El Estado, principal facilitador de la delincuencia organizada

Según el Índice global de crimen organizado 2021, México es el cuarto país más afectado en el mundo por la delincuencia organizada. Es el segundo entre 35 países de América y es el primero si solo se le compara con Centroamérica. En resiliencia, está en el lugar 112 entre 193 países, en el lugar 24 entre las 35 naciones de América y en el tercero entre 8 países con respecto a América Central.

La investigación expone que “la participación del Estado en la criminalidad es un fenómeno profundamente arraigado en todo el mundo: los funcionarios estatales y las redes clientelistas que tienen influencia sobre las autoridades estatales son ahora los intermediarios más dominantes del crimen organizado, y no los líderes de carteles o jefes de la mafia, como sería razonable pensar”.

Identificado como el hallazgo clave número 5, el reporte anota que “Los actores estatales son los primeros a la hora de facilitar economías ilícitas e inhibir la resiliencia al crimen organizado. Los actores integrados en el Estado son el tipo de actor criminal más dominante en el mundo. El grado en que la criminalidad se extiende en las instituciones estatales varía desde una corrupción de bajo nivel, hasta la captura total del Estado”.

Y agrega: “Se descubrió que una de las correlaciones más sólidas que emergen del Índice es aquella entre la presencia de actores criminales integrados en el Estado y el bajo nivel de resiliencia… Los habitantes que viven en un entorno con una alta incidencia del crimen organizado son particularmente vulnerables a la influencia criminal que, de no abordarse adecuadamente, puede infiltrarse en las esferas política, social, económica y de seguridad de las comunidades, arraigándose en las sociedades y dejando poco espacio para que las actividades formales legales y legítimas ganen terreno”.

Pregunté a Siria Gastelum (@siriagastelum), representante de Global Initiative, la organización responsable del Índice, qué quiere decir exactamente actores estatales (State-embedded actors), su respuesta: “Actores adheridos al aparato del Estado o que actúan dentro de él. Pueden ser políticos, burócratas, oficiales electos o miembros de las fuerzas de seguridad y el poder judicial”.

Desde que leí el reporte formulé lo siguiente: Si personas adheridas o parte del Estado “son los primeros a la hora de facilitar economías ilícitas e inhibir la resiliencia al crimen organizado”, cómo esperar que el Estado mismo contenga y reduzca el fenómeno.

Según más y más investigaciones académicas y periodísticas, no hay una frontera en sentido estricto entre la delincuencia organizada y el Estado. El juez Giovani Falcone, ícono en la lucha contra la mafia, habría dicho que luchar contra ésta muchas veces es como luchar contra el Estado.

Hoy en México parece ya un lugar común asociar al Estado con la delincuencia organizada. Nos referimos a esto como si habláramos del clima o de cualquier cosa mundana. Se publicó este Índice y se publican regularmente sólidas evidencias de lo que algunos llaman “zona gris” (donde se organiza la complicidad) y no hay reacción colectiva mayor. Incluso la violencia homicida creciente en los procesos electorales que, según versiones cada vez mejor informadas, representa la toma de poder a balazos por parte de la delincuencia organizada, pasa igual sin grandes sobresaltos.

¿Alguien sabe en realidad qué sigue? En el extremo cínico se ha acomodado mucha gente repitiendo que esto es así desde hace tiempo y no hay nada qué hacer. Lo cierto es que el Estado mexicano ni siquiera propone o intenta diagnósticos oficiales sólidos que ponderen la complejidad, la profundidad y la dimensión del fenómeno. Es demencial: no hay día sin atrocidades asociadas a la delincuencia organizada y en estricto sentido las autoridades hacen lo necesario para que sepamos muy poco o nada qué es eso.

Lo que no falta es la popularidad del discurso que promete la respuesta policial, militar y penal. Todos los días las élites políticas usan el tema para ofrecer medidas duras y populares, todo el tiempo la mayoría de la sociedad exige justamente eso, pero cotidianamente confirmamos que ni siquiera la promesa punitiva se cumple para desmontar las redes.

Es dable suponer que al Estado le funciona muy bien reproducir una política de seguridad y una política criminal que en realidad no confronta la delincuencia organizada ni transforma los factores que la reproducen, prefiriendo más bien aprovechar el tejido de complicidades que denuncia el Índice global de crimen organizado 2021.

Bajo tal escenario, nada de lo que se está haciendo dará resultados diferentes, continuando el empoderamiento sin límites de los tejidos de complicidades que administran y disputan con violencia todos los mercados ilegales imaginables.

Para saber más sobre cómo se midió todo esto, escuchemos a quienes hicieron el Índice el próximo 9 de marzo a las 10 de la mañana en un Cafecito más del Programa de Seguridad Ciudadana (consultar detalles en @PSC_IBERO).

@ErnestoLPV