El drama de Lechería

Por: Miguel Moguel y Rodolfo Córdova son coordinador e investigador respectivamente del área de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de Fundar.

 

Lechería, municipio de Tultitlán, ha sido un paso natural para las personas migrantes que buscan llegar al norte de nuestro país debido a la existencia de líneas ferroviarias que conectan los estados de la frontera sur con Guatemala (principalmente Chiapas, Oaxaca y Tabasco) con las entidades fronterizas con los Estados Unidos (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas). Este corredor de paso que atraviesa el centro de la República es utilizado diariamente por cientos de personas como una de sus principales rutas en su tránsito hacia la frontera norte.

Los albergues para migrantes cumplen una función social al brindar ayuda humanitaria en varios puntos a lo largo de este trayecto. Son un espacio abierto y seguro que a diario brinda atención, asistencia y acogida a todas las personas que acuden a ellos. Asimismo, estos albergues tienen un aporte fundamental para la protección de los derechos humanos; dada la situación de vulnerabilidad, discriminación y criminalización que enfrentan las personas por su condición de migrantes “ilegales” en el país.

 

De manera alarmante, en días pasados pudimos evidenciar lo contradictorio de las políticas públicas del Estado de México para la atención y protección de las personas migrantes. La clausura del albergue de Lechería lo demuestra: por un lado el Ejecutivo estatal sostiene públicamente su compromiso de apoyo a la iniciativa y el trabajo que brindan estos albergues, y por otro, sus acciones contribuyen a generar un clima adverso que coloca en una situación de mayor riesgo la vida y la integridad de las personas migrantes y de quienes les brindan apoyo y asistencia.

 

Desde nuestra perspectiva, argumentar el cierre de uno de los últimos albergues fundado en las críticas y amenazas de algunos miembros de la comunidad de Lechería –que señalan a los migrantes como la causa principal de los múltiples problemas de seguridad que los aquejan y criminalizan su presencia y la labor de las y los defensores de derechos humanos que laboraban en este albergue–, y en posiciones ingenuas, como la de “que no otorgan ningún beneficio a la entidad”, es una suposición no sólo desafortunada sino además incorrecta.

 

Desafortunada en el sentido de que como autoridades, el gobierno del estado y el gobierno municipal, son faltos del reconocimiento a la urgencia de brindar la atención pública que requiere este fenómeno por la historia de violencia, agresiones y extorsión contra los migrantes en la entidad; pero además incorrecta, porque tampoco reconocen la contribución de estas personas a la economía local –de la que Tultitlán no es la excepción–. Sostener que las personas migrantes no son un aporte para las economías –tanto de sus países de origen, como de tránsito y destino–, es una falacia que sólo ha contribuido a invisibilizar su aporte y a criminalizar la falta de “legalidad” de su presencia. Estas afirmaciones no hacen otra cosa que ponerlos en una situación de mayor vulnerabilidad para exigir sus derechos humanos.

 

Frente a todo este panorama, la presencia y participación activa de diversos grupos de sociedad civil organizada ha sido indispensable para continuar brindando apoyo humanitario a los cientos de hombres y mujeres que semana a semana atraviesan la entidad.

 

Dada las graves omisiones y la falta de políticas públicas adecuadas y efectivas para atender las necesidades y problemáticas de las personas migrantes, la labor individual y colectiva de estas personas o grupos ha sido de vital importancia para promover y procurar la protección y realización de sus derechos humanos –tal como lo establece la Declaración de Defensores–.

 

A través de esta labor, las y los defensores de derechos humanos evitan que las personas migrantes continúen siendo blanco de actos xenofóbicos, de violencia, extorsión y hasta de corrupción de las autoridades municipales y del estado. Pero además, son también una pieza clave en el andamiaje democrático en tanto que su activismo detona las discusiones y el diálogo con las autoridades de los tres órdenes, pone de relieve la urgencia de dar atención a las distintas problemáticas alrededor de este fenómeno y eleva el costo de las acciones u omisiones de las autoridades. Aquí vale traer a cuenta las obligaciones y compromisos que el Estado mexicano ha asumido frente a la comunidad internacional, pero también, frente a su propio mandato institucional de proveer condiciones mínimas para garantizar el ejercicio y garantía de los derechos tanto de las personas migrantes como de quienes se han comprometido a defenderlos.

 

Sin duda la situación de los derechos humanos para las personas migrantes en el Estado de México nos lleva irremediablemente a preguntarnos por el futuro de las políticas públicas que la nueva administración adoptará en materia de migración. ¿Será que el nuevo gobierno federal mantendrá el enfoque erróneo y seguirá construyendo políticas que vulneren los derechos de las y los migrantes en nuestro país?