El desapego al respeto de los derechos humanos ¿hasta cuándo?

Por: María Elena Morera Mitre (@MaElenaMorera)

Para todos se ha vuelto común conocer situaciones alarmantes y desgarradoras que terminan por evidenciar, tal como lo señaló el Ministro Juan Silva Meza, que no hay un apego real al respeto de los derechos humanos.

¿Cómo negarlo ante prácticas de tortura por parte de agentes policiales? En estados como Baja California, Coahuila y Tlaxcala, entre otros, hay evidencia de actos que dañan directamente la integridad de los detenidos. En el primer caso, una persona esperó poco más de tres años para que la Procuraduría General de Justicia del Estado acreditara la tortura de la que fue víctima[1].

En el segundo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado señaló que las quejas sobre los cuerpos policiales se relacionan con las detenciones de manera arbitraria, uso excesivo de la fuerza y allanamientos[2], así como casos de tortura[3]. Organizaciones de la sociedad civil como la Casa del Migrante de Saltillo también refieren sobre abusos en específico a migrantes por parte de las diferentes corporaciones policiales, tanto municipales como estatales.

Recientemente en Tlaxcala la difusión de una videograbación demuestra cómo es torturado un detenido por parte de agentes de investigación del Estado de Tlaxcala. La contundencia del video, da poco margen para aceptar la respuesta pública de las autoridades, en la que se niega que sean agentes policiales de la Procuraduría Estatal de Justicia.

En la misma sintonía se reportan casos similares en Tamaulipas, Guerrero y Morelos, en donde no entendemos qué esperan las autoridades para rendir cuentas a la ciudadanía. En todas las escenas de violaciones a derechos humanos se evidencia del desapego de la ley de algunos de nuestros policías.

Sin embargo, en todos los casos, para muchos es sencillo apuntar a los agentes policiales como únicos culpables de que no prevalezca el estado de derecho. No obstante, una omisión fatal es no visibilizar el marco en el que ellos se desempeñan, uno lleno de abusos, procesos discrecionales, soledad y en el cual tampoco existe un completo apego a sus derechos mismos.

El problema de fondo es que la mayoría de las instituciones de seguridad y procuración de justicia han establecido escasamente, acciones que impulsen el respeto a los derechos humanos. Lo mismo pasa con las condiciones para que el personal adscrito a estas instituciones tenga un buen desempeño, y controles internos funcionales que enmarquen un sistema de pesos y contrapesos al interior de las propias instituciones. Dado el escaso compromiso por tomar acciones en la materia, desde la sociedad civil se han estado impulsando propuestas que esperan tener incidencia en el fortalecimiento institucional y abonar a la construcción de un marco en el que se respeten los derechos humanos. Por ejemplo, el fortalecimiento a las Unidades de Asuntos Internos de las corporaciones policiales.

Sobre esto último, resulta imprescindible que se establezcan mecanismos que vinculen no sólo a la ciudadanía, sino también a los propios agentes policiales con las instituciones, en aras de que tengan el espacio para manifestar aquellas situaciones del diario en las que encuentran vulnerados sus derechos, seguido del desarrollo de acciones de investigación que generen resultados como la prevención o la disuasión de malas conductas, ya sea de agentes como de sus mandos o directivos.

Como ya se ha establecido en otros espacios, para tener agentes policiales que actúen dentro del marco de la ley y del respeto a los derechos humanos son necesarios los procesos de fortalecimiento de la evaluación de Control de Confianza; la emisión del Certificado Único Policial que incluya el resultado de la prueba anterior así como de evaluaciones de habilidades, destrezas y desempeño; la certificación institucional de nuestras Policías; la implementación de mecanismos de supervisión externa civil de la Policía; así como el fortalecimiento de las Unidades de Asuntos Internos, las cuales deben investigar las faltas a la función policial, y no sólo reaccionar ante aquellos casos de interés mediático o político.

De igual manera es necesario que se realicen informes públicos oportunos sobre los distintos procedimientos así como las acciones emprendidas a partir de lo detectado, con ánimos de transparentar las propias instituciones. Lo anterior resulta en una lógica estructurada que está integrada por acciones que comprometen a la ciudadanía y a las instituciones para beneficio de ambas.

Con compromiso real, debemos tanto autoridades como ciudadanos establecer esquemas de coordinación que nos permitan trabajar para tener Policías confiables y profesionales, que rindan cuentas, sean transparentes y respeten los derechos humanos. Es un camino largo el que deberemos de recorrer para que la realidad, se equipare con lo establecido en papel.

 

*María Elena Morera Mitre es presidenta de @causaencomun. Texto escrito con la colaboración de Edwin J. Cantú Rivera

 

 

[1] ROLDÁN, Nayeli. Por 1ª vez en Tijuana se acredita que policías torturan; siguen libres (en línea). Abril 17 de 2015. Disponible aquí.

[2] Se señala que durante el primer trimestre de 2015 fueron presentadas 554 quejas, que dieron lugar a 18 recomendaciones, 11 de ellas por abuso de autoridad contra la Comisión Estatal de Seguridad -que tiene bajo su mando al Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE)-, policía de investigación y municipal. En MADRIGAL, Alejandro y Ana Ponce. Se disparan en Coahuila abusos de policías de élite y municipales (en línea). Abril 16 de 2015. Disponible aquí.

[3] Presentes en las recomendaciones 4/2015, 134/2014 y 114/2014 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza. Disponible aquí.