El derecho a morir
blogeditor · 22 de mayo de 2014
En una conmovedora y hasta divertida crónica de principios de este año, el diario El País cuenta la historia de José Luis Sagüés, un hombre de 63 años que ante un cáncer de pulmón que lo consume decide morir: “Me quiero morir porque amo la vida, porque estoy contento de estar vivo, y si a uno le encanta la vida tiene que saber morir, es parte del proceso y yo quiero hacerlo contento”.
Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que más del 70% de las muertes por cáncer se producen en África, Asia y Latinoamérica. Paradójicamente, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU reporta que el consumo de estupefacientes para mitigar el dolor se concentra en un número reducido de países ricos. En pocas palabras: en países como México las personas enferman más y mueren con más dolor.
Cuando una persona deja de vivir, no necesariamente coincide con el momento en el que muere. El obligar a alguien a vivir sufriendo es equiparable, para muchos de nosotros, a la tortura. La única certeza que todos los seres humanos compartimos es que nos vamos a morir y aunque parezca absurdo, ni en el derecho internacional ni en el nacional está reconocido el derecho a morir sin dolor como un derecho humano.
El objetivo de las leyes es regular la conducta humana en sociedad. Las decisiones que cualquier individuo pueda tomar sobre sí mismo no deberían estar reguladas por el Estado, siempre que no afecten a terceros. Sin embargo, cuando se trata de legislar para interrumpir activamente la agonía y el sufrimiento de pacientes que así lo piden, la religión se impone.
En un Estado Laico la prohibición de la libertad para elegir una muerte sin dolor no tiene cabida. Sin embargo, el debate es incipiente y las legislaciones más avanzadas apenas regulan la “voluntad anticipada” que le da el “derecho” a una persona a no ser sometido a tratamientos médicos cuando se encuentre en etapa terminal. El problema es que este derecho no garantiza al paciente una muerte sin dolor.
La legislación ha dejado fuera a los pacientes que aunque no tienen diagnóstico de muerte inminente sufren dolores intensos de enfermedades incurables, degenerativas o una discapacidad grave. Los legisladores han olvidado que vivir es un derecho y no una obligación, y no le permiten al enfermo tener la libertad de decidir si quiere o no seguir viviendo en esas condiciones.
El derecho a una muerte sin dolor no afecta derechos de terceros, ni se opone al derecho a la vida de quienes según sus creencias prefieran continuar con su enfermedad. Sin embargo, la realidad jurídica actual opera a la inversa, porque obliga a vivir en contra de su voluntad a los que no quieren prolongar su propia agonía.
#UrgeLegislar sobre el derecho a una muerte sin dolor con mecanismos estrictos que impidan su abuso y que garanticen:
1) Que el paciente sea mayor de edad.
2) Que esté en pleno uso de sus facultades mentales.
3) Que enfrente una enfermedad incurable, degenerativa o una discapacidad grave que le cause intensos sufrimientos.
4) Que cuente con todos los diagnósticos y la información necesaria antes de tomar una decisión.
5) Que exprese su voluntad de morir sin dolor de manera formal, libre y reiterada.
6) Que se respete el derecho a la objeción de conciencia de los médicos que no quieran practicarla.
José Luis logró no prolongar su sufrimiento. Se rodeó de su familia, se tomaron fotos, brindaron, se despidieron y al final lo sedaron, pero dejó un mensaje: “uno debe decidir cuándo y cómo morir, es un derecho que vamos a ganary hay que hacerlo con una sonrisa”.