El fetiche de la coordinación

La palabra brota en toda conversación con funcionarios del gobierno federal ¿La diferencia con la estrategia de seguridad del gobierno anterior? La coordinación. ¿El eje central del operativo en Michoacán? La coordinación. ¿El propósito de las reuniones con gobernadores? La coordinación. El Presidente de la República hace gala del tema en cada discurso sobre seguridad, al igual que el Secretario de Gobernación. Ídem para el Comisionado Nacional de Seguridad.

Y esto no se queda en meras declaraciones. En una versión preliminar del Programa Nacional de Seguridad Pública, el primer objetivo es el siguiente: “Establecer una coordinación efectiva para el diseño, implementación y evaluación de la política de Estado en materia de seguridad”. Es decir, en la visión del gobierno, la coordinación es un fin en sí mismo, independientemente de los propósitos que se persigan y de la política que se pretenda impulsar.

Bueno, ¿y eso qué? ¿No es preferible la coordinación al desorden? ¿No es deseable que todas las instituciones marchen al mismo ritmo en la misma dirección? No necesariamente:

1. Si la política adoptada es inadecuada, la coordinación no hace sino potenciar el error. Si, por ejemplo, todas las entidades y todas las dependencias se coordinan para poner retenes en las carreteras, cuando hay evidencia de que los retenes no sirven de gran cosa, el resultado es un tiradero masivo de recursos. Mejor que unos los pongan y otros no.
2. Como en el mercado, la competencia entre instituciones del Estado puede ser virtuosa. Si hay un incentivo a quedar mejor que el vecino, son más probables las innovaciones tácticas o la experimentación institucional. La coordinación, en cambio, puede traducirse en uniformidad y débil aprendizaje: si todos hacen lo mismo, es muy difícil descubrir que funciona y que no.
3. En algunas circunstancias, la descoordinación puede servir de barrera a la corrupción. Si la información y la autoridad están diseminadas en un sistema complejo, se vuelve menos provechoso sobornar o intimidar a cualquier funcionario en lo individual. Asimismo, no es necesariamente mala idea que instituciones con larga tradición de prácticas corruptas se sientan constantemente bajo sospecha y vigiladas por otras instituciones (nota: escribí in extenso sobre el tema aquí).
4. La coordinación (al menos como se ha entendido en estos meses de gobierno) puede atentar contra la transparencia y la rendición de cuentas. Por ejemplo, para mantener un clima de cordialidad con los gobiernos estatales, se ha obviado la presentación abierta de cifras comparativas en las últimas dos sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Es decir, en nombre de la coordinación, nadie es llamado a cuentas por lo que hace o deja de hacer (al menos no de cara a la sociedad).

¿Todo lo anterior significa que no hay valor en la coordinación interagencial o intergubernamental, que la información no debe compartirse nunca, que cada dependencia debe andar haciendo siempre lo que Dios le dé a entender? No, tampoco: en ciertas circunstancias y para ciertos objetivos, el trabajo coordinado puede resultar extraordinariamente eficaz. Pero ese es el punto de fondo: estamos hablando de un instrumento que puede ser útil o inútil, dependiendo de los fines que se persigan.

[contextly_sidebar id=”18d012e2b3d21d7f59b7824389004216″]Sacralizar a la coordinación, convertirla en un objetivo de la política pública, es un despropósito monumental. Es muestra patente de falta de claridad sobre lo que se quiere. Peor aún, revela un simplismo radical en el diagnóstico sobre la inseguridad: para los idólatras de la coordinación, el problema del delito y la violencia es de operación política y control de acuerdos. Parecen decir que nuestras dificultades provienen no de nuestra fragilidad institucional, no del desastre de las policías, las procuradurías o las prisiones, sino de un hecho coyuntural: Calderón no conducía bien las juntas y no le hablaba bonito a los gobernadores (pero no hay que preocuparse, porque ya llegaron los que sí tienen mano izquierda).

En un artículo reciente, Jesús Silva-Herzog Márquez escribió lo siguiente:

  El gobierno de Peña Nieto es el gobierno de los operadores políticos. Negociadores sin mapa, gestores sin plan, delegados sin instructivo. Negocia lo que sea, pero negocia, parece ser la orden. Entrega lo que sea, cede lo que sea, pero firma. No pierdas el tiempo leyendo el contrato porque lo importante no es el convenio, es convenir. No importa que el acuerdo sea un estocada al “proyecto” del gobierno. Gobernar es transar.  

Sustituyan negociar, convenir y transar por coordinar y tienen allí, en apretado resumen, la política de seguridad de la administración acutal. Coordínense, es la instrucción. ¿Para qué? No importa, la cosa es salir todos sonrientes en la foto. Sin ideas, sin propuesta, sin proyecto, pero eso sí, bien coordinaditos.

De miedo, les digo.

Nota 1: si uno rasca un poco, los funcionarios responden que la coordinación es para “ofrecer mejores resultados” o bien para “construir un México en paz“. Como ven, la claridad conceptual es lo que prima.

Nota 2: todas las opiniones expresadas en este artículo son estrictamente personales y no representan necesariamente las posturas institucionales del IMCO.

@ahope71