blogeditor · 29 de mayo de 2020
El historiador Yuval Noah Harari ha planteado que la crisis actual por el coronavirus no debería ser vista como un inevitable desastre natural sino como un fracaso de la humanidad. Por lo menos en parte, es la consecuencia de gobiernos irresponsables que gradualmente desmantelaron sus sistemas de salud; que retrasaron medidas que debieron ser inminentes para evitar un mayor número de contagios y que evidenciaron frente al mundo su incapacidad para cooperar de manera efectiva a nivel global. Esta sucesión de consecuencias tiene ciertas similitudes con otra crisis, la del cambio climático. Dadas las circunstancias actuales deberíamos sacar lecciones sobre el alto costo de ignorar los peores escenarios.
Hoy, con la normalidad que se nos resquebraja a pedazos, con esta falsa sensación de seguridad desaparecida, hay una oportunidad de introducir nuevas reglas del juego, como lo plantean países como Francia y Alemania, que ya han anunciado que la descarbonización de la economía será parte central de sus planes de recuperación económica. Para otros gobiernos como el de México, debería de ser -por lo menos-, un momento de cuestionamiento sobre el país que queremos construir. Inexplicablemente, México está emprendiendo una cruzada al pasado. Obsesionado con revivir la época de oro de las energías fósiles no solo le está dando la espalda a los acuerdos de París y a la tendencia internacional de los demás países, sino que se niega a escuchar la racionalidad económica y financiera. Por donde lo veamos, por lo social, económico, político y financiero, el medio ambiente debe ser una prioridad.
Y hay varias razones de que así sea. Uno de los ejes más importantes y más evidente en estos tiempos de pandemia es la profunda conexión que existe entre salud pública y medio ambiente. No es nueva pero mayor evidencia científica refuerza esta interrelación. Hoy sabemos que la deforestación y la fragmentación de los ecosistemas incrementa la transmisión de enfermedades infecciosas de animales salvajes a humanos. Si tomamos en cuenta que 1/3 de las tierras se usa para la agricultura; que cada año tenemos nuevos récords de deforestación en bosques tropicales para suplir la demanda de soya, aceite de palma y carne; y que los gobiernos de países claves para la regulación del clima, como Brasil, con la Amazonía, abren las tierras de este pulmón verde al cultivo, resulta evidente que no solo no estamos escuchado a los científicos sino que de seguir por este camino tendremos un surgimiento cada vez más recurrente de pandemias. Por el otro lado, muy recientes estudios científicos han evidenciado el vínculo claro entre contaminación atmosférica y un mayor número de muertes por coronavirus. Y es que, el incremento de tan solo 1 μg/m3 de partículas finas (PM2.5) está asociado a un incremento del 15% de muertes asociadas al coronavirus.
En México, la calidad del aire es mala una gran parte del año. Si a esto le sumamos otros factores de riesgo, como la obesidad o la diabetes, para las cuales ostentamos penosamente los primeros lugares a nivel mundial, somos particularmente vulnerables no solo al coronavirus sino a futuras pandemias. Por supuesto que tenemos la responsabilidad individual de mantenernos en buena salud; pero es una responsabilidad compartida. El gobierno tiene el compromiso social de considerar la salud de sus ciudadanos al momento de tomar decisiones, pero también, apelando a la lógica más pura: a menor número de enfermos, mayores ahorros monetarios en el sector salud que pueden ser canalizados a otros sectores prioritarios. Cuando tocamos el tema de la contaminación atmosférica, nos damos rápidamente cuenta que la responsabilidad del gobierno es aún mayor, pues la calidad del aire depende en menor medida de acciones individuales. Y es que, en México, la principal fuente de emisiones es el sector energético, responsable de un arrasador 70% de las emisiones. De este 70%, el principal emisor es el sector transporte, con un 36%, seguido de las industrias energéticas, responsables de un 34%, según los datos más recientes de 2015.
