El debate de Mondragón sobre el cannabis en México

En una entrevista publicada por un diario de circulación nacional, el nuevo comisionado contra las adicciones en México, Manuel Mondragón y Kalb, expresó su opinión sobre la reforma de la política de drogas, particularmente en lo que refiere al cannabis. De la entrevista, recuperamos 5 argumentos del comisionado que vale la pena revisar más a fondo:

1. “Legalizar la mariguana tendría serias implicaciones”

Uno de los principales retos al enfrentar cualquier fenómeno complejo y multifactorial como el del uso de drogas es lograr transmitir con claridad y contundencia la lógica detrás de la política pública planteada en respuesta. Aunque históricamente el debate de la mariguana se ha pensado como uno de respuestas binarias (“¿A favor o en contra de la legalización?”), México se merece hoy un diálogo de altura que entienda que ‘legalizar’ no es más que un proceso jurídico que NO implica un modelo de política pública.

Quienes estudian y promueven una reforma a la política de drogas varían en el espectro ideológico. De hecho, incluso aquellos lugares que han avanzado a la regulación legal del cannabis con fines recreacionales plantean modelos distintos de reglamentación. En México, muchas personas tienen miedo a la “legalización” porque han asociado el significado del término con el de “liberalización”. En este sentido, la sobre-simplificación con términos vacíos de características específicas para la legislación o la gestión pública no son útiles en el debate público.

1. “Quien consume drogas tiene enorme proclividad al delito”

Las hipótesis que plantean una correlación (o incluso una causalidad) entre el uso de drogas y la comisión de otros delitos han permeado en la opinión pública dada la ambigüedad de los planteamientos. Si bien comparados con la población general, los delincuentes reportan altas tasas de consumo de drogas y quienes usan drogas se encuentran con más frecuencia en conflicto con la ley, la relación entre las drogas y la delincuencia no es simple ni lineal. Tampoco es universal.

En cualquier caso, los tomadores de decisión deben dejar de dar por hecho que existe una conexión entre el uso de drogas y la criminalidad, máxime si el objetivo es el de responder con efectividad a “la demanda”, y las necesidades de salud de las personas con un problema de adicción. Catalogar a las personas que usan drogas como criminales es, sin duda, el enfoque equivocado para la oficina encargada de velar por un acercamiento de salud pública al fenómeno de las drogas.

1. La “juventud pude ser proclive al uso de [drogas] porque están en el mercado”

La prohibición de las drogas como respuesta a la realidad del mercado ha probado ser altamente ineficaz en restringir el acceso de las juventudes a las drogas ilegales. Las cifras que el comisionado cita con respecto a la reducción de la edad de primer uso y el aumento del abuso son prueba misma de ello. Por el contrario, regular un mercado significa establecer controles sobre el mismo, no aumentar su disponibilidad.

[contextly_sidebar id=”Q6AJm7dczGp0J3wEuN0MvyCdiUtHQAYN”]La prohibición e ilegalidad de las drogas ha maximizado los daños asociados al uso de drogas al promover que los más jóvenes consuman productos riesgosos en ambientes peligrosos. Obviamente debemos hacer todo lo posible para prevenir el uso de drogas, particularmente entre los más jóvenes. Sin embargo, cuando un menor de edad accede a una droga legal a la que no debería acceder, al menos se encuentran más protegidos dados los controles de calidad, dosis e información de empaque que un producto legal conlleva –como sucede el día de hoy con las drogas farmacéuticas.

1. “Todas las sustancias adictivas producen daños severos”

Las drogas se deben regular precisamente porque son peligrosas, no porque sean seguras. La política actual de drogas ha llevado a nuestro país al borde de un desastre de salud publica. Al dejar sustancias potencialmente nocivas en manos de criminales organizados, y criminalizar y marginar a las personas que usan drogas, la prohibición maximiza los riesgos de salud asociados con el consumo. Por el contrario, la regulación legal protege la salud al permitir al gobierno controlar la disponibilidad y garantizar que las drogas sean de potencia y pureza conocida.

La amenaza de criminalización bajo la política actual da como resultado que quienes usan drogas sean reacios a buscar atención médica cuando la necesitan. A menudo, los médicos son incapaces de proporcionar tratamiento de emergencia apropiado, porque sus pacientes no pueden saber lo que había en la sustancia que tomaron. Quizás para la preocupación del comisionado, la prohibición ha reducido los presupuestos para las intervenciones de salud como la prevención, la reducción de daños y el tratamiento que su oficina busca promover.

1. “[L]a mariguana no es virtuosa para la salud, no es como el alcohol”

El alcohol es tanto o más peligroso que el cannabis. Sin embargo, cuando el comisionado se refiere a los estudios sobre el uso medicinal de la planta y compara sus resultados con otros medicamentos “de curso conocido”, acepta de facto que existen usos médicos para la planta.

De hecho, como médico, el comisionado sabe que el cuerpo humano produce cannabinoides de manera natural. Es por ello que una nueva ola de estudios médicos entienden a muchas enfermedades como una falta de nuestro sistema endocannabinoide. Cuando la producción interna falla, o no es suficiente, es legítimo administrarlo desde el exterior, tal como hacemos con la insulina de puerco para los diabéticos.

Finalmente, hay que reconocer la apertura del comisionado Mondragón a un debate informado. “Yo quiero que las personas que hablan de la legalización me digan lo que significaría la reglamentación y cómo la van aplicar”, dice en su entrevista. Diversos expresidentes y figuras públicas recientemente publicaron una serie de recomendaciones legales al respecto. De igual forma, México Unido Contra la Delincuencia publicó una propuesta concreta para la regulación legal del cannabis.

No está de más recordar al comisionado las experiencias de los Países Bajos, de Portugal, de Suiza, de Uruguay, de Colorado y de Washington como algunos ejemplos de alternativas viables a la política actual. Después de todo, su papel como comisionado es asegurarse que los objetivos de la política de drogas en México se basen en la ciencia y la eficiencia, no en la moralidad y los prejuicios.

 

* Aram Barra (@AramBarra) es cofundador de Espolea, Oficial del Programa de Drogas de México Unido Contra la Delincuencia y estudiante de política pública en la escuela de servicio público Robert F. Wagner de New York University.