blogeditor · 15 de noviembre de 2020
La lenta pero progresiva construcción y consolidación de instituciones democráticas y la profesionalización de la administración pública en México se encuentran amenazadas por una serie de embates que el gobierno federal ha propiciado en casi dos años de gobierno. A través de la reducción de presupuesto, la colonización de órganos directivos de ramos autónomos y la desaparición y subordinación de instituciones el ejecutivo federal ha emprendido una decisiva campaña con el propósito de desmantelar algunos de los contrapesos democráticos que podrían restringir el poder presidencial y retrasar, a su vez, la consumación del proyecto de la cuarta transformación. Proyecto que, debido a la carencia de resultados sustantivos, todavía no se sabe qué tipo consecuencias positivas y negativas puede tener para el país.
Las críticas que se le han hecho a la democracia mexicana durante los últimos 20 años se centran, principalmente, en la incapacidad que las instituciones políticas del país han tenido para solucionar algunos de los retos más agudos. Claro que muchas veces se pone como ejemplos de estos fracasos a las dificultades de los distintos gobiernos para sacar a grandes franjas de la población de la pobreza, mejorar el estado nutricional de las personas o aumentar la calidad educativa, pendientes por demás relevantes en un país con las características de México. Pero hay una tarea, aún incompleta, que es necesaria para hacer viables las soluciones a problemas como los enunciados antes, construir un Estado de derecho anclado en instituciones fuertes y funcionales.
Es importante remarcar que a pesar de que no todas las instituciones que se han ido creando a lo largo de las últimas dos décadas pueden catalogarse como eficientes, no se puede negar que el desarrollo institucional del país, con todas sus limitaciones y carencias, ha sido un factor clave para la modernización del sistema político y económico mexicanos. De los ejemplos más notorios está la creación de un árbitro electoral independiente como el IFE/INE, instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, otras reguladoras como el IFT y la COFECE, o aquellas que nos permiten tener información confiable como el INEGI y el CONEVAL. Todos estos actores de la realidad política mexicana, han sobrevivido en el tiempo y frente a diversos intentos por capturarlos y dominarlos, pero nunca se habían enfrentado a un presidente con el suficiente poder para someterlos. En dos años, López Obrador ha hecho uso de, al menos, tres tácticas para debilitar ciertos contrapesos del poder ejecutivo: el primero es restar presupuesto a las instituciones que más incomodan, el segundo es colonizar los órganos directivos de los ramos autónomos, y el tercero y más radical, desaparecer instituciones.
Al comparar el proyecto de presupuesto presentado por cada ramo autónomo a la SHCP, con el presupuesto finalmente aprobado por la cámara baja para 2020, se observa que al menos seis ramos autónomos, además del INEGI y el CONEVAL, tuvieron reducciones que, en promedio, equivalen al 5.6% de lo que solicitaron en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF). Es decir, unos 2 mil 855 millones 572 mil 692 pesos. Cabe mencionar que, en 2019, también hubo una reducción equivalente de 11.3% respecto al PPEF de ese año. Entre los órganos más desfavorecidos en 2020 estuvieron el IFT, la FGR, el INE y el INAI, con reducciones del 10.91%, 8.24%, 6.04% y 5.39% respectivamente.
La segunda táctica para el debilitamiento de contrapesos institucionales fue poner a incondicionales en posiciones con capacidades formales para restringir el poder del ejecutivo. En lo que va de este sexenio, se han renovado miembros de órganos de gobierno/ejecutivos en la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en el Banco de México, en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y recientemente en el Instituto Nacional Electoral (INE). Además, se renovaron tres asientos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). De todos los nombramientos, 10 fueron de personas relacionadas con el partido en el poder y, en algunos casos, con el presidente directamente.
En por lo menos 7 de los 27 nombramientos existieron inconformidades por parte de la oposición en lo que al procedimiento constitucional y legal para nombrar a los miembros de dichas instituciones se refiere. Dos de los casos más escandalosos fueron el nombramiento de la titular de la CNDH y el de 4 de los 5 comisionados de la CRE que se han renovado durante la gestión actual. Una de las muestras, o bien de temor o bien de incondicionalidad hacia el presidente, fue la validación de la consulta popular solicitada por el presidente.
No se puede dejar de lado la enorme posibilidad de que, haciendo uso de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el presidente haya apaciguado a más de uno que quisiera hacerse el valiente. Casos hay, como el del exministro Medina Mora que ni explicación dio al renunciar a su asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2019. Pero el presidente no se ha quedado ahí, sino que incluso ha desaparecido instituciones. Quizá el ejemplo emblemático fue la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), como resultado de la nueva reforma educativa en la que la CNTE presionó sistemáticamente para retirar la evaluación docente, a cargo del desaparecido INEE ahora Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU).
El siguiente año representa una oportunidad para que la sociedad civil pueda aportar ideas, estrategias y lecciones aprendidas a los partidos políticos y sacarlos del encierro en el que se encuentran debido a sus temores producto de sus malos gobiernos, y todo esto bajo un escenario de instituciones políticas debilitadas por el asedio presidencial y sin instituciones que brinden certidumbre sobre el cumplimiento de la ley.
* Signos Vitales (@vitales_signos) es una asociación civil, apartidista, sin fines de lucro, cuya tarea es reportar el estado que guarda el país, alertar sobre problemas inminentes, y divulgar periódicamente a nivel nacional e internacional información fidedigna y oportuna.