El derecho humano a los cenotes

La industria ganadera a gran escala está comprometiendo el derecho al agua en la Península de Yucatán. La proliferación de granjas sin ningún tipo de medidas de prevención, control y mitigación ha producido lagunas de desechos fecales que terminan siendo vertidas en el manto freático. No es de extrañarse que en los últimos años la contaminación de los cenotes sea uno de los temas de derechos humanos más mediáticos en la región.

La Península de Yucatán posee una extensión de 181.000 km². Al igual que la Amazonía o la selva del Congo, al igual que el resto del planeta, es finita. En ella se encuentra el gran sistema de cenotes interconectados. También finitos. Si bien la ganadería no es una actividad inédita en la región, en la última década han proliferado en número y tamaño las granjas de cerdos, vacas, pollos e incluso peces. Muchas de ellas operan sin los permisos requeridos. Otras cuentan con los permisos legalmente requeridos, pero sin adoptar ningún tipo de medida para evitar que las aguas residuales producidas contaminen el medio ambiente.

Este tema era apenas perceptible por algunas personas expertas y ciertos círculos del sector académico, hasta que el caso de la comunidad maya de Homún detonó titulares de prensa, posicionándolo en la agenda pública. Tras la presentación de distintas demandas de amparo, actualmente la mega-granja de poco más de 50 mil cerdos ha sido suspendida por la Juez Cuarto de Distrito en Yucatán, al menos en lo que se resuelve el fondo del juicio. Como es de esperarse, la empresa propietaria de la granja presentó un recurso de revisión en contra de dicha decisión. El asunto se encuentra actualmente en espera de ser resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El 4 de marzo de 2018, Mérida –una ciudad que no marcha casi nunca– se movilizó junto a la comunidad maya de Homún en defensa del agua de los cenotes. “No recuerdo alguna otra marcha en Mérida por el pueblo maya y, sobre todo, con el pueblo maya”, señaló el antropólogo yucateco Rodrigo Llanes, en su artículo de opinión en el Diario de Yucatán.1 Teniendo en cuenta el profundo racismo y el indolente desinterés de mucha gente no-indígena de la capital yucateca hacia la población maya, el evento fue no solo inédito, sino inimaginable un par de años antes.

Como suele pasar con otros temas de derechos humanos, Homún visibilizó la problemática. Pero era apenas un botón de muestra. Otros casos de contaminación al agua de cenotes han salido a la luz mediática desde entonces, como la granja de peces de Hampolol en Campeche o la granja de cerdos de Kinchil en Yucatán.

Actualmente, el Juzgado Segundo de Distrito en Yucatán se encuentra estudiando el caso de la granja bovina de San Antonio Chel, comunidad maya de unos 200 habitantes, localizada a treinta minutos de la ciudad de Mérida. La historia comenzó cuando sus habitantes advirtieron un hedor proveniente del agua que salía de sus llaves. Luego, vino la confirmación: una granja de entre 500 y 900 vacas había empezado a operar a la salida del pueblo. Desde eso, las y los habitantes empezaron sin éxito una serie de gestiones para negociar el cierre de la granja, viéndose obligados a presentar una demanda de amparo para defender su derecho al agua.

Al presentar su informe justiciado, la Comisión Nacional del Agua reconoció que no ha otorgado aún ningún permiso para la operación de la granja de San Antonio Chel, la cual se encuentra justo encima de una vena de cenote. Sin embargo, hasta la fecha no ha acudido a inspeccionar el sitio y adoptar las medidas pertinentes.

Asimismo, las autoridades competentes del Gobierno del Estado de Yucatán, como la Secretaria de Desarrollo Sustentable (SDS), tampoco han intervenido en el caso. Ni siquiera teniendo en cuenta que el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Estado de Yucatán (POETY) identifica la Unidad de Gestión Ambiental de la Planicie Hunucmá-Tekit-Izamal (clave 1.2A),2 en la cual se encuentra la granja de San Antonio Chel, como una zona incompatible para la ganadería semi-extensiva.3

Como dije al principio, la Península de Yucatán y todos los recursos para la vida que hay en ella, son finitos. El modelo de industria ganadera que ha ido creciendo en los últimos años no solo se sirve de la impunidad administrativa que impera en el país, sino que demuestra que los insaciables deseos de lucrar están dispuestos a comprometer las posibilidades de supervivencia ambiental en la zona.

Ojalá el Juzgado Segundo de Distrito, así como los demás operadores de justicia que se encuentran atendiendo algún caso como el de San Antonio Chel, sean un factor de contrapeso que demuestre que el medio ambiente es realmente un derecho en nuestro país. Resolver estos casos hoy es también resolver sobre los estándares de vida digna a los que podremos aspirar en las próximas décadas. O quizá antes.

 

1 Diario de Yucatán. “Marchar con los mayas” de Rodrigo Llanes, 5 de marzo de 2018. Disponible en formato digital a través de este enlace.

2 Gobierno del Estado de Yucatán. Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Estado de Yucatán (POETY), página 31. Disponible en formato digital en el portal oficial de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán a través de este enlace.

3 Gobierno del Estado de Yucatán. Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Estado de Yucatán (POETY), página 41. Disponible en formato digital en el portal oficial de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán a través de este enlace.