El debate sobre el financiamiento educativo en México

Por:  Mariana García, investigadora.

La medida anunciada por Felipe Calderón de hacer deducible el pago de colegiaturas en instituciones privadas ha sido arduamente debatida y criticada en los últimos días. Sin duda, la iniciativa favorece a aquellas personas que tienen la posibilidad de pagar una colegiatura para que sus hijos asistan a una escuela privada. Pero la medida puede ser vista con dos lentes.

El argumento en contra se centra principalmente en la equidad y apunta que la medida no sólo incrementa la brecha existente entre la educación pública y privada, sino aún más genera ineficiencias recaudatorias al Estado en términos de “gastos fiscales”, donde quienes terminaremos pagando la diferencia entre lo cobrado y lo pagado en el sistema privado seremos los propios contribuyentes.

En favor de la medida se argumenta que genera incentivos fiscales muy claros para que las escuelas privadas formalicen su situación ante Hacienda y para que los padres de familia se mantengan al corriente en sus impuestos, pues sólo aquellos que cumplan con esta condición podrán acceder a dicho beneficio fiscal. Por otro lado, se dice que si la medida propicia la migración de personas del sistema público al privado, se podrían liberar recursos para la educación pública los cuales resultan muy necesarios en el contexto actual.

El argumento de un subsidio que reduce la recaudación del Estado me parece el más cuestionable. Pero, si justamente la medida contribuye a formalizar al creciente número de escuelas privadas que surgen cada año y se fomenta el cumplimiento fiscal de los contribuyentes que deseen ser acreedores al subsidio escolar, podríamos estar avanzando en la ruta correcta hacia una reforma fiscal de mayor calado que amplíe la base gravable.

Además, si México se está convirtiendo verdaderamente en un país clasemediero, entonces es de celebrar una iniciativa que permita empoderar a las familias que tienen ese status, pues la educación es, sin lugar a dudas, el instrumento más poderoso de movilidad social por su extraordinario potencial transformador. Y si el estado no está cumpliendo con la obligación constitucional de otorgar educación pública de calidad a los mexicanos, entonces me parece encomiable una medida que compense a aquellas familias que deciden recurrir a la educación privada como medio para instruir a sus hijos.

Un estudio elaborado recientemente por México Evalúa analiza la eficiencia del financiamiento educativo en México y evidencia que precisamente son las familias con mayores ingresos las que más invierten en educación privada. Sin embargo, una de las conclusiones más devastadoras y probablemente la más trascendente es que: la educación pública no sólo no genera resultados favorables en términos de aprovechamiento escolar de los alumnos (las pruebas Enlace y PISA proporcionan evidencia contundente sobre ello), aún más, son las familias más pobres las que deben subsanar las deficiencias financieras de la educación pública.

El documento de México Evalúa analiza la Encuesta Ingreso Gasto de los Hogares 2008, para llegar a la conclusión de que en las condiciones sociales y económicas más precarias, cuando las escuelas no pueden financiar sus necesidades más apremiantes acuden a las familias para financiar esos gastos. Los “gastos escolares imprevistos”, generalmente dirigidos a infraestructura física de las escuelas, son sumamente regresivos y caros. Regresivos porque son las familias de menores ingresos las que más gastan en imprevistos escolares. Caros porque precisamente su carácter de imprevistos implica que las familias más pobres no pueden planearlo y se ven probablemente forzadas a desplazar otras necesidades básicas del hogar.

El debate entonces no está necesariamente en la equidad de la medida, porque la educación privada no es per se mejor que la pública. La discusión debería centrarse en la calidad de la educación pública en México y las consecuencias de un gasto deficiente en la materia.

Antes de pensar en la posibilidad de liberar más recursos a la educación pública (siendo ya el país de la OCDE que más gasta en el rubro), es necesario debatir sobre la eficiencia del gasto educativo: invertir casi 90% del presupuesto federal en gasto corriente, es un dato que nos debe alentar a poner el dedo en la llaga. Y esa llaga se llama: Elba Esther Gordillo y su Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Mientras en este país no estemos dispuestos a lidiar con los enclaves autoritarios, seguiremos condenando a futuras generaciones al rezago educativo y por ende al subdesarrollo económico.