El derecho y la moral: la sutil amenaza autoritaria

El derecho es el principal instrumento del que disponen las sociedades para regular la conducta humana. El derecho, sin embargo, no sólo organiza, sino también sanciona, coacciona y reconoce esferas de libertades y obligaciones para personas, grupos y autoridades.

En rigor, las personas son libres de hacer todo aquello que no está prohibido por el derecho, el conjunto de normas que una sociedad reconoce como válidas. Y las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite. Es así como el derecho busca equilibrar el poder de los distintos agentes en una sociedad: limita a las autoridades pero también a los grupos y a los individuos para buscar alcanzar el mayor nivel y la mejor calidad posible de igualdad (igualdad entre los distintos agentes de poder en una sociedad).

La moral, en cambio, tiene su ámbito en las creencias de una sociedad sobre lo que es bueno y lo que es malo, sobre lo correcto de la actuación de los seres humanos en sus distintas esferas (familia, trabajo, sociedad, agrupaciones gremiales, empresas, etc.), y sobre aquello que resulta deplorable porque lesiona la interacción humano, abatiendo derechos y libertades o incrementando la distancia entre los fuertes y los débiles.

Bien visto, sin embargo, el derecho y la moral son inseparables: aquello que una sociedad considera como bueno y deseable alcanza una expresión en las normas que regulan su convivencia. La moral nos dicta no matar o no robar y así lo establecen nuestros códigos penales.

Pero ¿qué pasa cuando la moral invade el territorio del derecho y se confunde con él? ¿Qué pasa cuando una y otra esfera no están claramente diferenciadas en su operación, en su instrumentalización pública y en su capacidad sancionatoria? En los regímenes autoritarios, totalitarios y teocráticos, la moral del gobierno (e incluso del Estado) invade la esfera del derecho: aquello que un régimen específico considera bueno y justo, se traduce de inmediato (sin tener una expresión explícita en las normas) en algo condenable e incluso perseguible desde la autoridad política, desde las instituciones del Estado. La moral de un régimen se convierte de facto en instrumento de regulación social y el derecho se anula y pasa a segundo término.

La cotidiana postura moralizante y evangelizante del Poder Ejecutivo Federal se inscribe en esta lógica: cuando desde su concepción moral el presidente de la República, por ejemplo, considera que los servidores públicos deben ceder parte de su salario para una causa que él estima justa y mediante los mecanismos que él considera convenientes, en realidad convierte la moral de su gobierno en derecho de facto. Cuando el titular del Poder Ejecutivo Federal considera que el amor al prójimo es un valor esencial que debe ser incorporado a la vida en todos sus frentes, incluso en el de la seguridad pública, sucede la misma invasión de esferas: mi moral es su derecho (el de todos). Cuando el presidente estima que la familia es la mejor institución de protección social y de cuidado para las personas de la tercera edad, se afectan derechos y libertades de quienes así deben ser atendidos y de quienes así deben atenderles. Cuando el Poder Ejecutivo Federal considera que la familia mexicana es refractaria a la violencia intrafamiliar, su moral se traduce en la anulación de los derechos de decenas de miles de mujeres y niñas y en la desaparición de responsabilidades de decenas de miles de agresores. Queda por ver si la persecución de adversarios políticos se ajustará también a esta lógica en la que la moral del gobernante, sus nociones sobre lo justo y lo injusto, pueden diluir al derecho.

Un gobierno moralizante no es un buen gobierno. Se trata de la manifestación de una pulsión autoritaria que altera y afecta la igualdad y las esferas de libertades, derechos y responsabilidades de todas las personas y grupos.

* Sergio López Menéndez es investigador en Controla Tu Gobierno, A.C. (@ControlaTuGob).