Alineado con estos datos y prioridades, el gobierno mexicano se ha comprometido a través de sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs, por sus siglas en inglés) a producir para 2030, el 43% de la electricidad a partir de fuentes limpias. De entre todas las medidas que se podrían haber implementado en el sector energético, incluir a las energías limpias en la matriz energética es la acción con el mayor potencial para reducir emisiones frente a otras medidas, como por ejemplo, la modernización de plantas generadoras de electricidad o la reducción de pérdidas de energía en el sector eléctrico. En ese sentido, la entrada masiva de las energías renovables en nuestro país es clave.
Sin embargo, hace unas semanas despertamos con otra mala noticia: la Secretaría de Energía (Sener) a través de su recién publicada política de confiabilidad, bloquea la conexión de varias docenas de plantas de energía renovable a la red eléctrica nacional, poniendo en riesgo inversiones de US$ 6 mil millones y también, casi 30,000 empleos. En paralelo, fortalece desproporcionadamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al darle prioridad a la electricidad generada por la CFE con combustóleo, más cara pero también muy contaminante, lo que es doblemente preocupante desde un punto de vista de salud pública. Por el momento y frente a los numerosos amparos interpuestos por las empresas de energías renovables, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) dio marcha atrás en las suspensiones que impedían a estas centrales realizar las pruebas preoperativas para poder conectarse a la red.
Cuando se publicó la política de confiabilidad de la Sener, expresé mi descontento al respecto y recibí un sinfín de comentarios que respaldaban esta política, asegurando que “se les terminó el negocio de unos cuantos”; “lo que se está destruyendo es a esas personas que se aprovecharon de las influencias del pasado para construir sus empresas con dinero del pueblo”; “¿energías renovables? o ¿negocios multimillonarios sin pago de impuestos a costa del pueblo? Dejen de disfrazar las conveniencias de unos con mentiras y abusos”. La gran mayoría de estos comentarios podrían aplicarse -sustentado por sólidas investigaciones periodísticas- en sentido contrario, es decir, al manejo turbio de Pemex o de la CFE. Que no se malentienda, no estoy argumentando que en las energías renovables no hay cabida para la corrupción, por supuesto que es un tema que se tiene que analizar y regular, pero lo que los comentarios realmente plantean son falsas dicotomías que revelan sobre todo la gran polarización de nuestra sociedad. Esta no es la batalla por la que vale la pena luchar; solo nos aleja del tema que es verdaderamente central: reflexionar y debatir sobre cómo nos beneficia/perjudica a nosotros, los ciudadanos de a pie, que el gobierno decida apostarle a las energías fósiles o limpias y qué impacto concreto y a largo plazo tiene esta decisión sobre nuestras vidas.
Por dramático que suene, las energías fósiles nos cuestan literalmente la vida. En nuestro país mueren cada año unas 48,000 personas por la contaminación atmosférica. Para dimensionar, la contaminación es el noveno factor de muerte prematura en México. Las partículas finas PM2.5 son particularmente dañinas y también tienen el mayor costo monetario, ya que corresponden al 90% de los gastos en salud por contaminación atmosférica. En ese sentido, apostarle a las energías renovables se traduce en una reducción importante de PM2.5, lo cual mejora la calidad del aire, reduce drásticamente el número de enfermos y por lo tanto, disminuye los gastos en el sector salud. Concretamente, cumplir con el NDC de México en energía limpia se traduce en un ahorro monetario por la reducción de esta mortalidad de 2.7 mil millones de dólares, lo que equivale al 41% del presupuesto nacional de salud del 2019. Las energías renovables también traen beneficios en generación de empleo y seguridad energética, los cuales trato en este otro artículo sobre la necesidad de incluir a las energías renovables en el plan de reactivación económica.
Quizás sería bueno preguntarle a Rocío Nahle, la Secretaria de Energía, en qué nos beneficia a nosotros como ciudadanos que se apueste por las energías fósiles. Que debatamos con cifras y evidencia y no cegados por afinidades políticas e ideologías. Tenemos que ir más allá de la polarización pues no hay que olvidar que, a fin de cuentas, todos estamos en el mismo barco.