El derecho a la cultura sometido por la austeridad

Históricamente la cultura –como derecho humano y como política– ha quedado relegada en último plano dentro del ecosistema de las prioridades gubernamentales, sobre todo en términos de presupuesto. No importa que sea un derecho reconocido por diversos documentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, o que esta administración la definiera en el Programa Sectorial de Cultura como un factor que contribuirá a la disminución de las desigualdades y la violencia… en México la cultura no está contribuyendo a generar paz e igualdad, pues está sometida a una austeridad hermética que dificulta su acceso y garantía.

El derecho a la cultura necesita financiamiento, necesita recursos para garantizarse. En los últimos años el presupuesto a la Secretaría de Cultura (SC), encargada de llevar a cabo la política cultural del país, ha sufrido recortes para la realización de sus actividades, así como garantizar condiciones laborales dignas para las personas que trabajan en el sector cultural, las cuales han padecido violencia laboral por parte de las instituciones culturales, especialmente desde el inicio de la pandemia por Covid-19.

Para este 2023 la SC recibió 15 mil 925 millones de pesos, apenas un ligero incremento de 0.92% respecto de 2022, pero el Proyecto Integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec agrupa el 23.05% del presupuesto total de la Secretaría. El presupuesto actual de la SC significa un monto 7 veces menor que el presupuesto para la Secretaría de Defensa, 4.2 veces menor que el monto asignado a la Guardia Nacional y 2.6 veces menor que el presupuesto de la Secretaría de Marina.

La austeridad en el presupuesto del sector cultural pone en riesgo la conservación del patrimonio histórico y cultural. La Catedral Metropolitana, por ejemplo, se encuentra en un estado de riesgo debido al hundimiento de la Ciudad de México, 1 mientras que el amplio número de museos en condiciones de abandono no cuentan con recursos para su mantenimiento.

La austeridad también se refleja en los pocos apoyos o estímulos a la cultura que otorga el gobierno, lo que ha provocado que el sector artístico recurra a estímulos fiscales como EFIARTES, una forma de financiar la producción artística a través del sector empresarial.

La austeridad fiscal pone en riesgo la garantía de los derechos humanos. El derecho a la cultura es fundamental no solo para la realización de otros derechos, sino porque tiene una importancia política, social y económica esencial para garantizar la vida digna de las personas y disminuir las desigualdades.

* Paulina Castaño es investigadora en el programa de Justicia Fiscal de @FundarMexico.

1 Revista Proceso número 2413 con fecha del 29 de enero de 2023.