El desplome de la línea 12: cuando la corrupción cobra vidas

En la Ciudad de México, el Metro transporta diariamente alrededor de 6 millones de personas y, a pesar de ser un medio de comunicación indispensable en la metrópoli son preocupantes las deficiencias estructurales que enfrenta. Hace apenas unos meses, en enero, se reportó un grave incendio en un centro de control del Metro que cobró la vida de un policía. Y ahora, este lunes 03 de mayo ocurrió un trágico desplome en la Línea 12, en el cual murieron 25 personas y otras 79 resultaron heridas.

Estos incidentes son preocupantes y hacen cuestionarnos sobre el estado de nuestro transporte público, su mantenimiento y su presupuesto. Los recursos públicos destinados al funcionamiento del Sistema de Transporte Colectivo Metro han ido a la baja en los últimos años. Mientras que en 2017 se destinaban 19 mil millones de pesos, este año su presupuesto fue 21% menor (15 mil mdp).

A la par de que es muy preocupante que el presupuesto al Sistema Colectivo sea cada vez menor, hay otro problema que reavivó el reciente incidente: el de la corrupción y falta de rendición de cuentas alrededor de la Línea 12. Lo ocurrido el lunes pasado es, en parte, el resultado de una obra que desde que se inició en 2006 ha concentrado muchas irregularidades y sospechas de corrupción.  Prueba de ello es que, a unos meses de su inauguración, y en varias ocasiones posteriores, la línea fue cerrada para subsanar fallas estructurales de la vía, afectando a millones de personas y causando pérdidas económicas importantes para el Estado.

La mala planeación y ejecución del proyecto ha sido evidenciada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), quien ha realizado múltiples auditorías sobre la línea dorada. Por ejemplo, en 2011, un año antes de su inauguración, detectó casos de nepotismo, falta de supervisión de las obras y materiales, además de incrementos excesivos de los costos. En 2013, evidenció irregularidades en los protocolos de pruebas, en el mantenimiento del sistema de vías, y en la atención de desgaste prematuro. Recientemente, en 2019, la ASF detectó una posible afectación de 72 millones de pesos a la Federación, derivado de irregularidades en la ampliación de la línea.

A pesar de que su construcción tuvo un costo de 26 mil millones de pesos, en 2017, el propio Sistema de Transporte Colectivo reconoció que la Línea 12 tenía problemas de origen que no podían ser corregidos, por lo que debería tener un mantenimiento permanente. De hecho, desde 2014, se han invertido 765 millones de pesos para paliar sus fallas.

¿Qué sigue ahora en el caso?

Frente a estas irregularidades y antecedentes, lo ocurrido el lunes pasado parecía una tragedia anunciada.  No olvidemos que una de las obligaciones principales del gobierno es la de salvaguardar la vida de las y los ciudadanos, proteger los derechos humanos y garantizar la justicia. Por ello, es imprescindible que las autoridades investiguen conforme a los más altos estándares en derechos humanos para determinar las causas y responsables de los hechos. Más importante aún, deben garantizar el acceso a la justicia y reparación integral para las víctimas y sus familiares e implementar medidas de no repetición. Cómo mínimo, las autoridades deben 1) garantizar una investigación independiente, imparcial, multidisciplinaria y acorde a las mejores prácticas y estándares internacionales, 2) considerar el establecimiento de una comisión independiente que investigue todos los hechos 3) promover y proteger los derechos a la ayuda, atención en salud y psicosocial de las personas afectadas, además de reparar integralmente el daño, y 4) revertir los recortes a la Línea 12 destinando más recursos a su reparación y mantenimiento, además de establecer medidas para evitar la repetición de estos hechos.

De igual forma, será importante que otras instancias de derechos humanos, como las comisiones de derechos humanos activen sus facultades y realicen investigaciones independientes sobre los hechos. Esto les permitirá determinar las causas del desplome, las afectaciones que ocasionó, así como potencialmente otorgar la calidad de víctimas a las personas fallecidas o afectadas para que puedan recibir una reparación integral conforme a la Ley General de Víctimas.

Aunque aún se espera el resultado final de las investigaciones, es claro que la construcción y operación de la Línea 12 ha estado plagada de actos de negligencia y corrupción que pudieron ser determinantes en el desenlace ocurrido el lunes pasado. Por ello, la sociedad deberá seguir de cerca el resultado de las investigaciones y sanciones de parte de las instancias de procuración de justicia y de control interno, a la vez que deberemos monitorear si los mecanismos de protección de derechos humanos se activan en beneficio de las personas afectadas por estos hechos.

* El programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico busca incidir en los mecanismos institucionales de rendición de cuentas e implementar acciones que disminuyan la corrupción y sus afectaciones sobre el ejercicio de los derechos humanos.