del 80% de la audiencia. Entonces ¿Por qué tratar igual a todas ellas?  ¿Las penas en caso de incumplimiento deben ser las mismas? Monitorear una estación de radio en la sierra de Zongolica sale mucho más caro que hacerlo del canal 2 de Televisa y aunque la ley obliga a una aplicación pareja, ¿No sería mejor destinar recursos a tareas más eficientes?  Un monitoreo puede utilizar inteligentemente muestreos aleatorios, modelos de regresión y otro tipo de técnicas que ahorren recursos.

Un monitorista en cada hijo te dio. En una contienda electoral, los más interesados en saber si una emisora, un partido o candidato incumplen con las disposiciones, son los adversarios. Si el IFE publicara oportunamente las pautas para cada emisora en cada localidad, más de uno estaría interesado en compulsar; así fuera con lápiz y papel junto al radio, su correcta transmisión. Si a esto se agregara un sistema eficiente de proceso verificación de denuncias que destierre para siempre el interminable intercambio de oficios y escritos; partidos y particulares podrían constituir el más formidable ejército de monitoristas jamás formado y gratis.

Unir recursos. Monitorear las casi 2,000 emisoras de radio y televisión abierta del país es una tarea ingente.  No existe en el mundo (no, tampoco en EU) un sistema que centralice tal cantidad de señales. Sin embargo no es imposible, es sólo que sería demasiado costoso. El gobierno y la sociedad mexicanas se beneficiarían con un esquema de monitoreo de radio y televisión que les permitiera cumplir sus funciones a diferentes dependencias, no solo el IFE, sino la SEP, RTC de Gobernación, la COFETEL y la COFEPRIS, y sería coadyuvante en la tarea de muchas más, tal y como el SAT, Secretaría de Economía y las áreas de seguridad.  Dependencias, instituciones académicas y de investigación se beneficiarían también de un monitoreo oportuno de contenidos.  Si todo mundo quiere un buen monitoreo, ¿Por qué no se crea un instituto independiente que lo realice? Podría cobrar por sus servicios a todos los usuarios enlistados una fracción de lo que ahora se gasta y ser incluso autosuficiente. Una instancia de estas características sería altamente especializada y buscaría siempre utilizar la más avanzada tecnología y promover la investigación.

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Urge de veras, para bien de todos, salir de este ridículo esquema donde unos dicen que verifican y otros dicen que cumplen.  Si ya quedó claro que los medios electrónicos son tal vez el factor más determinante en los procesos electorales del nuevo siglo, no debe soslayarse ningún esfuerzo, ningún ánimo de entendimiento para garantizarle a la gente no solo que sus votos se cuenten bien, sino que sus spots se verifiquen mejor.