blogeditor · 9 de junio de 2021
La incandescencia preelectoral y la lluvia de datos posterior a las elecciones han arrojado análisis diversos, ponderaciones de qué fuerzas políticas salieron triunfadoras y cuáles perdedoras, sobrios y cautos escenarios sobre el 2024.
Creo que hace falta, sin embargo, reflexionar sobre las condiciones institucionales en las que se dio el proceso electoral, ya que más allá de los humores públicos que reparten votos, filias y fobias, las elecciones son un buen termómetro sobre el estado que guardan nuestras instituciones democráticas.
Primero: atestiguamos un ambiente de linchamiento en contra del INE, el árbitro electoral que garantiza (y lo hizo de manera formidable y a contracorriente) la equidad y la transparencia en los procesos electorales. Esto es un tema mayor para nuestra vida pública: que los resultados electorales hayan estado plagados de zonas grises y nadie se pueda llamar claro y definitivo vencedor no debe equivaler a normalizar los ataques a las instituciones electorales ni a olvidar las amenazas de desaparecerlas.
Segundo: Vimos al presidente de la república violar de manera sistemática las normas de equidad en la contienda electoral, ufano e impune, y una FEPADE haciendo como que la Virgen le hablaba.
Tercero: los recursos gubernamentales a nivel federal fueron puestos al servicio de una fuerza política. No me refiero sólo a los programas sociales o a la campaña de vacunación, sino también a las instituciones del Estado, algunas de ellas autónomas en el papel, que persiguieron (no prejuzgo sobre la inocencia o culpabilidad de los perseguidos) a opciones políticas adversas y omitieron la persecución de los correligionarios.
Cuarto: vivimos un clima de polarización y mutua devaluación que siempre transcurrió a despecho del debate razonado, argumentado y propositivo. Ninguna fuerza política ofreció en la contienda electoral algo parecido a un proyecto de nación o región, algo cercano a un diagnóstico de los problemas del país o de las entidades federativas, con sus respectivos y probables cauces de solución. ¿Qué haremos en materia energética de cara al cambio climático que tiene en sequía severa a casi todo el territorio nacional? ¿Qué haremos en materia de gestión hídrica? ¿Qué necesitamos hacer para garantizar mecanismos eficientes y progresivos de distribución del ingreso? ¿Qué ajustes institucionales necesitamos para disminuir drásticamente la corrupción? ¿Qué planes tenemos para sacar al ejército de las calles y contar con policías eficientes, garantes de derechos humanos, que abatan la criminalidad? ¿Cómo debemos imaginar territorialmente al país rumbo al 2050 para evitar desequilibrios regionales, mala gestión de recursos naturales y desequilibrios económicos? ¿Qué tipo y calidad educativa necesita el país para que la educación sea un motor del desarrollo y un mecanismo de movilidad social? ¿Qué avances y rezagos tenemos en el cumplimiento de acuerdos internacionales en materia ambiental y en todos los rubros que abarcan los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030? ¿Qué haremos en materia de salud -un ámbito concurrente de la federación y los estados-, para garantizar ese derecho a la población? ¿Qué necesitamos para tener una política de desarrollo social en la federación y en los estados que no sea asistencial ni se use con fines electorales?
Quinto: tenemos un sistema electoral que garantiza la alternancia. Debajo de ésta es posible leer hartazgo y desencanto con una u otra fuerza política, pero no sé si convicción y satisfacción con los gobiernos en turno.
Sexto: tenemos una Constitución que permite una sobrerrepresentación del 8%. ¿Por qué no avanzar en el camino de la representación exacta? Si un partido o coalición obtiene un porcentaje determinado de votos, que sea ese mismo porcentaje de curules el que tenga en el legislativo respectivo.
Séptimo: tenemos partidos políticos incapaces de generar e institucionalizar mecanismos de selección de candidatos que respondan a los principios básicos de la democracia: seguimos en la senda de la imposición, del dedazo, de los acuerdos cupulares, de familias dueñas de partidos o regiones, de cacicazgos. Si los partidos son los instrumentos necesarios e ineludibles de las democracias representativas, estamos condenados a la mediocridad mientras éstos no se democraticen y sigan siendo cotos de poderes particulares.
Octavo: tenemos un crimen organizado que cada día impone sus condiciones en más regiones del país, tuerce las manos de más candidatas(os) o sesga sus vidas.
Haber atravesado un proceso electoral debe permitirnos centrar nuestra atención en discutir los problemas nacionales y regionales. La descalificación y la polarización van a contracorriente del bienestar porque reducen los espacios y la calidad de la deliberación. Y, en última instancia, eso es la democracia.
* Sergio López Menéndez es investigador en Controla Tu Gobierno, A.C. (@ControlaTuGob).