El día de los derechos humanos: nada qué celebrar

El próximo 10 de diciembre se conmemorará el Día Internacional de los Derechos Humanos. Se estableció ese día, ya que fue un 10 de diciembre, pero de 1948, cuando la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Después de 73 años, hoy más que en ningún otro tiempo se nos han reconocido múltiples derechos en el papel; sin embargo, también hoy más que en ningún otro tiempo es tan palpable la enorme brecha entre el reconocimiento formal y la experiencia real de los derechos humanos.

A partir de la segunda mitad del siglo XX, después de las atrocidades ocurridas durante la Segunda Guerra Mundial, los derechos humanos vivieron su etapa de expansión internacional, como una categoría fundamental para la consolidación de regímenes democráticos. Esta expansión corrió de forma paralela a la consolidación de los organismos internacionales. En este contexto surgieron docenas de instrumentos, nacionales e internacionales, que reconocen y establecen regímenes de protección de los derechos humanos en diversos temas y para diferentes poblaciones que han vivido situaciones de discriminación histórica y estructural. No obstante, persiste una deuda ostensible con las víctimas de las violaciones a los derechos humanos; en particular con aquellas más vulnerables a distintas formas de violencia: mujeres, niñas y niños, poblaciones de comunidades indígenas, personas con discapacidad, migrantes, periodistas, personas defensoras de derechos humanos o personas en situación de pobreza.

En México la recepción de los derechos humanos en nuestro sistema jurídico tardó en llegar. Nuestro país empezó a abrirse a los instrumentos y organismos internacionales de derechos humanos a finales de la década de los 90, un poco más forzado por los acuerdos de libre comercio que empezaron a suscribirse en la época. Estos acuerdos establecían las llamadas cláusulas democráticas, las cuales obligaban al país a mejorar la protección de los derechos en su territorio. Así, como una forma de salir al paso, nuestro país comenzó a reconocer los tratados internacionales básicos de derechos humanos a nivel internacional. Si bien la recepción de los tratados internacionales de derechos humanos fue más una formalidad, sin que hubiera una genuina intención de generar cambios sustantivos, las víctimas de graves violaciones y organizaciones de derechos humanos tomaron esta coyuntura para impulsar transformaciones estructurales en el andamiaje institucional de nuestro país en aras de que la protección de los derechos humanos se convirtiera en un pilar de nuestro sistema jurídico y político.

De esta forma empezó la era del uso estratégico de los organismos internacionales en sus diversas formas: denuncias, medidas cautelares, acciones urgentes, revisiones periódicas y litigio de casos específicos. Todo lo anterior, sumado a una crisis de violencia e inseguridad que explotó en la primera década del siglo XXI, llevaron a la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, con lo cual se creyó que nuestro país entraría en una nueva etapa de protección a los derechos.

Diez años han pasado desde la reforma de derechos humanos, pero la gran transformación no ha llegado. Al contrario, la crisis de violencia en medio de la cual nació la reforma de 2011 no sólo no cesó, sino que se agudizó durante toda esa década y no hay indicios de que vaya a decrecer en el corto plazo. La crisis de violencia ha venido aparejada de una profunda crisis de derechos humanos e impunidad en el país, los diagnósticos son bien conocidos: ejecuciones, torturas y desapariciones generalizas, así como un acceso limitado y en retroceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. A pesar de su incorporación en la Constitución, los derechos humanos no han logrado convertirse en esa piedra angular entorno a la cual se debe organizar todo el quehacer estatal. Los derechos humanos se siguen viendo como una formalidad que hay que cumplir, son un apéndice, algo que se añade al final para cumplir con el requisito, pero nunca el punto de partida en la construcción de las políticas públicas. Sin dejar de reconocer las excepciones, la generalidad de las y los legisladores, fiscales, jueces y una variada gama de personas funcionarias públicas perpetúan la visión de que los derechos humanos son un “estorbo”, algo que les limita en su actuación.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador llegó en 2018 y los signos parecían alentadores. Desde una perspectiva de derechos humanos, había coincidencias entre el diagnóstico del nuevo gobierno y el de las organizaciones y colectivos de víctimas: la crisis de derechos humanos se explicaba en gran medida por la captura del Estado a manos de élites y grupos de poder coludidos con el crimen organizado, las líneas entre unos y otros se volvieron difusas o se habían borrado por completo en amplias regiones del país. Se tomaron decisiones y acciones con un fuerte poder simbólico. Se creó una comisión presidencial para el caso Ayotzinapa, se reconoció por primera vez y sin tapujos la dimensión de la crisis de desapariciones y se reconoció la responsabilidad del Estado en casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, el poder simbólico de las acciones iniciales no ha sido suficiente para revertir la crisis. Se requieren acciones y mensajes concretos en contra de la impunidad. En un país con más de 92 mil personas desaparecidas, es inadmisible que apenas existan 35 sentencias por este delito en todo el país, según lo ha informado el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Asimismo, conforme al informe publicado en octubre de este año por la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía General de la República no había sido capaz de judicializar uno solo de sus poco más de mil casos en investigación por desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Llegamos a la mitad del camino de la llamada Cuarta Transformación, a estas alturas las acciones simbólicas perderán su valor si no van acompañadas de acciones concretas, y se convertirán en una estrategia más de administración del dolor.

* Humberto Francisco Guerrero Rosales es coordinador del programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.