Vivir con miedo: el día a día de las personas defensoras de derechos humanos en México

Alejandro Chocolatl es poblano, defiende el derecho de su comunidad a un medio ambiente sano. Alberto Amaro, periodista de Tlaxcala, ha sufrido unas 30 agresiones por ejercer su libertad de expresión. María Antonia Márquez desde hace 21 años busca incansablemente justicia para su hija Nadia Muciño, víctima de feminicidio en el Estado de México. Bibiana Mendoza, de Guanajuato, desde hace 7 años busca a su hermano Manuel, víctima de desaparición forzada. Estas personas están unidas por una causa: la defensa de los derechos humanos.

 

Por esa labor, han sido amenazadas, atacadas, algunas sufrieron intentos de secuestro, han soportado campañas de desprestigio para frenar su lucha, así como la negligencia de las autoridades para hacerles justicia. Saben lo que es vivir con miedo.

En el mundo, de acuerdo con el Informe 2023/24 de Front Line Defenders, al menos 300 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en 28 países. Un tercio de ellas, unas 100, el 31 por ciento, defendía los derechos de los pueblos originarios. En las Américas, de acuerdo con el informe, se registraron en Colombia 142 asesinatos; México, 30; Brasil, 24, y Honduras, 19. En la última década los casos documentados de personas asesinadas ascienden a casi 3 mil.

Global Witness, organización que da seguimiento a casos de personas defensoras de tierra territorio y medio ambiente, reportó en su informe 2023 el asesinato de al menos 196 de ellas. Por ello, entre 2012 y 2023 esas muertes ascendieron a 2 mil 106. En Colombia se registraron 79 personas defensoras asesinadas; Brasil, 25; México, 18, y Honduras, 18.

Quiénes son las personas defensoras

La Declaración sobre los defensores de los derechos humanos, de la ONU los identifica como “individuos o grupos que actúan para promover, proteger o luchar por la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales por medios pacíficos”. Y las Políticas Integrales de protección de personas defensoras, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al definir su quehacer señala que son: “un pilar esencial para el fortalecimiento y consolidación de las democracias en el hemisferio”.

En el contexto de las graves violaciones a los derechos humanos que vivimos en el país, las personas que cité al inicio de este texto son el claro ejemplo de las miles que, con dedicación y coraje, se movilizan a diario por diversas causas: de las mujeres a una vida libre de violencia; a la igualdad sustantiva; a la tierra, el territorio y el medio ambiente; de las personas LGBTI; a la protesta; al libre tránsito; a buscar a las personas desaparecidas; a la información, entre otras.

Y lo hacen en lo individual, vinculadas a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) o desde colectivas creadas por ellas mismas. En Amnistía Internacional hemos documentado sus casos en diversos informes que cito en este texto.

De acuerdo con Front Line Defenders los temas de derechos humanos más atacados a nivel global son: los derechos LGBTI, 10.2 por ciento; los derechos de las mujeres, 9.7; movimientos de derechos humanos, 8.5; derechos de los pueblos originarios, 7.1 y documentación sobre derechos humanos, 5.2.

Las amenazas

En nuestros informes Entre balas y olvido México: Tierra y ¿Libertad?, Nadie garantiza mi seguridad, La era de las mujeres o Juicio a la Justicia, documentamos que las amenazas y presiones contra las personas defensoras provienen de representantes gubernamentales, empresas y grupos del crimen organizado, que les hostigan, espían, encarcelan, torturan e incluso las matan.

Front Line Defenders precisa que los ataques más referidos por las personas defensoras son: el arresto–detención arbitraria (15 %); acciones legales (13 %). Les siguen las amenazas de muerte (10,2 %), la vigilancia (9,8 %) y las agresiones físicas (8,5 %). Éstas registraron un pequeño incremento en los casos de personas defensoras trans.

México es un país de alto riesgo para las personas defensoras. Con mucha tristeza atestiguamos cómo la abogada indígena Sandra Domínguez Martínez y su esposo Alexander Hernández Hernández, fueron encontrados sin vida el 24 abril de 2025. Estaban desaparecidos desde el 4 de octubre de 2024. Por este caso emitimos una Acción Urgente que contribuyó a que autoridades de Veracruz y Oaxaca realizaran su búsqueda de manera coordinada.

El defensor de la tierra, el territorio y el medio ambiente Antonio Suástegui Muñoz, ingeniero de profesión, quien se opuso a la construcción de la Presa La Parota en Guerrero, fue víctima de un atentado el viernes 18 de abril de 2025 y falleció 7 días después, el viernes 25 de abril. También buscaba a su hermano Vicente, desaparecido desde 2021. Nuestro movimiento condenó el hecho y su caso lo incluimos en un informe sobre personas buscadoras que daremos a conocer en julio de este año.

La desaparición forzada de personas es un problema grave en México. Al cierre de este texto ascendía a 128 mil 629 personas. A este hecho terrible se suman las desapariciones, ataques, amenazas y asesinatos de las personas que les buscan.

En nuestro informe anual 2022/23 La situación de los derechos humanos en el mundo, advertimos de ese fenómeno y denunciamos el asesinato de al menos tres madres buscadoras: Rosario Lilián Rodríguez Barraza y Blanca Esmeralda Gallardo, asesinadas en los estados de Sinaloa y Puebla, respectivamente, así como el de María del Carmen Vázquez, en el estado de Guanajuato.

