El derecho es elitista

Recuerdo una plática que compartimos algunos compañeros cuando éramos estudiantes universitarios. Por una extraña razón, la conversación giró en torno a los abusos y experiencias que alguno ha tenido con las autoridades. Un compañero nos platicaba que, de niño, un retén los detuvo a él y su familia. El policía les explicó que había un problema con la tarjeta de circulación, motivo suficiente para decomisarles el vehículo. Sin conocer de leyes, sabían que ese decomiso era arbitrario; sin embargo, jamás volvieron a ver ese coche.

Un poco molesto, le pregunté a mi compañero a manera de reproche: ¿por qué no se defendieron? ¿No pensaron en la posibilidad de promover un juicio de amparo y recuperar el vehículo? Mi compañero me contestó que sus papás no eran abogados. Que habían escuchado algo sobre “el amparo”, pero no sabían cómo o para qué servía. Me explicó, además, que en esa época su familia la pasaba mal económicamente, y aunque hubiesen querido, no podrían sustentar los honorarios de ningún abogado, ni el más económico de la ciudad.

En ese entonces, como universitario, me era difícil entender las razones por las que no emprendieron defensa legal en esa situación particular. No obstante, recuerdo bien que esa anécdota me hizo reflexionar sobre lo que estudiaba y había decidido dedicarme en la vida: el derecho.

Al pasar los días, me sentí mal e indignado conmigo mismo por las preguntas que hice a mi compañero y el tono en que las formulé. Después de meditarlo, me vino a la mente la siguiente interrogante: ¿no te das cuenta que eso lo sabes porque estudiaste derecho? Sé que existe, en nuestro país, el juicio de amparo y conozco cómo funciona y para qué sirve, precisamente, porque decidí estudiar y dedicarme a la abogacía; pero de haber elegido otra profesión, y de ser víctima de cualquier acto arbitrario como el que vivieron los padres de mi compañero, probablemente no sabría ni a qué autoridad acudir al igual que ellos en su momento. ¿Es tan difícil percatarnos que, de alguna u otra manera, las personas abogadas tenemos un conocimiento completamente elitista?

El derecho no es solo para quiénes lo estudiamos y ejercemos, el derecho es de todas y todos. El derecho está en cada actividad de la vida cotidiana. Todo lo que hacemos día con día encuentra una relación directa o indirecta con el derecho. Un empresario al que se le ha clausurado su negocio tendrá que encontrarse, quiera o no, con el derecho administrativo. Si algún cliente o socio le debe dinero basado en un pagaré, tendrá que encontrarse con el derecho mercantil. Un trabajador despedido injustificadamente tendrá que lidiar con el derecho laboral, y así podría dar mil ejemplos más. Por ello, creo que no hay refutación alguna respecto de que el derecho es de toda la ciudadanía en general. Cuando digo que es de todas y todos, me refiero a que debe ser entendible y accesible para todos los ciudadanos, independientemente a qué se dediquen.

De ahí que, durante los últimos semestres de la licenciatura y en la actualidad me he interesado en difundir el derecho (de cierta manera y en la medida de mis posibilidades) para que llegue a distintos puertos que no sean exclusivamente de personas abogadas.

Y así como el problema de los papás de mi compañero en el que arbitrariamente le quitaron su patrimonio, existen a diario diversas injusticias, por ejemplo, injusticias relacionadas con el derecho penal, la justicia agraria, grupos vulnerables, entre otras. Pero, el desconocimiento de las herramientas que el derecho les suministraba para defenderse de ese acto de autoridad no es el único problema. Además, no podían cubrir los honorarios de ningún abogado. ¿Cuántas personas en el país tienen los recursos para pagar por servicios jurídicos? Sin duda alguna, el conocimiento jurídico y el acceso a los servicios legales es elitista.

Sé que algunos pensarán que toda duda y representación causa honorarios, y desde luego que sí. Para eso estudiamos y nos preparamos. No estoy sosteniendo que los abogados regalen su trabajo. Sin embargo, considero que la profesión jurídica también tiene una labor social fundamental. En este mundo tan desigual, ¿cómo le hacemos para que la gente conozca sus derechos más fundamentales y básicos? ¿Cómo logramos una sociedad más igualitaria respecto del conocimiento legal? ¿Cómo le hacemos para que las personas con problemas económicos puedan contar con asesoría y representación jurídica de calidad? No estoy diciendo que la ciudadanía necesita estudiar leyes o leer diariamente libros de derecho, sino que creo firmemente que la tarea y deuda más grande que tiene la abogacía mexicana con la sociedad es la de difundir la cultura jurídica para que las personas conozcan, de alguna u otra forma, lo más elemental respecto de sus derechos. Empezar a difundir el conocimiento del derecho, así como el de procurar representar causas es labor de las universidades, de las barras y colegios de abogados, de las instituciones y de la abogacía en general.

Además, la difusión del derecho debe ser de manera clara y sencilla, pues otro problema radical con el que se encuentra la sociedad es el lenguaje jurídico. Hemos creado, como han dicho otras autoras y autores, un “abogañol” que solo ha logrado distanciar aún más a la sociedad del mundo del derecho, al grado que incluso provoca menosprecio o disgustos. Nos urge aprender a expresarnos de una manera que cualquier persona nos entienda. Si bien el derecho tiene conceptos muy arraigados, considero que (como señaló el profesor Diego López Medina), el “lenguaje jurídico” no es un lenguaje tecnolecto. Creemos que es así por la arcaica educación legal que hemos recibido y se sigue impartiendo. Estamos a buen de tiempo de corregir esta situación y empezar a mejorar nuestra comunicación.

Para que el mundo sea menos desigual, los abogados podemos aportar en la difusión del conocimiento jurídico de manera sencilla y entendible, y hacer que el derecho sea menos elitista.

* Óscar Leonardo Ríos García (@oscar_leonard) es Abogado por la Universidad Marista de Mérida. Maestro en Defensa Administrativa y Fiscal por la Universidad-Mayab. Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Actualmente labora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.