El derecho a manifestarse y el deber de proteger: violencia vs. uso de la fuerza

Las manifestaciones sociales son una realidad histórica que ha sido regulada por el derecho nacional e internacional. La Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas, por lo que los estados y las autoridades deben garantizar su ejercicio dentro de ciertas restricciones, proporcionando protección a quienes pacíficamente quieren expresar sus opiniones, inquietudes y reivindicaciones en espacios públicos.

La responsabilidad de garantizar la seguridad en esos escenarios recae en las autoridades administrativas y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (fuerzas de seguridad, policías y, en ocasiones excepcionales, las Fuerzas Armadas). La anticipación de situaciones, la evaluación de los posibles riesgos y la planificación, son esenciales para el cumplimiento de esa obligación. El diálogo entre autoridades y manifestantes, así como el monitoreo constante de los acontecimientos ayudarán a percibir, detectar y atender circunstancias especiales que puedan hacer cambiar el panorama de las movilizaciones sociales y sacarlas de control.

Una buena comunicación de las autoridades con quienes encabezan u organizan las manifestaciones es fundamental para garantizar los derechos y la seguridad de quienes participan en ellas. Es importante que las Fuerzas de Seguridad conozcan los lugares de tránsito y destino de las movilizaciones, para proporcionar seguridad perimetral y minimizar los riesgos para quienes participan directamente, así como para los transeúntes, los bienes e inclusive para los mismos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Ante cualquier peligro a los derechos de quienes integran las protestas sociales o de quienes están próximos a ellas, derivados de alteraciones a la seguridad y/o el orden público, las Fuerzas de Seguridad cuentan con la facultad de hacer uso de la fuerza, la cual se habilita -entre otros escenarios- ante situaciones de violencia y/o agresiones o amenazas contra personas o bienes, ya sean privados o públicos, durante esos eventos.

Esta facultad está regida por el derecho y estándares internacionalmente reconocidos como los Principios rectores del uso de la fuerza (legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y responsabilidad), que deben ser aplicados en cualquier escenario y situación. Su inobservancia podría derivar en abusos en el uso de la fuerza, detenciones arbitrarias u otras transgresiones a derechos que las autoridades correspondientes tienen la responsabilidad de investigar y, de ser el caso, sancionar.

Por otro lado, las actuaciones de los manifestantes encuentran legitimación ante el ejercicio de sus derechos, bajo la premisa específica de que sean reuniones pacíficas. A nivel nacional, los estados cuentan con disposiciones relacionadas con el respeto de la vida, integridad y bienes de terceros, que deben ser observadas por quienes participan en una protesta, ya que su comportamiento puede tener efectos que impacten en la seguridad y el orden público, por lo que tienen un rol importante en su preservación.

Una protesta pacífica brinda garantías de seguridad a quienes quieren hacer valer sus derechos. El rol de los líderes es fundamental para favorecer que la reacción individual y de grupo se mantenga dentro de límites que eviten la violencia, y para generar canales de comunicación y diálogo con las autoridades.

De manera infortunada, escenarios recientes de manifestaciones muestran episodios caracterizados por la violencia; a la vez que se han alegado acciones excesivas en cuanto al uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Esta realidad, aumenta los riesgos frente a los derechos de protección de la vida, la integridad y la seguridad tanto de los manifestantes, como de los ciudadanos y de la misma policía.

Los abusos en el uso de la fuerza generan violaciones al derecho, que conviene investigar y sancionar. Así mismo, la ley sanciona acciones ilícitas por parte de quienes se manifiestan.

El Comité Internacional de la Cruz Roja, cuya misión primordial es minimizar las consecuencias humanitarias en conflictos armados y en otras situaciones de violencia, recuerda que el cumplimiento de las normas internacionales y nacionales contribuyen a prevenir.

* Ana Luisa Cinta Narváez es oficial del Programa de Fuerzas Armadas y de Seguridad del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Delegación Regional para México y América Central. Juan Carlos Gómez Ramírez es delegado para las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Delegación Regional para México y América Central, y General, retirado, de la Fuerza Aérea Colombiana.