De ese año a mayo de 2025 han sido asesinadas al menos 29 personas buscadoras. El dato incluye hijos de personas desaparecidas que se habían sumado a esas labores. Como en el caso de María del Carmen Morales, quien buscaba a su hijo Daniel –desde febrero de 2024–, en compañía del hermano de éste, Jaime Ramírez. Ambos fueron asesinados el jueves 24 de abril de 2025. Ese mes fueron asesinadas al menos cuatro personas buscadoras.

Las personas periodistas, que cumplen una función social primordial en la difusión de información, son otro sector vulnerable a las agresiones provenientes de agentes gubernamentales y grupos delincuenciales. Datos de Artículo 19, indican que del año 2000 a lo que va de 2025, han sido asesinadas 171 personas periodistas. En el último lustro se registraron, en 2021, 7; 2022, 13; 2023, 5; 2024, 4 y entre enero y mayo de 2025, 4.

En nuestro informe Nadie garantiza mi seguridad, hecho en colaboración con el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), advertimos que México tiene el número más alto de personas periodistas desaparecidas que, a finales de 2023, sumaban al menos 15. Además, en ningún caso hubo sentencia condenatoria.

¿Qué hacer?

A lo largo de nuestra historia como movimiento hemos defendido la labor de cientos de personas defensoras en el mundo y en México mediante diversas estrategias, entre ellas la denominada Acción Urgente.

Ésta es una carta que dirigimos al gobierno responsable de violaciones a los derechos humanos, ya sea por actos de tortura, encarcelamiento injusto, ejecuciones extrajudiciales, desalojos forzosos e incluso contra la pena de muerte. Tiene como objetivo que cese dicha agresión. La carta puede ser firmada por las personas miembras, activistas de nuestro movimiento, pero también por cualquier persona que deseé solidarizarse con la causa que se defiende.

En México dirigimos una a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que emitiera una disculpa pública a las víctimas de feminicidio y sus familias, casos que documentamos en nuestro informe Juicio a la Justicia. La disculpa pública finalmente se dio en febrero de 2023.

Emitimos otra por el periodista Alberto Amaro, para que las medidas de protección que requiere –por las amenazas y agresiones a su vida– sean adecuadas al nivel de riesgo que enfrenta. Debido al último hecho grave que sufrió, en junio de 2024, la sección española de Amnistía Internacional lo acogió, en octubre del mismo año, en su Programa de Protección Temporal a Defensores/as de Derechos Humanos.

Otro ejemplo lo tenemos en los casos de la abogada Ana Lorena Delgadillo Pérez, la periodista Marcela Turati Muñoz y la antropóloga forense Mercedes Doretti. Ellas fueron investigadas ilegalmente y sometidas a vigilancia selectiva en 2016 por la entonces Procuraduría General de la República. Como defensoras, apoyaban a familiares de personas migrantes asesinadas en San Fernando, Tamaulipas. Gracias al informe Perseguidas, que incluye sus casos, la Acción Urgente correspondiente y otras acciones realizadas por el movimiento, se logró que no se ejerciera acción penal en su contra.

Cambios estructurales

Llevamos varios lustros insistiendo en que para atender la situación de riesgo que viven las personas defensoras, el Estado mexicano debe aplicar políticas públicas estructurales integrales de prevención de la violencia que afecta al país y que además debe facilitarles su labor, así lo destacamos en el informe México: cuando las palabras no bastan.

Además, la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos y el Acuerdo de Escazú protegen la labor de las personas defensoras y el Estado mexicano está obligado a cumplir las disposiciones de ambos instrumentos.

Hemos reconocido que el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas es muy necesario y puede desempeñar un mejor papel en la protección de las personas defensoras. Por ello sostenemos la exigencia de que sea revisado de manera exhaustiva, para que deje de ser reactivo y forme parte de una política integral que prevenga y proteja de manera efectiva a las personas defensoras.

Los informes Nadie garantiza mi seguridad y México Tierra y ¿Libertad? incluyen nuestras recomendaciones de mejora al Mecanismo. Ambos documentos los entregamos en su momento a los gobiernos federal y estatales. Al Mecanismo mismo se le deben aplicar, además, las recomendaciones hechas por el Alto Comisionado de la ONU y las organizaciones agrupadas en el Espacio OSC. Hay mucha tarea en ese sentido.

Alejandro Chocolatl –citado al inicio de este texto–, comentaba a la equipa de Amnistía Internacional que pese a tantas presiones “no pueden callarnos” y agregó: “hemos salido adelante con la fortaleza que nos da mucha gente”.

Elizabeth Suárez, defensora del medio ambiente, nos comentó en su momento: “hay luchas en todas partes” y advirtió, “a todos nos toca poner ese pequeñito granito de arena, para hacer conciencia”. Los cambios, nos decía, “tienen que salir de nosotros mismos”. Desde Amnistía Internacional lo entendemos así, ¡no podemos dejarles solos ni solas, su lucha es nuestra lucha también!

* Edith Olivares Ferreto (@EdithFerreto) es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México (@amnistiamexico).