El derecho a ser escuchado, a propósito de la Línea 12

Michael Ignatieff, el profesor de Harvard que se aventuró a encabezar al Partido Liberal de Canadá, le dedica un capítulo de su libro Fuego y Cenizas al tema del derecho de ser escuchado. Dice que cuando estás en política tienes que asegurarte de que posees ese derecho y la autoridad para defender tu postura. Sin embargo, cuando la democracia es de baja calidad este derecho no está garantizado, dice el canadiense, pues el objetivo explícito del ataque es evitar el debate y con ello el libre intercambio de ideas.

Si rechazas responder a un ataque implica que te has dado por vencido. Si no te defiendes la gente piensa que eres culpable de lo que se te acusa; si no das la cara por ti mismo, no la darás por ellos tampoco, dice Ignatieff. Ese derecho es el que una comisión dominada por priístas en el tema de la Línea 12 negó a Marcelo Ebrard y él fue a exigirlo. El informe, que difama al exjefe de Gobierno, fue discutido en un hecho inédito en el pleno de la Cámara de Diputados, en donde por supuesto fue rechazada una comisión investigadora sobre el caso HIGA.

El informe de los diputados federales, a diferencia del elaborado por la comisión respectiva de la ALDF, en nada ayuda a avanzar en la solución del problema de la línea. La mayor parte del informe hace referencia a un tema, la Asociación Público Privada de Trenes, misma que no fue financiada con recursos federales por lo que no es materia de la comisión respectiva.

[contextly_sidebar id=”ud1gXYChZ6gdVL0eluvOkRXcwfhLx4on”]Se trata de un contrato ya auditado por la Auditoria Superior de Fiscalización del DF y que se parece -ya que fue contratado con la misma empresa, CAF- al del metro del Monterrey. Salvo que en ese caso la información del fallo está reservada y no sabemos todos los detalles del mismo. Se cuestiona, sin facultades, que los trenes valgan más de su precio de contado, pero no se explica la razón: su costo incluye financiamiento y mantenimiento.

El resto del informe cita extractos de informes de la Auditoria Superior de la Federación, de los cuales nunca se aclara que todos fueron solventados, por lo que no hay proceso alguno abierto. Las únicas auditorías abiertas son las que realiza la contraloría del DF por temas técnicos de comprobación a diversos funcionarios, en ningún caso a Marcelo Ebrard, y los procesos siguen su curso.

La discusión en medio en torno a la Línea 12 ha sido básicamente política. Está en el interés de alguien hacer creer que existió algún desvío de fondos. Por ejemplo, la manera en la que se comunica la petición de la Secretaría de la Función Pública de devolver 489 millones de pesos del Fondo Metropolitano, además de inusual, hace creer que los recursos no se utilizaron para la obra. En realidad, se trata de un diferendo sobre si dicho fondo se puede utilizar para pagar obra de los proyectos autorizados concluida en años anteriores. De hecho, las reglas del fondo así lo establecen, así como el comité que lo autorizó compuestos por funcionarios del GDF, Edomex y la SHCP. El GDF recurrió al Tribunal Fiscal y Administrativo para evitar la devolución y hasta el momento le ha dado la razón. En ningún caso existe ni auditoria, ni investigación, que señale el uso de recursos federales para fines distintos a la obra. Habría que señalar que la obra fue recibida de manera definitiva a conformidad por la actual administración del metro, que también recibió los trenes varios meses después de operar la línea.

Las causas de los problemas de la línea, que esencialmente presenta un desgate ondulatorio mayor al normal, pueden ser varias, según señalan distintos estudios. Por varios meses la línea no tuvo el mantenimiento, lo que pudo haber acelerado el problema, ya que es posible que ciertas características de los trenes (no los trenes completos) tendrían que ser ajustados con un mantenimiento mayor. De hecho, lo que en este momento se hace es arreglar las vías dañadas, por lo que funcionaría de manera normal en noviembre en todas las estaciones. La Línea 12 fue el mayor proyecto de obra pública de los últimos años y su trazo permite que cerca de un millón de personas de las zonas más marginadas del país puedan desplazarse a sus lugares de trabajo. El mayor interés de todos debe ser que la línea opere en todas sus estaciones lo antes posible. Desgraciadamente la excesiva politización del tema no ayuda a ese propósito.

La manera tan apurada y desaseada en la que se elaboró, presentó y discutió el informe tiene una clara intensión política de golpear a Ebrard y a la izquierda. El Gobierno de la República tiene problemas y graves. Varios estados son un polvorín de inseguridad, sin un cambio en la estrategia. Los proyectos de obra pública o ha sido cancelados o están en riesgo. Los escándalos de conflicto de intereses están al orden del día. Las famosas reformas simplemente no sirven para apuntalar la economía. Existe una creciente percepción de que el gobierno no sabe qué quiere, ni cómo hacerlo. Ante eso, la reacción es tratar de linchar a los adversarios de izquierda, los que pueden capitalizar el descontento y proponer una alternativa. De hecho, es en lo que tenemos que enfocar nuestras fuerzas. El ataque ha servido a la unidad de la izquierda, la única opción política que puede proponer un proyecto distinto, ya que el tema no era mover a México, sino lograr un gobierno que pueda garantizar equidad, justicia y crecimiento en el país. Por suerte, Marcelo Ebrard luchó y mantuvo su derecho a ser escuchado.

* Vidal Llerenas Morales (@vidallerenas) es diputado en la ALDF por el Distrito V de Azcapotzalco