Centro de Análisis de Políticas Públicas · 17 de marzo de 2011
Por: Eréndira Avendaño, investigadora de México Evalúa
Nuevamente se abrió el debate en torno a la reforma fiscal que requiere el país para obtener los recursos que se necesitan para financiar las estrategias de política pública. No han sido pocas las críticas que ha recibido la propuesta de reforma del grupo parlamentario del PRI en el Senado, calificándola de incompleta, inadecuada y parcial. El ejectivo federal fijó ya su posición al respecto, en la cual se considera que dicha propuesta vulnera la estabilidad de las finanzas del país. Se argumenta que la iniciativa disminuye los ingresos públicos en 220 mil millones de pesos, afectando los ingresos de los tres niveles de gobierno. Esta cifra corresponde al 45% del gasto en educación o el 60% del gasto en salud en un año. Por otra parte, se considera que esta propuesta fomenta la evasión y elusión fiscal ya que no plantea mecanismos claros de control.
A pesar de esta crítica, resulta interesante lo atractivo que resultó la propuesta para una parte del sector privado. Siempre es atractivo que bajen los impuestos. No obstante, en el debate público no se observan argumentos, cifras o ejemplos contundentes que permitan valorar de forma más objetiva la propuesta. En el mismo sentido, no hay una oferta alternativa de propuestas formales, por parte de los actores relevantes, que incorporen elementos que adicionen, fortalezcan o bien, reformulen la iniciativa de reforma fiscal. Análistas y especialistas en el tema han puesto en la agenda pública la necesidad de revisar el arreglo fiscal a la luz de la distribución de facultades de cobro entre órdenes de gobierno, esto vinculado también con los mecanismos de asignación, ejercicio y control del gasto. Se considera también revisar la progresividad de las tasas impositivas en los deciles más altos de ingresos de la población, de lo cual hay un avance en la propuesta de la fracción priísta del Senado. Sin duda, existe una variedad de mecanismos y alternativas para poder arribar a una reforma fiscal; sin embargo, en el fondo lo que implica un nuevo pacto fiscal es la redefinición de un acuerdo distributivo, en el que distintos intereses y fuerzas políticas no han podido ponerse de acuerdo.
En virtud de lo anterior, se recomienda que en la formulación de la política fiscal se considere como requisitos mínimos: (1) la disminución de dependencia de las fuentes de ingresos fiscales extraordinarios mediante el aumento de un mayor número de contribuyentes que permitirá fortalecer las fuentes de ingresos ordinarios; (2) una propuesta de simplificación del pago de contribuciones que incentive la inversión productiva y la competitividad del país; (3) la eliminación de exenciones y regímenes especiales -que representan un gasto fiscal de 4 puntos porcentuales del PIB para la hacienda pública- y (4) que confluya en el diseño de un nuevo arreglo federal. A pesar de la complejidad que entraña, es importante construir una propuesta con la mayor apertura e incorporación de puntos de vista alternativos y de más actores, sin demérito de los aspectos técnicos que conlleva una propuesta de este tipo. Este si sería un verdadero ejercicio de democracia y participación con una visión integral y no una mera respuesta coyuntural y parcial a un problema estructural.
Miscelánea
El día 15 de marzo el gobierno federal, a través de la SHCP, debió reportar a la Cámara de Diputados los resultados del Programa Nacional de Reducción de Gasto Público, para el ejercicio fiscal 2010. Hasta el momento no hay información al respecto.