El delito de hacer el bien: el Estado llega tarde, pero llega a castigar

En cualquier ciudad de México basta con caminar unas cuadras para encontrar el mismo cuadro: un vecino, un saco de asfalto en mano, tapando un bache que lleva meses esperando a que el ayuntamiento llegue. Es, probablemente, el gesto cívico más fotografiado y más aplaudido en redes sociales de los últimos años. Y es, también, técnicamente, un delito. El mantenimiento de la infraestructura vial es una función propia del Estado; cuando un particular la asume por su cuenta, sin autorización, se expone —así lo prevén los códigos penales de varias entidades— a que se le finquen responsabilidades por usurpación de funciones. El ciudadano que resuelve lo que la autoridad no resuelve corre el riesgo de convertirse, ante la ley, en el problema.

Ese patrón no es una rareza aislada. En materia ambiental y animal es casi una constante, y tres casos —dos recientes, uno que ya duró casi dos décadas— lo dejan ver con una claridad incómoda. Son, cada uno a su manera, la misma historia:

El primero es negligencia. En Medellín de Bravo, Norma Cortina sostuvo durante años el albergue La Roca con lo que las donaciones le permitían, sin presupuesto público, sin más respaldo que su propia voluntad. Desde marzo de 2024, un vecino bloqueó con alambre de púas el único acceso al predio, impidiéndole entrar con comida y medicamento para los animales que ahí se refugiaban. Ella acudió al Ayuntamiento a pedir ayuda. El municipio citó al vecino tres veces. Las tres veces él no se presentó, y ahí quedó el asunto —muerto—. 

Cuando las condiciones del albergue finalmente se deterioraron, la atención pública se concentró en señalar el resultado, no en preguntar por su causa. El rescate, por cierto, se hizo “en colaboración con el ayuntamiento” —el mismo ayuntamiento cuyo alcalde, según los propios responsables de La Roca, llevaba tiempo tras el terreno donde opera el albergue. “No fue por los animales, fue por el terreno”, acusaron ellos. Nadie prueba la intención, pero la coincidencia no ayuda.

De la negligencia y el abuso a la fabricación de delitos

El segundo es abuso de autoridad. En la Ciudad de México, en medio de un litigio civil por la posesión de 165 hectáreas disputadas entre el Refugio Franciscano y una fundación privada, apareció una denuncia por maltrato animal que el gobierno capitalino usó para desalojar con fuerza pública a cerca de mil animales, adelantándose a un litigio de propiedad todavía sin resolver. Bajo resguardo oficial, los animales siguieron muriendo, y una directora de uno de los refugios gubernamentales a donde fueron trasladados enfrenta ahora su propia denuncia por maltrato. El Estado no rescató a nadie de nada. Cambió de responsable, y el nuevo tampoco lo hizo mejor. La ironía se administra sola.

El tercero ya no es negligencia ni abuso: es fabricación, y es el más doloroso de los tres. Ildefonso Zamora era campesino, indígena tlahuica, y durante 18 años se paró solo frente a las motosierras para defender el Bosque de Agua —120,000 hectáreas que le dan de beber a tres entidades—. Los talamontes le cobraron esa terquedad con lo más caro que existe: le mataron a un hijo, Aldo, de 21 años, en una emboscada donde su otro hijo, Misael, salió con un pulmón perforado pero vivo. Y aun con esa herida abierta, Ildefonso siguió. No se escondió. No calló.

Al Estado, en cambio, no le costó nada quebrarlo. Lo detuvieron sin orden de aprehensión, acusado de un robo que jamás pudo cometer —ese día estaba en Toluca, frente a un notario, con papeles que lo probaban—. Lo encerraron de cualquier forma. Años después, un juez federal miró el expediente y no encontró ni una sola prueba real en su contra: le otorgó el amparo. Debió salir ese mismo día. No salió. Un trámite —los suplentes del juzgado “no estaban facultados” para firmar su libertad mientras los titulares andaban de vacaciones— lo mantuvo tras las rejas semanas más. Mientras Ildefonso esperaba a que alguien, en algún escritorio, se dignara a firmar, la tala en su bosque no se detuvo un solo día. Murió en 2020, en su propia comunidad, sin haber visto un solo talamontes pisar la cárcel que a él sí lo tuvo. Dieciocho años defendiendo un bosque, y el único que probó la prisión fue quien lo defendía.

El Estado aparece para sancionar, nunca para prevenir

Lo que estos tres casos comparten no es la mala fe generalizada de cada funcionario involucrado. Es un diseño institucional que solo sabe hacer una cosa con consistencia: aparecer para sancionar, nunca para prevenir, y a veces para inventar. Un vecino que bloquea un camino durante un año no encuentra más que una citación de trámite. Un albergue que se desborda encuentra toda la fuerza del aparato sancionador. Un hombre que defiende un bosque durante casi dos décadas encuentra una celda. La lógica está invertida: se castiga con más consistencia al que hace algo imperfecto —o al que simplemente incomoda— que al que no hace nada, o al que lucra con la destrucción.

Yo he vivido esa lógica desde los dos lados del mostrador, como inspector y como litigante, y puedo decir con certeza que no se resuelve con más leyes ni con discursos de buena voluntad. Se resuelve el día que una autoridad municipal entienda que ejecutar sus propias citaciones no es opcional, y el día que un Estado entienda que su fuerza no está hecha para intimidar a quien hace lo que a él le tocaba hacer. Mientras eso no pase, seguiremos premiando con indiferencia a quien no hace nada, y con persecución —o con cárcel— a quien, con lo poco que tiene, decide hacer algo.

Todos tenemos una opinión sobre esto. Esta es la mía. Tú tendrás la tuya propia.♦ 

Más sobre este blog