El Estado como casero

¿Por qué en México ya no hay vivienda de alquiler público? En muchos otros países lo normal es que exista un stock habitacional perteneciente al gobierno para ser ofrecido a precios accesibles a quienes no pueden pagar los del mercado privado de alquiler. En México sugerirlo es escuchado como un absurdo. Reacción que tampoco extraña en un país en el que un importante sector –incluyendo al interior de la función pública- sigue creyendo que el derecho a la vivienda consiste únicamente en la protección de la propiedad ya adquirida, o bien en el acceso a créditos.

El arrendamiento es la principal opción habitacional para las clases medias y para la población joven, sobre todo para las mujeres –la brecha salarial de género limita aún más las alternativas. Al mismo tiempo, distintos factores han generado que en varias ciudades del país los precios de los alquileres privados hayan aumentado de manera acelerada.

Según el portal Online Mortage Advisor de Reino Unido, en Guadalajara una persona debe destinar el 105% de sus ingresos para pagar el alquiler promedio, siendo así la sexta del mundo con menos asequibilidad. En el caso de Valladolid, Yucatán, debido a su cercanía con Cancún cada vez es más común que los arrendamientos se oferten tomando como referencia los salarios de la Riviera Maya. Además, la proliferación de Airbnb por el turismo ha hecho que en esta población de poco menos de 50 mil habitantes la oferta de alquiler de larga duración sea cada vez más escasa.

Como en muchas otras problemáticas, no existe una panacea para la falta de vivienda asequible. Más bien deben adoptarse distintas medidas de forma articulada, existiendo un amplio catálogo a considerar: desde mecanismos de control al alza desproporcionada de precios como la limitación del número de viviendas de arrendamiento de poca duración en zonas céntricas de las ciudades. Pero una que considero indispensable es contar con una oferta pública de alquiler.

No es una propuesta inédita en nuestro país. Ya han existido desarrollos de ese tipo, como los conjuntos urbanos residenciales Tlatelolco y Presidente Miguel Alemán, diseñados por Mario Pani por encargo de las autoridades para atender la crisis económica y de vivienda que atravesaba la capital. Sin embargo, con el paso de las décadas esta estrategia fue abandonada por el Estado mexicano: muchos conjuntos fueron destruidos, privatizados y los que continúan en funcionamiento están en un claro abandono en cuanto a su mantenimiento. Ni a nivel federal, ni a nivel local se apuesta más por la vivienda de alquiler público.

Una de las posibles explicaciones es la privatización de la política de vivienda. Los desarrolladores privados han pasado de ser actores estratégicos que colaboran en su desarrollo a ser los protagonistas que definen sus prioridades y el sentido de las decisiones. Hoy día a muchos les parece inconcebible una estrategia habitacional que no implique una lucrativa participación para ellos. Por eso desde hace décadas que se ha priorizado la construcción pública para la venta a través de créditos, y estrategias similares. Incluso en el marco de la crisis ocasionada por la pandemia las autoridades de los tres órdenes de gobierno se han referido a la vivienda solo como un “motor de la reactivación económica” y no como un derecho en crisis ante la incapacidad de pago de muchas personas inquilinas.

Pero los precios siguen aumentando. Y la necesidad de hablar sobre vivienda pública de alquiler en México, también.

@kalycho