Jorge Avila · 18 de marzo de 2026
En México, pedirle información al gobierno ya no es lo mismo que hace un año. Un derecho de acceso a la informaciónque antes estaba respaldado por una institución autónoma ahora opera dentro de un nuevo conjunto de reglas que aún se están consolidando. En medio de reformas constitucionales y del rediseño del sistema de transparencia, surge una pregunta clave: ¿cómo se puede asegurar una supervisión efectiva del poder público cuando los mecanismos de acceso a la información forman parte de la misma estructura institucional? Esta es una historia que no solo trata de leyes y organismos, sino también de cómo se define, en la práctica, lo que la ciudadanía puede conocer.
En los últimos meses, México ha vivido una transformación profunda en la forma en que la ciudadanía puede vigilar al gobierno y exigir cuentas sobre el uso del dinero público. El derecho de acceso a la información, conquistado tras décadas de presión social, fue una de las herramientas más poderosas contra la opacidad y la corrupción. Su pilar institucional fue, durante años, un organismo autónomo diseñado precisamente para no depender del poder que debía vigilar.
Ese modelo cambió de manera radical a finales de 2024. Con una reforma constitucional, el INAI desapareció y sus funciones pasaron a manos de dependencias del propio gobierno. Esto alteró de fondo la lógica de la transparencia en México: ahora, quien debe entregar información también forma parte del mismo aparato que la administra y decide sobre su publicidad.
La pregunta es inevitable: ¿puede haber vigilancia efectiva sin independencia?
Uno de los efectos más delicados de este nuevo esquema es la pérdida de un piso técnico común. Antes, los criterios y reglas en materia de transparencia eran iguales para todo el país. Hoy, ese marco nacional se ha debilitado, generando incertidumbre sobre cómo se resolverán los conflictos cuando una autoridad niegue información o entregue respuestas incompletas. Al mismo tiempo, los cambios en los mecanismos de defensa han ampliado plazos y eliminado herramientas que antes permitían corregir malas prácticas y fijar criterios uniformes.
Uno de los rasgos centrales del nuevo esquema es que los criterios y reglas en materia de transparencia se encuentran en un proceso de redefinición. Si previamente existía un marco nacional uniforme, hoy se abre una etapa en la que estos estándares deben construirse y consolidarse dentro del nuevo diseño institucional. Este proceso plantea al mismo tiempo el reto y la oportunidad de desarrollar criterios más claros y adecuados para resolver los conflictos que surjan cuando una autoridad niegue información o entregue respuestas incompletas, así como de fortalecer los mecanismos de defensa para que sigan cumpliendo su función de garantizar el derecho de acceso a la información de manera efectiva y coherente en todo el país.
A esto se suma una dimensión poco visible, pero crucial: el dinero. El antiguo sistema tenía costos claros, previsibles y verificables en la Cuenta Pública. En contraste, el nuevo organismo, “Transparencia para el Pueblo”, opera en un entorno presupuestario más opaco. Durante su primer año, la información disponible no permite saber con claridad si realmente es más barato, más eficiente o simplemente más difícil de fiscalizar.
A este proceso de transformación se suma una dimensión clave relacionada con los recursos públicos. El nuevo modelo de transparencia implica la reorganización de estructuras y presupuestos que antes se encontraban claramente identificados en la Cuenta Pública. En esta etapa inicial, la información disponible aún se está integrando y sistematizando, lo que abre la oportunidad de construir esquemas de seguimiento y rendición de cuentas más claros que permitan evaluar con mayor precisión los costos, la eficiencia y el desempeño del nuevo organismo, Transparencia para el Pueblo.
Tampoco la justicia especializada parece haber llegado con la fuerza prometida. Aunque la ley creó juzgados en materia de transparencia, un análisis de los perfiles de quienes los integran muestra que muchos no tienen experiencia previa en estos temas. Provienen, en su mayoría, de otras ramas del derecho, lo que pone en duda que la especializaciónsea hoy algo más que una etiqueta formal.
En paralelo, la creación de juzgados especializados en materia de transparencia representa un paso importante dentro del nuevo diseño institucional. Si bien muchas de las personas juzgadoras provienen de otras áreas del derecho, esta etapa inicial abre la posibilidad de desarrollar y fortalecer capacidades específicas, construir criterios técnicos propios y consolidar una práctica judicial especializada que contribuya de manera efectiva a la protección del derecho de acceso a la información.
Todo esto importa porque la transparencia es una condición básica de la democracia. De ella depende que sepamos cómo se toman las decisiones, cómo se usan los recursos públicos y cómo se eligen y evalúan a quienes imparten justicia.
Para entender mejor qué cambió, cuánto cuesta y qué está en juego, te invito a consultar el informe completo “Transparencia 2.0: Actualizando la confianza”, elaborado por Ariadna Prieto Callejas y Eduardo Cadena Muñoz. En él se analizan con datos y evidencia los impactos reales de esta nueva etapa de la transparencia en México disponible en el siguiente link: https://disentir.org/transparencia-transparencia-2-0-actualizando-la-confianza/